Lo que les voy a explicar hoy es com el dios Jano, tiene dos caras. Una positiva y otra negativa. Empecemos por la negativa: es lamentable que un ciudadano al que se prescribe un producto tenga que someterse al calvario de litigar contra la administraci\u00f3n para tener acceso al mismo. Especialmente, si el producto est\u00e1 debidamente autorizado e incluido en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica del Sistema Nacional de Salud.<\/p>\n\n\n\n
Es lamentable porque, como todos sabemos, los procesos judiciales son largos, complejos y costosos. Adem\u00e1s, es lamentable porque no tiene sentido que sean los juzgados y tribunales quienes decidan sobre estas cuestiones. Una vez la agencia evaluadora p\u00fablica ha decidido autorizar un medicamento, y \u00e9ste ha quedado incluido en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica del Sistema Nacional de Salud, \u00bfqu\u00e9 sentido tiene que un jurista sea quien decida si el paciente tiene acceso al producto? Con todo el cari\u00f1o y respeto hacia mis colegas jueces y magistrados, tiene poco sentido. La cara positiva nos la da una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Una paciente a la que la Gerencia Regional de Salud neg\u00f3 acceso a un medicamento para el tratamiento de la esclerosis m\u00faltiple, recurri\u00f3 judicialmente y obtuvo una sentencia favorable de un Juzgado de lo Social de Valladolid, que reconoci\u00f3 su derecho a dicho medicamento. La Junta de Castilla y Le\u00f3n no se conform\u00f3 y present\u00f3 un recurso de suplicaci\u00f3n contra esa sentencia ante el TSJ de Castilla y Le\u00f3n. Leer las alegaciones de la Junta en segunda instancia, tal cual las relata el TSJ, causa desaz\u00f3n. Cuesta comprender qu\u00e9 motiva que la administraci\u00f3n, que ya ha obligado a la paciente a acudir al Juzgado de lo Social, siga litigando el caso con los argumentos que present\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La buena noticia es que el TSJ los desestima y confirma, en primer lugar, que los juzgados de lo social son competentes para decidir sobre la impugnaci\u00f3n de actos administrativos dictados en materia de seguridad social. Se confirma de este modo la competencia de estos juzgados para juzgar si la acci\u00f3n protectora del sistema de asistencia sanitaria se ha llevado a cabo de forma correcta o no. El TSJ tambi\u00e9n confirma que la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (igualdad e integridad f\u00edsica y moral) puede ser valorada en estos casos, siempre que haya sido planteada en la reclamaci\u00f3n previa en v\u00eda administrativa.<\/p>\n\n\n\n
De igual modo cabe proceder si se reclama una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios causados por la violaci\u00f3n de derechos fundamentales: el juzgado de lo social puede valorarla siempre que se haya planteado en v\u00eda administrativa. Finalmente, se concluye que para recurrir en suplicaci\u00f3n una sentencia de primera instancia en esta materia no se puede acudir al TSJ con alegaciones gen\u00e9ricas sin especificar qu\u00e9 norma o jurisprudencia se ha infringido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Lo que les voy a explicar hoy es com el dios Jano, tiene dos caras. Una positiva y otra negativa. Empecemos por la negativa: es lamentable que un ciudadano al que se prescribe un producto tenga que someterse al calvario de litigar contra la administraci\u00f3n para tener acceso al mismo. Especialmente, si el producto est\u00e1… <\/p>\n