El pasado 19 de octubre se aprob\u00f3 la nueva Ley de Contratos del Sector P\u00fablico. Otra m\u00e1s. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha reformado la legislaci\u00f3n en materia de contratos del sector p\u00fablico desde la primera gran reforma que, tras la reinstauraci\u00f3n de la democracia, tuvo lugar con la promulgaci\u00f3n de la Ley 13\/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas.<\/p>\n
La actual reforma de la ley surge de la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jur\u00eddico a las \u00faltimas directivas europeas en la materia, promulgadas en 2014 en el contexto de la denominada \u201cEstrategia Europa 2020\u201d. Tales directivas pon\u00edan fin a un proceso europeo de modernizaci\u00f3n de las normas sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica cuyo objetivo era mejorar la eficiencia en el gasto p\u00fabico, facilitar la participaci\u00f3n de las PYMES en la contrataci\u00f3n p\u00fablica y promover la utilizaci\u00f3n de \u00e9sta como un instrumento para la consecuci\u00f3n de objetivos sociales comunes.<\/p>\n
Las novedades m\u00e1s destacadas de la nueva ley son la promoci\u00f3n de una mayor transparencia en los procedimientos y de una mayor importancia de la relaci\u00f3n calidad-precio al evaluar las ofertas. Para ello, se pretende trasladar a los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n el deber de dise\u00f1ar los criterios de adjudicaci\u00f3n poniendo el \u00e9nfasis en aspectos cualitativos, medioambientales, sociales o innovadores relacionados con el objeto del contrato.<\/p>\n
En aras a una mayor transparencia en la contrataci\u00f3n, se suprime el procedimiento negociado sin publicidad por raz\u00f3n de la cuant\u00eda y se introduce el procedimiento abierto simplificado, que persigue facilitar el acceso a las PYMES a los procesos de contrataci\u00f3n, simplifica las cargas administrativas y reduce los plazos de tramitaci\u00f3n.<\/p>\n
El legislador incorpora tambi\u00e9n nuevas normas que endurecen el r\u00e9gimen de las ofertas denominadas desproporcionadas o anormalmente bajas, de modo que el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n podr\u00e1 rechazar tales ofertas si \u00e9stas son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.<\/p>\n
Y como no pod\u00eda ser de otra forma, la ley introduce medidas para la lucha contra la corrupci\u00f3n y la prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses, que se hace visible, por ejemplo, por medio del incremento de aqu\u00e9llos supuestos en los que se puede incurrir en prohibici\u00f3n de contratar.<\/p>\n
La nueva ley no a\u00f1ade grandes reformas en los contratos de obras, suministros o servicios, salvo aspectos muy concretos, pero s\u00ed introduce importantes cambios en la regulaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de los servicios p\u00fablicos. Se suprime el contrato de gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos regul\u00e1ndose estos a partir de ahora por medio del contrato de concesi\u00f3n de servicios o del contrato de servicios, en funci\u00f3n de qui\u00e9n asuma el riesgo operacional. Se suprime tambi\u00e9n el contrato de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada.<\/p>\n
Se ha perdido no obstante una oportunidad de simplificar la ley, que sigue siendo demasiado larga y complicada, no habi\u00e9ndose incorporado finalmente propuestas en el sentido de aplicar un mismo r\u00e9gimen legal a todo el sector p\u00fablico o eliminar la distinci\u00f3n entre procedimientos sujetos o no a regulaci\u00f3n armonizada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El pasado 19 de octubre se aprob\u00f3 la nueva Ley de Contratos del Sector P\u00fablico. Otra m\u00e1s. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha reformado la legislaci\u00f3n en materia de contratos del sector p\u00fablico desde la primera gran reforma que, tras la reinstauraci\u00f3n de la democracia, tuvo lugar con la promulgaci\u00f3n… <\/p>\n