En nuestro anterior CAPSULAS especial expusimos brevemente las medidas adoptadas en Espa\u00f1a para hacer frente a la situaci\u00f3n sin precedentes provocada por el Covid-19 y que ten\u00edan mayor impacto en las empresas del sector de “life sciences”. El martes 17 de marzo, a \u00faltima hora, el BOE public\u00f3 el Real Decreto Ley 8\/2020, mediante el cual el Gobierno aprob\u00f3 algunas medidas extraordinarias de alcance general. El objetivo principal de \u00e9stas es facilitar a las empresas la gesti\u00f3n de ciertas obligaciones legales en el contexto actual de crisis sanitaria, econ\u00f3mica y social provocada por el Covid-19. A tal efecto, se flexibilizan algunas normas en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica y del gobierno corporativo de las empresas.<\/p>\n\n\n\n
Contratos p\u00fablicos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los contratos p\u00fablicos de suministro o servicios (salvo aquellos contratos cuyo objeto est\u00e9 vinculado con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, los contratos de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas inform\u00e1ticos, o los contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte) quedan sometidos a un r\u00e9gimen especial.<\/p>\n\n\n\n Los contratos cuya ejecuci\u00f3n sea imposible como consecuencia del Covid-19 o las medidas adoptadas para combatirlo, quedar\u00e1n autom\u00e1ticamente suspendidos desde que no sea posible realizar la prestaci\u00f3n y hasta que \u00e9sta pueda reanudarse. La entidad adjudicadora deber\u00e1 abonar al contratista los da\u00f1os y perjuicios sufridos durante el periodo de suspensi\u00f3n, previa solicitud. Los da\u00f1os indemnizables se limitar\u00e1n a aquellos debidamente acreditados y relacionados con salarios, mantenimiento de garant\u00edas definitivas, alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria y p\u00f3lizas de seguros.<\/p>\n\n\n\n Los contratos cuya ejecuci\u00f3n, aun siendo posible, no pueda realizarse en los plazos pactados, se prorrogar\u00e1n, previa solicitud y compromiso de cumplimiento del contratista. En estos casos, el contratista tendr\u00e1 derecho al abono de ciertos gastos salariales (m\u00e1ximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato). El nuevo plazo ser\u00e1, al menos, igual al tiempo perdido como consecuencia del Covid-19, o menor si el contratista as\u00ed lo pidiera.<\/p>\n\n\n\n Respecto los contratos de concesi\u00f3n de obras\/servicios, se prev\u00e9 que si como consecuencia de la situaci\u00f3n de hecho creada por el Covid-19 y las medidas adoptadas para combatirlo, los concesionarios pierden ingresos e incrementan los costes soportados, los concesionarios tendr\u00e1n derecho a que se reestablezca el equilibrio econ\u00f3mico del contrato; ya sea con una ampliaci\u00f3n de la duraci\u00f3n inicial (hasta un m\u00e1ximo de un 15%) o mediante la modificaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de contenido econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, si en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley (el 17 de marzo de 2020) hubiera contratos vencidos respecto de los cuales no se hubiera formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestaci\u00f3n como consecuencia de la paralizaci\u00f3n de los procedimientos de contrataci\u00f3n derivada de la declaraci\u00f3n del Estado de Alarma; se podr\u00e1 prorrogar la vigencia de dichos contratos vencidos hasta un periodo m\u00e1ximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato. Gobierno corporativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Real Decreto-Ley permite que, las reuniones de los consejos de\nadministraci\u00f3n de las empresas y las sesiones de los \u00f3rganos de gobierno y\nadministraci\u00f3n de asociaciones y fundaciones se celebren por videoconferencia.\nLa misma regla ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las comisiones delegadas y a las dem\u00e1s\ncomisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. Para todo ello\nno ser\u00e1 necesario que los Estatutos lo hayan previsto, pero s\u00ed se exige que el\nsistema de videoconferencia asegure la autenticidad y la conexi\u00f3n bilateral o\nplurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La\nsesi\u00f3n se entender\u00e1 celebrada en el domicilio de la empresa, asociaci\u00f3n o\nfundaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se permite que durante la vigencia del estado de alarma los acuerdos\nsociales de los consejos u otros \u00f3rganos de gobierno se adopten mediante\nvotaci\u00f3n por escrito y sin sesi\u00f3n siempre que lo decida el presidente. Este\nprocedimiento deber\u00e1 emplearse si lo piden al menos dos personas que sean miembros\ndel \u00f3rgano.<\/p>\n\n\n\n Las normas que rigen el procedimiento para adoptar acuerdos mediante\nvotaci\u00f3n por escrito y sin sesi\u00f3n no var\u00edan; el Secretario o Vicesecretario del\nConsejo deber\u00e1n dejar constancia en acta de que el acuerdo se ha adoptado\nmediante este sistema especial de votaci\u00f3n por escrito y sin sesi\u00f3n, del\ncontenido de los acuerdos adoptados, del nombre de los administradores, y del\nvoto emitido por cada uno de ellos. Si este procedimiento especial se ha\nutilizado por decisi\u00f3n del presidente o por haberlo pedido al menos dos\npersonas que sean miembros del \u00f3rgano de gobierno, ser\u00e1 conveniente hacerlo\nconstar as\u00ed en la certificaci\u00f3n. Si este procedimiento especial se ha utilizado\npor as\u00ed haberlo consensuado todos los miembros del \u00f3rgano de gobierno, es\nconveniente que la certificaci\u00f3n deje constancia de dicho consenso. Salvo\ndisposici\u00f3n contraria en los estatutos, el voto por correo deber\u00e1 remitirse\ndentro del plazo de diez d\u00edas a contar desde la fecha en que se reciba la\nsolicitud de emisi\u00f3n del voto. El acuerdo se considerar\u00e1 adoptado en la fecha\nde recepci\u00f3n del \u00faltimo de los votos emitidos.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, se facilita el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de formular\ncuentas anuales de 2019 antes del 31 de marzo, que es cuando deber\u00edan hacerlo\nla mayor\u00eda de las sociedades dado que lo habitual es que el ejercicio social\nfinalice al concluir el a\u00f1o natural. En este sentido, el Real Decreto-Ley prev\u00e9\nque las cuentas anuales del ejercicio 2019 podr\u00e1n formularse hasta tres meses\ndespu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n del estado de alarma. En el caso que dichas cuentas\nya se hubiesen formulado y fuera obligatoria su verificaci\u00f3n por los auditores,\nla emisi\u00f3n del informe de auditor\u00eda podr\u00e1 hacerse dentro de los dos meses\nsiguientes a que finalice el estado de alarma. Finalmente, la junta general\nordinaria de socios o accionistas, que se debe reunir cada a\u00f1o para aprobar las\ncuentas del ejercicio anterior, podr\u00e1 reunirse dentro de los tres meses\nsiguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas\nanuales.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, por ejemplo, en el caso de que el estado de alarma finalice el 1 de\nabril de 2020, las cuentas de 2019 deber\u00e1n formularse antes del 1 de julio de\n2020 y la junta general ordinaria de accionistas o de socios podr\u00e1 celebrarse\nantes del 1 de octubre de 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En nuestro anterior CAPSULAS especial expusimos brevemente las medidas adoptadas en Espa\u00f1a para hacer frente a la situaci\u00f3n sin precedentes provocada por el Covid-19 y que ten\u00edan mayor impacto en las empresas del sector de “life sciences”. El martes 17 de marzo, a \u00faltima hora, el BOE public\u00f3 el Real Decreto Ley 8\/2020, mediante el… <\/p>\n
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