Si recuerdan, hace unas semanas les hablaba de los cambios que se est\u00e1n produciendo en relaci\u00f3n con la revisi\u00f3n judicial de los actos administrativos, de c\u00f3mo la cultura jur\u00eddica de nuestros jueces est\u00e1 evolucionando hacia posiciones m\u00e1s cr\u00edticas y exigentes. Algunas sentencias recientes ilustran esta tendencia. Esta semana, por ejemplo, la Audiencia Nacional ha hecho p\u00fablica una sentencia en la que anula una sanci\u00f3n que hab\u00eda impuesto la Agencia Espa\u00f1ola de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a una empresa. Seg\u00fan la Audiencia Nacional, la sanci\u00f3n se impuso sin respetar el principio de tipicidad, que limita la capacidad sancionadora de la administraci\u00f3n a aquellos hechos que est\u00e1n expresamente descritos como una infracci\u00f3n punible en una norma con rango de ley. La Audiencia Nacional recuerda otra sentencia previa, del 18 de abril de 2012, donde se explica tambi\u00e9n que las normas sancionadoras no pueden ser interpretadas de forma extensiva o anal\u00f3gica, porque en caso de hacerlo as\u00ed se viola tambi\u00e9n el principio de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n
A mediados de septiembre la misma Audiencia Nacional confirm\u00f3 una sentencia previa donde se declar\u00f3 que la Aemps hab\u00eda actuado ilegalmente al ordenar la retirada del mercado de ciertos productos; y lo hizo imponiendo las costas a la administraci\u00f3n. En la sentencia, se explica que la Audiencia Nacional no permiti\u00f3 al abogado del Estado aportar, en fase de apelaci\u00f3n, documentos que en su caso pod\u00edan haber sido presentados antes de dictarse la primera sentencia. La Audiencia Nacional, en definitiva, se muestra inflexible a la hora de exigir rigor procesal a la administraci\u00f3n y a sus abogados.<\/p>\n
Hemos visto tambi\u00e9n ya alguna sentencia estimando recursos interpuestos contra lo que jur\u00eddicamente se conoce como actuaciones materiales constitutivas de v\u00eda de hecho, es decir actuaciones administrativas carentes de todo soporte legal y que se llevan a cabo sin dictarse actos o resoluciones que puedan ser recurridas. La evaluaci\u00f3n de la eficacia o seguridad de un medicamento por parte de administraciones que no son competentes para ello, a resultas de las cuales se generan situaciones especiales como puede ser la pr\u00e1ctica imposibilidad de que un medicamento sea prescrito por los m\u00e9dicos en una comunidad, es un ejemplo de este tipo de actuaciones, contra las que algunos juzgados de lo contencioso administrativo ya est\u00e1n actuando.<\/p>\n
Llevar\u00e1 su tiempo, se rasgar\u00e1n algunas vestiduras y se generar\u00e1n situaciones inc\u00f3modas, pero ya se est\u00e1n avistando brotes verdes en los juzgados y los tribunales. Comparto, creo que con muchos servidores p\u00fablicos y con muchas empresas y profesionales, la idea de que la judicializaci\u00f3n de un asunto es, normalmente, algo negativo. Por otro lado, creo que nadie puede negar que la posibilidad de que cualquier actuaci\u00f3n sea revisada por un tercero independiente, que adem\u00e1s est\u00e1 legalmente facultado para anularla, es un gran aliciente para mejorar. Cuantos m\u00e1s pensemos as\u00ed, antes alcanzaremos los niveles de rigor y de seguridad jur\u00eddica que interesan a todos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Si recuerdan, hace unas semanas les hablaba de los cambios que se est\u00e1n produciendo en relaci\u00f3n con la revisi\u00f3n judicial de los actos administrativos, de c\u00f3mo la cultura jur\u00eddica de nuestros jueces est\u00e1 evolucionando hacia posiciones m\u00e1s cr\u00edticas y exigentes. Algunas sentencias recientes ilustran esta tendencia. Esta semana, por ejemplo, la Audiencia Nacional ha hecho… <\/p>\n