Tras una larga tramitaci\u00f3n, el texto final de esta Ley fue publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado del pasado 2 de diciembre. En su Pre\u00e1mbulo, el legislador enfatiza la importancia del buen gobierno corporativo como factor esencial para la generaci\u00f3n de valor, la mejora de la eficacia econ\u00f3mica y tambi\u00e9n para fortalecer la confianza del inversor. Adem\u00e1s se hace referencia a los avances que se han producido en esta materia en Espa\u00f1a durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Como se explica en el Pre\u00e1mbulo, el objetivo de esta Ley es doble: por un lado las medidas que introduce aspiran fortalecer el papel de la junta general de socios, as\u00ed como fomentar la participaci\u00f3n de los socios en la empresa. Por otro lado, el legislador reconoce la importancia de contar con un consejo de administraci\u00f3n bien gestionado. A tales efectos, se regulan ciertos aspectos de creciente importancia en el funcionamiento del \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n
En esta edici\u00f3n especial de nuestro bolet\u00edn CAPSULAS resaltaremos las modificaciones m\u00e1s relevantes de la Ley 31\/2014, concentr\u00e1ndonos en aquellas medidas que afectan a empresas no cotizadas.<\/p>\n
Cuestiones reservadas a la junta<\/strong><\/p>\n La Ley 31\/2014 ampl\u00eda la lista de materias que requieren la aprobaci\u00f3n de la junta general. En el futuro, se incluyen en estas materias la adquisici\u00f3n, enajenaci\u00f3n o la aportaci\u00f3n a otra sociedad de activos esenciales. Un activo se presume esencial cuando el importe de la operaci\u00f3n supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuran en el \u00faltimo balance aprobado.<\/p>\n La posibilidad de que la junta general d\u00e9 instrucciones sobre asuntos de gesti\u00f3n, que ya exist\u00eda para las sociedades de responsabilidad limitada, es una facultad que se extiende a la junta general de las sociedades an\u00f3nimas. Los estatutos de ambos tipos de sociedades pueden limitar dicha facultad.<\/p>\n Conflicto de intereses en la junta<\/strong><\/p>\n Se modifica el r\u00e9gimen sobre conflictos de intereses, y la regla general que proh\u00edbe al socio votar en los casos m\u00e1s delicados de conflicto de inter\u00e9s, que se enumeran en la Ley, se extiende a las sociedades an\u00f3nimas. Adem\u00e1s, de ahora en adelante, se presume que los intereses de la sociedad han sido violados en caso de que un acuerdo haya sido adoptado con el voto decisivo del socio incurso en conflicto de inter\u00e9s. Si dicho acuerdo es impugnado, la sociedad o los socios afectados por el conflicto tendr\u00e1n la carga de probar que el acuerdo no atenta contra los intereses de la sociedad.<\/p>\n Adopci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de acuerdos sociales<\/strong><\/p>\n Se introduce en la ley la obligatoriedad de someter a votaci\u00f3n separada aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, aun cuando puedan ser incluidos en un mismo punto del orden el d\u00eda de la junta general. Algunos ejemplos de los asuntos que deben ser votados separadamente son la reelecci\u00f3n o separaci\u00f3n de cualquier administrador, la modificaci\u00f3n de cualquier art\u00edculo de los estatutos que tenga autonom\u00eda propia, o aquellos asuntos para los cuales los estatutos hayan dispuesto tal obligaci\u00f3n.<\/p>\n En relaci\u00f3n con la adopci\u00f3n de acuerdos por la junta general de las sociedades an\u00f3nimas, se ha aclarado que dichos acuerdos ser\u00e1n v\u00e1lidos si son aprobados por mayor\u00eda simple de votos de los socios presentes o representados en la junta, esto es, cuando haya m\u00e1s votos a favor que en contra. Esta cuesti\u00f3n no estaba completamente clara en el redactado anterior de la Ley de Sociedades Capital.<\/p>\n La regulaci\u00f3n en materia de impugnaci\u00f3n de acuerdos sociales tambi\u00e9n ha sido revisada, sobre la base de un equilibrio entre la eficiencia del negocio, la protecci\u00f3n de los socios minoritarios y la seguridad del tr\u00e1fico jur\u00eddico. Como resultado, no podr\u00e1n impugnarse los acuerdos sociales por causa de infracciones menores de determinados requisitos procedimentales.<\/p>\n Adem\u00e1s, la nueva ley introduce un r\u00e9gimen general de anulaci\u00f3n de acuerdos sociales que simplifica el procedimiento existente. Las acciones de anulaci\u00f3n caducan una vez transcurrido un a\u00f1o, con excepci\u00f3n de las acciones contra los acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden p\u00fablico, en cuyo caso la acci\u00f3n no caducar\u00e1 ni prescribir\u00e1.