En Euskadi, en febrero de 2020, el Departamento de Salud emiti\u00f3 una Orden regulando la actividad de los delegados de la industria farmac\u00e9utica. Se trataba de una norma de aplicaci\u00f3n general, no vinculada al Covid-19 (faltaban cinco semanas para la declaraci\u00f3n del estado de alarma). Bueno, el caso es que la Orden se\u00f1alaba que los visitadores m\u00e9dicos deb\u00edan informar a los profesionales sanitarios acerca del \u201cprecio y condiciones de la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica del Sistema Nacional de Salud, en su caso\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Farmaindustria interpuso recurso contra la Orden y aleg\u00f3 que su redacci\u00f3n pod\u00eda impedir que los visitadores promocionasen productos autorizados hasta que el Ministerio de Sanidad resolviese sobre su financiaci\u00f3n p\u00fablica. El 30 de junio, el Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco desestim\u00f3 el recurso por entender que carec\u00eda de fundamento. Seg\u00fan los magistrados, ni la Orden ni el resto de normas aplicables impiden la promoci\u00f3n de medicamentos autorizados, incluso si se realiza antes de que se decida sobre su precio.<\/p>\n\n\n\n
La cuesti\u00f3n ha sido objeto de debate a distintos niveles durante muchos a\u00f1os y hasta la fecha no me constaba un pronunciamiento judicial claro al respecto. La sentencia que les comento podr\u00eda ser recurrida, pero dejando de lado otras consideraciones tiene la gran virtud de analizar la cuesti\u00f3n en el contexto en el que la norma debe ser aplicada, apuntalando su veredicto tanto en la literalidad de la norma como en su finalidad. Gracias a ello, en mi opini\u00f3n, estamos ante un documento de indudable valor para zanjar la pol\u00e9mica en torno a este asunto.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, el tribunal empieza por se\u00f1alar que la finalidad de la publicidad dirigida a los profesionales sanitarios, es proporcionar la informaci\u00f3n t\u00e9cnico-cient\u00edfica necesaria para que sus destinatarios puedan juzgar por s\u00ed mismos el valor terap\u00e9utico del medicamento. Dicho esto, se se\u00f1ala que la literalidad de la norma exige que se informe de las condiciones de financiaci\u00f3n y precio \u201cen su caso\u201d. Es decir, se debe informar siempre que se haya aprobado la financiaci\u00f3n p\u00fablica, pero en ning\u00fan caso se pone como condici\u00f3n para la promoci\u00f3n que exista tal aprobaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Exigir esta condici\u00f3n, dicen los jueces, ser\u00eda contrario a la finalidad de la actividad promocional. A todo ello se a\u00f1ade una idea de enorme relevancia: si se impide la promoci\u00f3n de un producto autorizado \u201clos pacientes y la sociedad en general sufrir\u00e1n el riesgo de no disfrutar en el plazo m\u00e1s breve posible de los avances en este campo\u201d. En un entorno como el actual, donde la frontera entre promoci\u00f3n e informaci\u00f3n es muy tenue; y donde lo relevante es garantizar que los mensajes promocionales sean veraces y leales; esta sentencia puede ayudar a aclarar la cuesti\u00f3n. Una vez autorizado un f\u00e1rmaco, deber\u00eda ser suficiente con que los materiales promocionales que se entreguen al profesional hiciesen referencia a su situaci\u00f3n en materia de financiaci\u00f3n p\u00fablica y precio. Los jueces lo tienen claro: la norma proh\u00edbe la promoci\u00f3n de medicamentos que no hayan obtenido la correspondiente autorizaci\u00f3n de comercializaci\u00f3n; no la de medicamentos autorizados cuya inclusi\u00f3n o no en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica est\u00e9 pendiente de decisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En Euskadi, en febrero de 2020, el Departamento de Salud emiti\u00f3 una Orden regulando la actividad de los delegados de la industria farmac\u00e9utica. Se trataba de una norma de aplicaci\u00f3n general, no vinculada al Covid-19 (faltaban cinco semanas para la declaraci\u00f3n del estado de alarma). Bueno, el caso es que la Orden se\u00f1alaba que los… <\/p>\n