{"id":22560,"date":"2020-02-25T15:19:20","date_gmt":"2020-02-25T14:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/faus-moliner.com\/el-tribunal-supremo-confirma-los-casos-en-que-se-puede-sancionar-a-los-directivos-por-conductas-anti-competitivas-de-la-empresas\/"},"modified":"2020-03-11T17:25:22","modified_gmt":"2020-03-11T16:25:22","slug":"el-tribunal-supremo-confirma-los-casos-en-que-se-puede-sancionar-a-los-directivos-por-conductas-anti-competitivas-de-la-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faus-moliner.com\/ca\/el-tribunal-supremo-confirma-los-casos-en-que-se-puede-sancionar-a-los-directivos-por-conductas-anti-competitivas-de-la-empresas\/","title":{"rendered":"El Tribunal Supremo confirma los casos en que se puede sancionar a los directivos por conductas anti-competitivas de las empresas"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El art\u00edculo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) faculta a la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para imponer multas de hasta 60.000 euros a los representantes legales y directivos de empresas o asociaciones que hayan intervenido en un acuerdo o decisi\u00f3n adoptada por su empresa o asociaci\u00f3n incumpliendo la LDC. En los \u00faltimos doce meses, la jurisprudencial ha ido perfilando los requisitos para la aplicaci\u00f3n de este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, el Tribunal Supremo, en sentencias de marzo 28 de marzo y 9 de abril de 2019, avala la competencia de la CNMC para multar a directivos en base al art\u00edculo 63.2 y confirma que la publicaci\u00f3n del nombre de la persona f\u00edsica multada no vulnera su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen. El 1 de octubre de 2019, se hicieron p\u00fablicas otras sentencias que aclaran los requisitos para imponer sanciones a directivos. El pasado 28 de enero, el Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia que, siguiendo la l\u00ednea de las anteriores, profundiza en los criterios a tener en cuenta en esta materia. <\/p>\n\n\n\n<p>Para que una persona f\u00edsica pueda ser multada en base al art\u00edculo 63.2 de la LDC deben cumplirse dos requisitos cumulativos: que dicha persona sea efectivamente un \u201crepresentante legal o persona que integre el \u00f3rgano directivo\u201d de la empresa infractora (requisito subjetivo); y que dicha persona \u201chaya intervenido\u201d en el acuerdo o decisi\u00f3n ilegal (requisito objetivo).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n es un representante legal o directivo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las multas a t\u00edtulo personal s\u00f3lo pueden imponerse a los representantes legales o los miembros de los \u00f3rganos directivos de la empresa infractora. La CNMC, por tanto, no puede sancionar a t\u00edtulo individual a otras personas, incluso si han tenido una intervenci\u00f3n decisiva en el acuerdo o decisi\u00f3n adoptada por la empresa o asociaci\u00f3n incumpliendo la LDC.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo, en esta sentencia, aporta algunas ideas m\u00e1s sobre qu\u00e9 personas pueden considerarse miembros de los \u00f3rganos directivos y cu\u00e1les no.<\/p>\n\n\n\n<p>En primer lugar, la sentencia confirma que los \u00f3rganos directivos pueden ser unipersonales. Un director de ventas que pacte precios con un competidor no podr\u00e1 exonerarse de responsabilidad personal, si la CNMC decide multarle, alegando que no existe un \u00f3rgano multipersonal que tome las decisiones sobre ventas. <\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo, en esta l\u00ednea, considera como directivo de la empresa, a quien se puede sancionar personalmente, a las personas que puedan adoptar decisiones que marquen, condicionen o dirijan la actuaci\u00f3n de la empresa. La acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de directivo corresponde a la administraci\u00f3n sancionadora, la cual debe probar, en cada caso, que el directivo (o miembro del \u00f3rgano directivo) en cuesti\u00f3n ejerce las funciones indicadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, el Tribunal considera que la simple denominaci\u00f3n de un cargo como \u201cdirectivo\u201d, al margen de cualquier prueba sobre las funciones, autonom\u00eda de ejercicio o responsabilidad, no es suficiente para poder imponer una sanci\u00f3n a t\u00edtulo personal. En cada caso ser\u00e1 necesario ver si la persona o el \u00f3rgano en cuesti\u00f3n est\u00e1n subordinados, a los efectos concretos de tomar la decisi\u00f3n que supone infringir la LDC, a otros \u00f3rganos distintos de la Junta de Socios o de Accionistas o si pueden tomar dicha decisi\u00f3n con autonom\u00eda. El nombramiento del directivo y sus obligaciones de reporting, as\u00ed como las disposiciones de los estatutos y el organigrama de la empresa, son elementos a considerar para resolver la cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal, por otro lado, se refiere expresamente a personas que ocupen cargos t\u00e9cnicos, administrativos u otros de menor cualificaci\u00f3n como personas que no deben considerarse directivos a los efectos de ser multados individualmente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Requisito objetivo: intervenci\u00f3n en el acuerdo anticompetitivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El segundo requisito para imponer una sanci\u00f3n a un directivo o representante legal en materia de competencia es la acreditaci\u00f3n de su \u201cintervenci\u00f3n\u201d en el acuerdo ilegal. En estas sentencias, el Tribunal Supremo reitera que para multar al directivo no es preciso que su intervenci\u00f3n haya sido expresa, activa, ni determinante o esencial.