Los cambios a los que venimos asistiendo en el \u00e1mbito de las terapias farmacol\u00f3gicas sit\u00faan a nuestro sistema sanitario ante el gran reto de nuestra \u00e9poca: garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario tan ambicioso como el nuestro, en un escenario caracterizado por la irrupci\u00f3n continua de nuevas herramientas de alto valor terap\u00e9utico, pero de elevado coste, debido a las elevad\u00edsimas inversiones que exige su investigaci\u00f3n y desarrollo. La tarea no es balad\u00ed. Exige conjugar intereses muy diversos e importantes, y las medidas que se adopten no s\u00f3lo deber\u00e1n acomodarse a la normativa europea y al ordenamiento nacional, sino que deber\u00e1n conciliar los intereses de la AGE con los de las CC.AA. Todo ello en un momento en el que los gestores p\u00fablicos se ven enfrentados, como nunca antes, a la necesidad de priorizar los objetivos y optimizar los recursos disponibles.<\/p>\n
Este escenario demanda reflexi\u00f3n en la identificaci\u00f3n de los objetivos a conseguir, finura en su plasmaci\u00f3n jur\u00eddica y rigor en la toma de decisiones. Y lo cierto es que la regulaci\u00f3n actual de los procedimientos para decidir sobre la financiaci\u00f3n y precio de los medicamentos en nuestro pa\u00eds no est\u00e1 en absoluto preparada para lidiar con este panorama. Dicha regulaci\u00f3n data nada menos que de tres d\u00e9cadas atr\u00e1s, y el fracaso europeo en la aprobaci\u00f3n de una nueva Directiva de Transparencia, as\u00ed como el encallamiento en 2015 del proyecto de RD en materia de financiaci\u00f3n p\u00fablica de los medicamentos no han contribuido a dotarnos de un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos que corren. La situaci\u00f3n, por si fuera poco, ha venido a complicarse adem\u00e1s con la crisis que nos ha azotado, y que ha llevado a los distintos gobiernos a legislar a golpe de ocurrencia, sin plan preconcebido alguno, mediante la figura del Real Decreto-ley.<\/p>\n
En este escenario poco alentador resulta una noticia excelente que se haya dado luz verde, aunque sea con siete a\u00f1os de retraso, al Comit\u00e9 Asesor para la Financiaci\u00f3n de la Prestaci\u00f3n Farmac\u00e9utica. Este grupo de expertos de reconocido prestigio (coloquialmente llamados los \u201csiete magn\u00edficos\u201d) deber\u00e1 abordar el dise\u00f1o de un procedimiento para la evaluaci\u00f3n cl\u00ednica y econ\u00f3mica de los medicamentos, el desarrollo de los IPT y la revisi\u00f3n de los criterios de fijaci\u00f3n de precios, poniendo coto a la falta de rigor y transparencia de la que ven\u00edan adoleciendo muchas de las decisiones de la CIPM en los \u00faltimos tiempos. Que la presidencia del grupo haya reca\u00eddo en una personalidad de la talla y prestigio profesional del Profesor F\u00e9lix Lobo es, adem\u00e1s, una inmejorable noticia, que nos llena de optimismo respecto al \u00e9xito de las dif\u00edciles tareas que deber\u00e1 afrontar el nuevo comit\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los cambios a los que venimos asistiendo en el \u00e1mbito de las terapias farmacol\u00f3gicas sit\u00faan a nuestro sistema sanitario ante el gran reto de nuestra \u00e9poca: garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario tan ambicioso como el nuestro, en un escenario caracterizado por la irrupci\u00f3n continua de nuevas herramientas de alto valor terap\u00e9utico, pero de… <\/p>\n