El pr\u00f3ximo d\u00eda 2 de octubre entra en vigor la Ley 39\/2015, reguladora del procedimiento administrativo com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC). Esta Ley deroga diversas leyes y reglamentos. Entre ellas, la m\u00e1s conocida es la Ley 30\/1992, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan. El legislador, en esta ocasi\u00f3n, ha optado por desmembrar las disposiciones de la Ley 30\/1992 en dos leyes: la 39\/2015, cuyas novedades m\u00e1s importantes trataremos a continuaci\u00f3n, y la Ley 40\/2015, reguladora del R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (LRJSP), a la cual nos referiremos en una pr\u00f3xima ocasi\u00f3n.<\/p>\n
La LPAC hereda en lo sustancial el r\u00e9gimen que hasta ahora se conten\u00eda en la Ley 30\/1992. No obstante, tambi\u00e9n incorpora importantes novedades en consonancia con las exigencias que la sociedad de nuestro tiempo viene demandando.<\/p>\n
Tramitaci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil<\/strong><\/p>\n La nueva Ley introduce la posibilidad de una tramitaci\u00f3n simplificada del procedimiento administrativo com\u00fan cuando razones de inter\u00e9s p\u00fablico o la falta de complejidad del procedimiento lo aconsejen. Dicho procedimiento simplificado puede ser acordado de oficio o a instancia de parte y, en caso de aplicarse, la resoluci\u00f3n deber\u00e1 dictarse en el plazo m\u00e1ximo de treinta d\u00edas.<\/p>\n Se establecen tambi\u00e9n diversas novedades en cuanto a plazos.<\/p>\n En primer lugar, los s\u00e1bados dejan de considerarse h\u00e1biles a efectos del c\u00f3mputo de plazos por d\u00edas (al igual que ya sucede con los plazos judiciales). Adem\u00e1s, se introduce el c\u00f3mputo de plazos por horas, y se establece que ser\u00e1n h\u00e1biles todas las horas de un d\u00eda h\u00e1bil, y que en este caso los plazos se contar\u00e1n de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n del acto de que se trate.<\/p>\n Por otra parte, el plazo m\u00e1ximo para resolver un procedimiento podr\u00e1 suspenderse en algunos supuestos que hasta ahora no se contemplaban: cuando exista un procedimiento no finalizado en el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea que condicione el contenido de la resoluci\u00f3n del procedimiento en cuesti\u00f3n, o cuando deba obtenerse un previo pronunciamiento por parte de un \u00f3rgano judicial.<\/p>\n Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el silencio administrativo, se introduce la obligaci\u00f3n de que la Administraci\u00f3n expida de oficio el certificado acreditativo del silencio, en los 15 d\u00edas siguientes al d\u00eda en que haya expirado el plazo para resolver. Hasta ahora la Administraci\u00f3n s\u00f3lo emit\u00eda dicho certificado si el interesado as\u00ed se lo solicitaba.<\/p>\n Uso de medios electr\u00f3nicos<\/strong><\/p>\n La nueva Ley generaliza el uso de medios electr\u00f3nicos, tanto entre las Administraciones P\u00fablicas como entre \u00e9stas y los ciudadanos. En cuanto a los ciudadanos, se les reconoce su derecho a elegir el canal por el que se relacionan con la Administraci\u00f3n (electr\u00f3nico o no).<\/p>\n Sin embargo, la Ley obliga a usar necesariamente medios electr\u00f3nicos cuando quienes intervengan sean personas jur\u00eddicas; personas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiaci\u00f3n obligatoria, o quienes representen a un obligado a usar medios electr\u00f3nicos. Las Administraciones podr\u00e1n extender la obligaci\u00f3n de usar medios electr\u00f3nicos a otros colectivos.<\/p>\n La notificaci\u00f3n se practicar\u00e1 preferentemente por medios electr\u00f3nicos. Se entender\u00e1 practicada transcurridos 10 d\u00edas naturales desde su puesta a disposici\u00f3n aun cuando no se acceda a su contenido.<\/p>\n A fin de permitir su adecuada implementaci\u00f3n, estas disposiciones sobre medios electr\u00f3nicos no entrar\u00e1n en vigor hasta el 2 de octubre de 2018.<\/p>\n Procedimiento sancionador<\/strong><\/p>\n Como novedad m\u00e1s relevante, se incorpora con car\u00e1cter general el denominado procedimiento de clemencia, para los casos en que el denunciante haya participado en la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n y existan otros infractores. Su aplicaci\u00f3n obliga al \u00f3rgano competente para resolver el procedimiento a eximir de sanci\u00f3n al denunciante cuando se den todos los siguientes requisitos: (i) que el denunciante sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracci\u00f3n; (ii) que en el momento de aportar tales pruebas no se disponga ya de elementos suficientes para abrir un expediente sancionador; (iii) que el denunciante repare el perjuicio causado; y (iv) que cese en la participaci\u00f3n de la infracci\u00f3n y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. Si no concurren todas las condiciones anteriores pero el denunciante facilita elementos de prueba que aporten un \u201cvalor a\u00f1adido significativo\u201d respecto de aquellos de los que disponga la Administraci\u00f3n, \u00e9sta deber\u00e1 reducir el importe de la sanci\u00f3n. Para ello ser\u00e1 preciso, no obstante, que el denunciante haya cesado en en la infracci\u00f3n y no haya destruido pruebas relacionadas con el objeto de la denuncia.<\/p>\n Tambi\u00e9n aqu\u00ed se prev\u00e9 la posibilidad de tramitar un procedimiento simplificado cuando el \u00f3rgano instructor considere que la sanci\u00f3n a imponer ser\u00e1 leve. Asimismo, se incorpora la previsi\u00f3n de que la presentaci\u00f3n de una denuncia no confiere, por s\u00ed sola, la condici\u00f3n de interesado en el procedimiento.<\/p>\n Mayor participaci\u00f3n ciudadana<\/strong><\/p>\n La nueva Ley habilita dos cauces de participaci\u00f3n de los ciudadanos en la elaboraci\u00f3n de leyes y reglamentos. En primer lugar, con car\u00e1cter previo a dicha elaboraci\u00f3n, prev\u00e9 un tr\u00e1mite de consulta p\u00fablica, a trav\u00e9s del portal web de la Administraci\u00f3n competente, en el cual se recabar\u00e1 su opini\u00f3n acerca de los problemas a solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobaci\u00f3n, los objetivos de la norma y posibles soluciones alternativas. Posteriormente, una vez se disponga del borrador de la norma, deber\u00e1 igualmente publicarse en dicho portal web, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos o entidades afectadas por la misma. No obstante, tambi\u00e9n se prev\u00e9 que estos tr\u00e1mites puedan omitirse en determinados casos, entre otros cuando concurran \u201crazones graves de inter\u00e9s p\u00fablico que lo justifiquen\u201d.<\/p>\n Las Administraciones P\u00fablicas deber\u00e1n evaluar peri\u00f3dicamente si las normas en vigor cumplen los objetivos que motivaron su aprobaci\u00f3n, y si era correcta la cuantificaci\u00f3n de los costes y cargas asociadas a cada norma. El resultado de esta evaluaci\u00f3n se deber\u00e1 plasmar en un informe que se har\u00e1 p\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pr\u00f3ximo d\u00eda 2 de octubre entra en vigor la Ley 39\/2015, reguladora del procedimiento administrativo com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC). Esta Ley deroga diversas leyes y reglamentos. Entre ellas, la m\u00e1s conocida es la Ley 30\/1992, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan. 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