<\/p>\n Finalmente, en relaci\u00f3n con la impugnaci\u00f3n de acuerdos que vayan en detrimento del inter\u00e9s social, debemos resaltar que tal concepto de inter\u00e9s social ha sido ampliado. Desde ahora, se considerar\u00e1 lesionado el inter\u00e9s social cuando el acuerdo social sea impuesto de forma abusiva por la mayor\u00eda de los socios.<\/p>\n Deberes de los administradores<\/strong><\/p>\n La redacci\u00f3n actual de la Ley de Sociedades Capital inclu\u00eda ya ciertas disposiciones espec\u00edficas sobre el deber de diligencia, deber de lealtad, y sobre el conflicto de intereses de los administradores de la sociedad. La Ley 31\/2014 refuerza todas estas disposiciones.<\/p>\n En cuanto al deber de diligencia, el nuevo redactado de la Ley contiene una descripci\u00f3n m\u00e1s precisa de qu\u00e9 es lo que comprende dicho deber, en atenci\u00f3n a la naturaleza del cargo ejercido por cada administrador y a las funciones atribuidas a cada uno de ellos. En este sentido, podemos resaltar que los administradores deben tener un nivel adecuado de dedicaci\u00f3n y deben adoptar aquellas medidas que sean necesarias para el buen gobierno y control de la sociedad.<\/p>\n En la esfera de las decisiones estrat\u00e9gicas de negocio que sean adoptadas por los administradores, se protege la discrecionalidad empresarial. En este sentido, el deber de diligencia se considera cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interferencias de sus intereses personales, sobre la base de informaci\u00f3n suficiente y de acuerdo con un procedimiento decisi\u00f3n adecuado. No se entender\u00e1n incluidas dentro del \u00e1mbito de discrecionalidad empresarial aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas.<\/p>\n El consejo de administraci\u00f3n debe reunirse como m\u00ednimo cada trimestre<\/strong><\/p>\n La nueva ley pone especial \u00e9nfasis en la importancia de la participaci\u00f3n directa de los administradores en la gesti\u00f3n diaria de la sociedad y en la implicaci\u00f3n continua de los administradores en los asuntos sociales. La obligaci\u00f3n de que el consejo de administraci\u00f3n se re\u00fana al menos una vez al trimestre es el resultado de haber reforzado estos requisitos de implicaci\u00f3n. A pesar de que la ley no lo establece expresamente, estas reuniones pueden realizarse mediante procedimientos de comunicaci\u00f3n a distancia siempre que cada uno de los miembros del consejo de administraci\u00f3n que participe en la reuni\u00f3n pueda o\u00edr y dirigirse a todos los miembros participantes simult\u00e1neamente.<\/p>\n Deber de lealtad<\/strong><\/p>\n En cuanto al deber de lealtad, su contenido se describe con mayor detalle y se establece un procedimiento espec\u00edfico a seguir en caso de conflicto de intereses. El cumplimiento del deber de lealtad se hace imperativo, y los estatutos de la sociedad no pueden limitarlo ni excluirlo. En caso de que un administrador infrinja su deber de lealtad, dicho administrador estar\u00e1 obligado a indemnizar los da\u00f1os causados a la sociedad, y adem\u00e1s deber\u00e1 devolver a la sociedad cualquier enriquecimiento injusto que haya obtenido.<\/p>\n Responsabilidad de los administradores<\/strong><\/p>\n En materia de responsabilidad de los administradores, se establece que los administradores ser\u00e1n responsables frente a la sociedad, a sus socios y a sus acreedores, por cualquier da\u00f1o causado por sus actos u omisiones que sean contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados en incumplimiento de los deberes que son inherentes al ejercicio de su cargo. Para que opere dicha responsabilidad, el administrador debe haber actuado con dolo o culpa, lo cual se presumir\u00e1 que existe, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.<\/p>\n En caso de no haber delegaci\u00f3n permanente de las facultades del consejo de administraci\u00f3n, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidades de los administradores aplicar\u00e1n a la persona que, independientemente de su denominaci\u00f3n, tenga atribuidas las facultadas de m\u00e1s alta direcci\u00f3n de la sociedad, sin perjuicio de las acciones que la sociedad pueda ejercer contra dicha persona en base a la relaci\u00f3n legal que le vincule con la sociedad.<\/p>\n Remuneraci\u00f3n de los administradores<\/strong><\/p>\n En lo que se refiere a la remuneraci\u00f3n de los administradores, la regla general contin\u00faa siendo que el cargo de administrador de las sociedades no cotizadas no es remunerado, salvo que los estatutos de la sociedad establezcan lo contrario determinando un sistema de remuneraci\u00f3n. Ese sistema, en caso de existir, determinar\u00e1 el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en virtud de su cargo.