La versi\u00f3n digital de este peri\u00f3dico se hac\u00eda eco la pasada semana de la interposici\u00f3n de los primeros recursos contra la nueva Orden de Precios de Referencia del a\u00f1o 2017. Cuesti\u00f3n perfectamente previsible, por otro lado, por cuanto el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha vuelto a incluir en conjuntos de la nueva orden una serie de medicamentos respecto de los que el Tribunal Supremo ha declarado que incorporan principios activos diferentes. Esta circunstancia condujo al alto tribunal a la anulaci\u00f3n de los conjuntos afectados, que hab\u00edan sido constituidos a trav\u00e9s de la Orden de Precios de Referencia del a\u00f1o 2014, por cuanto las reglas reguladoras del sistema de precios de referencia exigen que todos los medicamentos incluidos en un mismo conjunto presenten el mismo principio activo. Como anticip\u00e1bamos en anteriores columnas, una decisi\u00f3n de estas caracter\u00edsticas abrir\u00eda las puertas a una posible impugnaci\u00f3n de la nueva orden -como as\u00ed ha ocurrido- a trav\u00e9s de las diferentes v\u00edas que permite nuestro sistema legal, bien impugnando los nuevos conjuntos ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa -sin perjuicio de la posibilidad de instar previamente un recurso de reposici\u00f3n ante el propio Ministerio- bien a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento para la ejecuci\u00f3n de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de las consideraciones puramente t\u00e9cnicas y legales sobre el encaje de los medicamentos afectados en dichos conjuntos, la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado en este asunto se nos antoja altamente preocupante por cuanto tiene de lesiva para un principio esencial de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, cual es el principio de seguridad jur\u00eddica. El principio de seguridad jur\u00eddica, consagrado en nuestro texto constitucional, se traduce en la necesidad de garantizar a los administrados una expectativa razonable de estabilidad en cuanto a la forma en la que las autoridades p\u00fablicas interpretan y aplican el ordenamiento jur\u00eddico. Y el estricto respeto a las exigencias que dimanan del mismo, como ha destacado el propio Tribunal Constitucional, resulta del todo imprescindible para el normal funcionamiento del Estado de derecho. Dicha expectativa de estabilidad ya se hab\u00eda visto seriamente mermada en los \u00faltimos a\u00f1os, a ra\u00edz de los incesantes cambios, parches y enmiendas que fueron introducidos en la normativa farmac\u00e9utica durante la crisis, con el objetivo obvio de generar ahorros p\u00fablicos a costa de la partida de gasto destinada a la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica del sistema. Ello ha terminado por configurar un marco legal no siempre demasiado inteligible, y no exento de contradicciones, algunas de las cuales siguen sin resolverse. Y a esta situaci\u00f3n, ya de por s\u00ed preocupante, viene a sumarse ahora esta nueva actuaci\u00f3n de las autoridades, que implica hacer caso omiso no s\u00f3lo del principio comentado, sino tambi\u00e9n del principio de cosa juzgada, convirtiendo as\u00ed en f\u00fatil el derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce a los administrados.<\/p>\n
Un escenario de estas caracter\u00edsticas ni es serio, ni contribuye a la credibilidad de nuestras instituciones y de nuestro pa\u00eds, ni mucho menos es el id\u00f3neo para generar la confianza imprescindible para atraer inversiones de las que tan necesitados nos encontramos tras los duros a\u00f1os sufridos de los que todav\u00eda est\u00e1 empezando a recuperarnos. Es posible que con esta actuaci\u00f3n puedan generarse algunos ahorros en la factura p\u00fablica, al menos hasta que los tribunales vuelvan a pronunciarse sobre el tema, pero ello, no deber\u00eda olvidarse, ser\u00e1 tan s\u00f3lo pan para hoy y hambre para ma\u00f1ana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La versi\u00f3n digital de este peri\u00f3dico se hac\u00eda eco la pasada semana de la interposici\u00f3n de los primeros recursos contra la nueva Orden de Precios de Referencia del a\u00f1o 2017. Cuesti\u00f3n perfectamente previsible, por otro lado, por cuanto el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha vuelto a incluir en conjuntos de la nueva… <\/p>\n