Vivimos \u00e9pocas en las que corremos el riesgo de que la desafecci\u00f3n respecto de ciertas instituciones alcance al mundo del derecho en general. Los abogados hemos llegado a un punto en el cual mucha gente nos dice, sin embudos, que el derecho no sirve para nada, y cuando intentamos defender el estado de derecho como la mejor opci\u00f3n de organizaci\u00f3n social s\u00f3lo tenemos \u00e9xito en contadas ocasiones. Este es el panorama; y siendo as\u00ed es imprescindible y urgente que quienes tienen la responsabilidad de administrar las leyes lo hagan anteponiendo su cumplimiento, y el respeto a la jurisprudencia, a cualquier otra consideraci\u00f3n.<\/p>\n
En el mundo del derecho farmac\u00e9utico hay diversas situaciones en las que ser\u00eda bueno tomar medidas. Aferrarse al ATC5 para determinar qu\u00e9 productos se integran en los conjuntos de referencia es una de ellas. Estando el tema pendiente de nuevas sentencias judiciales lo dejaremos para otra ocasi\u00f3n, y hoy me referir\u00e9 a las resoluciones de revisi\u00f3n del precio de un medicamento que se basan \u00fanica, o principalmente, en que en otros pa\u00edses europeos el precio es m\u00e1s bajo que en Espa\u00f1a.<\/p>\n
La comparaci\u00f3n del precio espa\u00f1ol con el precio vigente en otros pa\u00edses europeos estaba prevista en la Ley 29\/2006 y en el Real Decreto-Ley 4\/2010, y fue eliminada de la Ley 29\/2006 por el Real Decreto-ley 16\/2012. Posteriormente, se incorpor\u00f3 de nuevo mediante la Disposici\u00f3n Adicional 2\u00aa del Real Decreto 177\/2014, pero dicha disposici\u00f3n fue anulada por la Sala 3\u00aa del Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 28 de octubre de 2015 y 11 de noviembre de 2015. El Tribunal consider\u00f3 que la \u201cdeterminaci\u00f3n del precio de referencia en atenci\u00f3n exclusivamente al precio industrial de comercializaci\u00f3n en otro Estado (consista esa determinaci\u00f3n en una fijaci\u00f3n del precio o en una revisi\u00f3n del mismo) es un mecanismo (sea de fijaci\u00f3n, sea de revisi\u00f3n, insistimos) que no est\u00e1 previsto en la Ley\u201d. El texto refundido de la Ley de garant\u00edas y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios actualmente vigente no incorpora ninguna referencia al \u201ccriterio de comparaci\u00f3n con precios internacionales\u201d para la fijaci\u00f3n del precio industrial de medicamentos.<\/p>\n
Est\u00e1 claro, \u00bfno? Pues seguimos viendo resoluciones donde se cierra el procedimiento argumentando que en otros pa\u00edses europeos el precio es m\u00e1s bajo que en Espa\u00f1a. Es obvio que hacerlo as\u00ed puede ser m\u00e1s f\u00e1cil que motivar la decisi\u00f3n en base a los criterios legalmente reconocidos. Pero cuidado, el objetivo de las normas que regulan los precios de los medicamentos no es facilitar la vida de los funcionarios encargados de tramitar estos procedimientos. La falta de recursos del Ministerio y el hecho de que las normas actuales deban revisarse no puede corregirse despreciando sin rubor lo que dice la ley y la jurisprudencia. En fin, o nos tomamos en serio lo del estado de derecho, o … bueno, mejor lo dejamos aqu\u00ed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Vivimos \u00e9pocas en las que corremos el riesgo de que la desafecci\u00f3n respecto de ciertas instituciones alcance al mundo del derecho en general. Los abogados hemos llegado a un punto en el cual mucha gente nos dice, sin embudos, que el derecho no sirve para nada, y cuando intentamos defender el estado de derecho como… <\/p>\n