<\/p>\n El importe m\u00e1ximo de remuneraci\u00f3n anual de todos los administradores, en su condici\u00f3n de tales, debe ser aprobado por la junta general y se mantendr\u00e1 vigente en tanto no se apruebe su modificaci\u00f3n. Salvo que la junta general decida lo contrario, la distribuci\u00f3n del importe entre cada uno de los administradores ser\u00e1 decidida por \u00e9stos. Si los administradores funcionan como consejo, entonces el consejo de administraci\u00f3n ser\u00e1 el encargado de tomar tal decisi\u00f3n. La distribuci\u00f3n ser\u00e1 hecha sobre la base de las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de los miembros del consejo.<\/p>\n En todo caso, la Ley establece que la remuneraci\u00f3n de los administradores deber\u00e1 guardar una proporci\u00f3n razonable con la importancia de la sociedad, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica que tuviera en cada momento y los est\u00e1ndares de mercado de empresas comparables. Adem\u00e1s, el sistema de remuneraci\u00f3n establecido deber\u00e1 estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar que los administradores sean incentivados a asumir riesgos excesivos, o que puedan ser recompensados por resultados desfavorables.<\/p>\n Delegaci\u00f3n permanente de las facultades del consejo de administraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n En relaci\u00f3n con las facultades que el consejo de administraci\u00f3n puede delegar en uno o m\u00e1s consejeros delegados o en la comisi\u00f3n ejecutiva, la Ley 31\/2014 lista una serie de decisiones que no pueden ser objeto de tal delegaci\u00f3n por considerar que se corresponden con el n\u00facleo esencial de la gesti\u00f3n y supervisi\u00f3n que debe ejercer el consejo.<\/p>\n A t\u00edtulo de ejemplo, podemos citar la supervisi\u00f3n del efectivo funcionamiento de las comisiones que se hubieran constituido o la de los \u00f3rganos delegados, la determinaci\u00f3n de las pol\u00edticas y estrategias generales de la sociedad, el nombramiento o destituci\u00f3n de los consejeros que dependen directamente del consejo de administraci\u00f3n o de alguno de sus miembros, y el establecimiento de las condiciones b\u00e1sicas de sus contratos, incluyendo su retribuci\u00f3n.<\/p>\n Adem\u00e1s, se establece que cuando un miembro del consejo de administraci\u00f3n sea nombrado consejero delegado, o se le otorguen funciones ejecutivas, la sociedad y dicho miembro deben suscribir un contrato escrito que ser\u00e1 incorporado como anexo al acta de la sesi\u00f3n en la que tal nombramiento sea formalizado.<\/p>\n En dicho contrato se detallar\u00e1n todos los conceptos por los que el consejero delegado pueda obtener una retribuci\u00f3n por el desempe\u00f1o de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnizaci\u00f3n por cese anticipado en dichas funciones, y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribuci\u00f3n a sistemas de ahorro.<\/p>\n No se podr\u00e1n efectuar pagos al consejero por el desempe\u00f1o de funciones ejecutivas en caso de que las cantidades o conceptos no est\u00e9n previstos en ese contrato, el cual deber\u00e1 ser conforme con la pol\u00edtica de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.<\/p>\n El contrato deber\u00e1 estar previamente aprobado por el consejo de administraci\u00f3n, con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. El miembro del consejo que est\u00e9 afectado por tal nombramiento deber\u00e1 abstenerse de asistir a la deliberaci\u00f3n y de participar en la votaci\u00f3n que se lleve a cabo en la sesi\u00f3n en la que el contrato sea discutido.<\/p>\n Informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/p>\n Finalmente, la disposici\u00f3n adicional segunda de la Ley 31\/2014 introduce la obligaci\u00f3n de las sociedades que no sean cotizadas y que no presenten cuentas anuales abreviadas, de publicar el periodo medio de pago a proveedores en su p\u00e1gina web. Tales sociedades ya estaban sometidas a la obligaci\u00f3n de incluir esta informaci\u00f3n en sus cuentas anuales; la novedad est\u00e1 en que la publicaci\u00f3n debe realizarse tambi\u00e9n en su p\u00e1gina web.<\/p>\n Entrada en vigor<\/strong><\/p>\n La ley 31\/2014 entra en vigor el 24 de diciembre de 2014. Las modificaciones que afectan a las sociedades no cotizadas y las relativas a la remuneraci\u00f3n de los administradores, entran en vigor el 1 de enero de 2015, y las decisiones de la junta general que correspondan deben ser adoptadas en la primera junta general que se celebre con posterioridad a tal fecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tras una larga tramitaci\u00f3n, el texto final de esta Ley fue publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado del pasado 2 de diciembre. En su Pre\u00e1mbulo, el legislador enfatiza la importancia del buen gobierno corporativo como factor esencial para la generaci\u00f3n de valor, la mejora de la eficacia econ\u00f3mica y tambi\u00e9n para fortalecer la confianza… <\/p>\n