El Gobierno ha obtenido, una vez m\u00e1s, los apoyos parlamentarios necesarios para prorrogar el estado de alarma. Siendo \u00e9sta la quinta pr\u00f3rroga, no es de extra\u00f1ar que en su tramitaci\u00f3n hayan surgido discrepancias y cr\u00edticas. As\u00ed, se ha reclamado una mayor coordinaci\u00f3n con las comunidades aut\u00f3nomas o un confinamiento menos estricto. En paralelo, hemos o\u00eddo a algunos grupos pretender defender su posici\u00f3n con razonamientos basados en tecnicismos jur\u00eddicos. El Partido Popular, por ejemplo, ha defendido que los objetivos del Gobierno en la fase de desescalada pod\u00edan lograrse con la aplicaci\u00f3n conjunta de otras leyes, sin necesidad de prorrogar el estado de alarma.<\/p>\n\n\n\n
Para mantener el mando \u00fanico sanitario se propon\u00eda la aplicaci\u00f3n de la Ley General de Salud P\u00fablica, de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Cohesi\u00f3n y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, para regular las restricciones a la movilidad se propon\u00eda aplicar la Ley Org\u00e1nica de medidas especiales en materia de Salud P\u00fablica, la Ley del Sistema Nacional de Protecci\u00f3n Civil y la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, se propon\u00eda que, si fuese necesario reforzar la cobertura legal de la limitaci\u00f3n de movimientos, se aprobase un decreto de movilidad o una nueva ley org\u00e1nica por v\u00eda de urgencia.<\/p>\n\n\n\n
La Ley que regula los estados de alarma, excepci\u00f3n y sitio fue expresamente aprobada como instrumento para afrontar la gesti\u00f3n de crisis como la actual. En concreto, es una Ley org\u00e1nica que permite que en caso de epidemia, y mientras dure el estado de alarma, el Gobierno sea la \u00fanica autoridad competente para su gesti\u00f3n. Adem\u00e1s, y especialmente, es una Ley que faculta al Gobierno para establecer limitaciones a la circulaci\u00f3n de personas y de veh\u00edculos, como se ha hecho adoptando medidas de confinamiento.<\/p>\n\n\n\n
Por el contrario, ni la Ley Org\u00e1nica de medidas especiales en materia de Salud P\u00fablica, ni la Ley del Sistema Nacional de Protecci\u00f3n Civil ni la Ley de Seguridad Nacional permitir\u00edan limitar, de manera generalizada y para toda la poblaci\u00f3n, la movilidad de personas. Para limitar de forma general los movimientos de personas durante la desescalada no hay una alternativa jur\u00eddica al estado de alarma.<\/p>\n\n\n\n
Proponer siete Leyes, un futuro Real Decreto de movilidad o la adopci\u00f3n de una nueva Ley Org\u00e1nica para conseguir lo que se puede lograr con un s\u00f3lo Decreto de pr\u00f3rroga del estado de alarma no parece muy eficiente; pero es que adem\u00e1s resulta que las Leyes a las que se refer\u00eda el Partido Popular no son un instrumento jur\u00eddicamente v\u00e1lido para sustituir a dicho Decreto de pr\u00f3rroga, algo que deber\u00edan saber los juristas que trabajan para cualquier formaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Uno puede estar a favor o en contra del papel que ha asumido la Administraci\u00f3n General del Estado en la gesti\u00f3n de la crisis o de las medidas de confinamiento, pero cuando se trata de argumentos jur\u00eddicos cabe exigir rigor y finura, porque de lo contrario se genera desconfianza en el derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Gobierno ha obtenido, una vez m\u00e1s, los apoyos parlamentarios necesarios para prorrogar el estado de alarma. Siendo \u00e9sta la quinta pr\u00f3rroga, no es de extra\u00f1ar que en su tramitaci\u00f3n hayan surgido discrepancias y cr\u00edticas. As\u00ed, se ha reclamado una mayor coordinaci\u00f3n con las comunidades aut\u00f3nomas o un confinamiento menos estricto. En paralelo, hemos o\u00eddo… <\/p>\n