Este mes de octubre entrar\u00e1n en vigor la Ley 39\/2015, reguladora del procedimiento administrativo com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC) y la Ley 40\/2015, reguladora del R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (LRJSP). Dichas leyes derogan diversas normas de rango legal, la m\u00e1s conocida de ellas la Ley 30\/1992, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan. Tambi\u00e9n derogan un buen n\u00famero de reglamentos y, asimismo, modifican innumerables normas de diversa \u00edndole, con el consustancial revuelo que todo cambio de este calado provoca, especialmente para quienes habitualmente solemos aplicar tales normas.<\/p>\n
No es objeto de la presente columna enumerar cada una de las diferentes novedades que se contienen en dicha reforma. S\u00ed querr\u00eda destacar, sin embargo, algunos elementos que, en mi opini\u00f3n, permiten constatar el importante esfuerzo que el legislador ha hecho en este \u00e1mbito del derecho administrativo, para adaptarse a las exigencias que la sociedad de nuestro tiempo viene demandando. Me refiero, por una parte, a la decidida apuesta de estas nuevas leyes para que las relaciones de las diferentes Administraciones P\u00fablicas con los ciudadanos -y tambi\u00e9n de \u00e9stas entre s\u00ed-, sean m\u00e1s \u00e1giles, modernas y participativas. As\u00ed vemos c\u00f3mo se flexibilizan los procedimientos administrativos, simplific\u00e1ndose su tramitaci\u00f3n en todos aquellos supuestos en que as\u00ed sea posible. Asimismo, se dan unas directrices claras para poner efectivamente en pr\u00e1ctica la llamada “Administraci\u00f3n electr\u00f3nica\u201d. De este modo, se potencia el uso de medios electr\u00f3nicos en todas las fases de las actuaciones administrativas, desde la identificaci\u00f3n y representaci\u00f3n de los intervinientes hasta la preferencia por la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, pasando por la necesidad de que las Administraciones dispongan de un registro electr\u00f3nico, o de que los expedientes est\u00e9n en formato electr\u00f3nico. Es igualmente relevante la importancia que ahora se le da a la participaci\u00f3n ciudadana en la elaboraci\u00f3n de leyes y reglamentos. A partir de ahora, por regla general, podremos opinar sobre tales normas, incluso con car\u00e1cter previo a dicha elaboraci\u00f3n. En este \u00e1mbito dela elaboraci\u00f3n de normas, se introducen los llamados “principios de buena regulaci\u00f3n\u201d (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia) orientados a mejorar la calidad de las normas promulgadas. Algo que sin duda es de perogrullo pero que en muchas ocasiones se olvida.
\nPor otra parte, llama la atenci\u00f3n c\u00f3mo se refuerzan los mecanismos de supervisi\u00f3n y control de la actividad llevada a cabo por los distintos entes que integran el sector p\u00fablico, con el \u00e1nimo de evitar que se repitan las deleznables situaciones del pasado por todos conocidas. De este modo, todas las Administraciones P\u00fablicas deber\u00e1n ahora elaborar unos sistemas de supervisi\u00f3n continua de sus entidades dependientes, a fin de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creaci\u00f3n y su sostenibilidad financiera. Tambi\u00e9n elaborar\u00e1n unos planes de actuaci\u00f3n que les permitan evaluar peri\u00f3dicamente que dichos entes cumplen sus objetivos y el adecuado uso de los recursos a ellos asignados.<\/p>\n
De todos depende -y muy en especial de nuestros poderes p\u00fablicos- que esta reforma no caiga en saco roto. Veremos c\u00f3mo se pone en pr\u00e1ctica, c\u00f3mo se implementa el desarrollo normativo que se precisa para su plena efectividad y, lo que es m\u00e1s importante, c\u00f3mo todo ello se hace cumplir. Esperemos que la actual incertidumbre pol\u00edtica pronto se despeje y pueda culminarse lo que a todas luces -cuando menos sobre el papel-es un buen comienzo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Este mes de octubre entrar\u00e1n en vigor la Ley 39\/2015, reguladora del procedimiento administrativo com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC) y la Ley 40\/2015, reguladora del R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (LRJSP). Dichas leyes derogan diversas normas de rango legal, la m\u00e1s conocida de ellas la Ley 30\/1992, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas… <\/p>\n