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo, bas\u00e1ndose los criterios fijados en la jurisprudencia comunitaria para determinar si una empresa ha participado en un acuerdo anticompetitivo, sostiene que intervienen en un acuerdo (y pueden ser multados individualmente) no s\u00f3lo quienes act\u00faan de forma expresa, sino tambi\u00e9n los que lo hacen de manera subordinada, accesoria o pasiva, mediante la asistencia a las reuniones en las que se concluyeron los acuerdos o decisiones infractoras sin oponerse expresamente a ellos o sin denunciarlo a las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Del razonamiento usado por el Tribunal, no queda claro si para librarse de la acusaci\u00f3n de intervenci\u00f3n pasiva bastar\u00eda con adoptar una de las dos posiciones mencionadas (distanciarse p\u00fablicamente del acuerdo o denunciarlo) o si ser\u00eda necesario dejar constancia expresa de la disconformidad y, adem\u00e1s, denunciar el acuerdo a las autoridades. Algunos pasajes de la sentencia permitir\u00edan defender que la sola oposici\u00f3n expresa del directivo ser\u00eda suficiente para su exculpaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n es cierto que en algunos otros apartados el Tribunal se pronuncia en t\u00e9rminos m\u00e1s difusos.<\/p>\n\n\n\n<p>En nuestra opini\u00f3n, exigir a los directivos la denuncia a las autoridades competentes para quedar exonerados de responsabilidad personal es excesivo. La Ley permite sancionar a quien interviene en un acuerdo o conducta ilegal; y oponerse expresamente a ello deber\u00eda ser suficiente para que se entienda que dicha persona no ha intervenido en la comisi\u00f3n de la infracci\u00f3n. Puede que existan situaciones en las que el directivo considere que la denuncia es lo m\u00e1s aconsejable para protegerse personalmente y tambi\u00e9n para el bien de su empresa, pero denunciar a una asociaci\u00f3n, a un competidor o a la propia empresa es algo muy complicado, y no ser\u00eda razonable multar a quien no lo haga.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, es importante tener en cuenta que el hecho de que la intervenci\u00f3n del directivo sea m\u00e1s o menos intensa podr\u00e1 influir en la cantidad de la sanci\u00f3n, pero no en la determinaci\u00f3n de existencia de responsabilidad. La mera intervenci\u00f3n en un acuerdo ilegal en los t\u00e9rminos indicados, por poco relevante que se considere, ya determina la concurrencia de la infracci\u00f3n y la posibilidad de sanci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antecedentes El art\u00edculo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) faculta a la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para imponer multas de hasta 60.000 euros a los representantes legales y directivos de empresas o asociaciones que hayan intervenido en un acuerdo o decisi\u00f3n adoptada por su empresa o&#8230; <\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/faus-moliner.com\/ca\/el-tribunal-supremo-confirma-los-casos-en-que-se-puede-sancionar-a-los-directivos-por-conductas-anti-competitivas-de-la-empresas\/\" class=\"excerpt-read-more\">M\u00e9s informaci\u00f3<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[272,402],"tags":[],"coauthors":[529,105],"class_list":["post-22560","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-capsulas-ca","category-dret-de-la-competencia"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>El Tribunal Supremo confirma los casos en que se puede sancionar a los directivos por conductas anti-competitivas de las empresas - Faus Moliner<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/faus-moliner.com\/ca\/el-tribunal-supremo-confirma-los-casos-en-que-se-puede-sancionar-a-los-directivos-por-conductas-anti-competitivas-de-la-empresas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ca_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El Tribunal Supremo confirma los casos en que se puede sancionar a los directivos por conductas anti-competitivas de las empresas - Faus Moliner\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Antecedentes El art\u00edculo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) faculta a la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para imponer multas de hasta 60.000 euros a los representantes legales y directivos de empresas o asociaciones que hayan intervenido en un acuerdo o decisi\u00f3n adoptada por su empresa o... 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