El origen de la gu\u00eda se encuentra en el art\u00edculo 7 del Real Decreto-Ley 16\/2012, aprobado en abril de 2012 al amparo del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n, que dice que \u201cen caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podr\u00e1 dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar\u00e1n la forma de decretos-leyes\u201d. El mismo real decreto-ley ordenaba a la administraci\u00f3n cuantas medidas fuesen necesarias para la aplicaci\u00f3n efectiva de sus disposiciones. Estando en situaci\u00f3n de extraordinaria y urgente necesidad, uno pensar\u00eda que las medidas para aplicar el art\u00edculo 7 se adoptar\u00edan de forma r\u00e1pida. Sin embargo, m\u00e1s de 18 meses despu\u00e9s el desarrollo del art\u00edculo 7 sigue plagado de interrogantes. Y mi opini\u00f3n es que estamos donde estamos a causa del uso indebido de la figura del real decreto-ley. As\u00ed, en la primavera de 2012, alguien consigui\u00f3 que en el BOE hablase de operaciones de fraccionamiento, personalizaci\u00f3n de dosis y otras operaciones de remanipulaci\u00f3n y transformaci\u00f3n de medicamentos. No se logr\u00f3, sin embargo, que el art\u00edculo 7 fuese una norma self-executing, que son las que no precisan ulterior desarrollo reglamentario; y durante m\u00e1s de un a\u00f1o y medio, los intereses de quienes forzaron la aprobaci\u00f3n del art\u00edculo 7 se han enfrentado a los intereses de muchos otros. No nos enga\u00f1emos, en esto de fraccionamiento se mezclan muchos intereses: los de diversas administraciones p\u00fablicas, los de los farmac\u00e9uticos de hospital, los gerentes hospitalarios, los prescriptores y otros profesionales sanitarios, y los de las compa\u00f1\u00edas farmac\u00e9uticas. Frecuentemente, todos dir\u00e1n que su posici\u00f3n pretende velar por intereses p\u00fablicos, y aludir\u00e1n a los pacientes y a la famosa sostenibilidad del sistema.<\/p>\n
A m\u00ed me parece oportuno defender los intereses del Estado de Derecho. Al Estado de Derecho lo que le interesa es que nuestras actuaciones est\u00e9n sujetas a una norma jur\u00eddica, y que las normas se cumplan. El respeto a la ley es un deber colectivo al cual no podemos sustraernos. Lo dijo Immanuel Kant unos a\u00f1os antes de la Revoluci\u00f3n Francesa, y desde entonces todos los Estados modernos se han construido sobre esta base. En este caso, al Estado de Derecho le interesa que los servicios de farmacia no lleven a cabo operaciones de fraccionamiento, personalizaci\u00f3n de dosis u otras operaciones de remanipulaci\u00f3n y transformaci\u00f3n de medicamentos hasta que no reciban acreditaci\u00f3n de su comunidad; que la acreditaci\u00f3n se otorgue s\u00f3lo si se garantiza el cumplimiento de las gu\u00edas aplicables; y que las gu\u00edas se elaboren bajo la tutela de la direcci\u00f3n general de Cartera B\u00e1sica, con la colaboraci\u00f3n de la Aemps y de expertos de reconocido prestigio. Es lo que dice la ley. Al Estado de Derecho no le interesa que todos los que hayan colaborado en la redacci\u00f3n de las gu\u00edas est\u00e9n conformes con el texto final, aunque ser\u00eda deseable. Por cierto, al Estado de Derecho tambi\u00e9n le interesa que no se fuerce la inclusi\u00f3n de m\u00e1s \u201cart\u00edculos siete\u201d en futuros reales decretos-leyes; y que encontrar la gu\u00eda en la web del ministerio sea algo sencillo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El origen de la gu\u00eda se encuentra en el art\u00edculo 7 del Real Decreto-Ley 16\/2012, aprobado en abril de 2012 al amparo del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n, que dice que \u201cen caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podr\u00e1 dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar\u00e1n la forma de decretos-leyes\u201d. El mismo real decreto-ley… <\/p>\n