Es frecuente leer o escuchar que la normativa de contrataci\u00f3n p\u00fablica es un cors\u00e9 que no se ajusta como deber\u00eda a la compra de medicamentos y productos sanitarios. Dicho desorden o desajuste va siendo moldeado mediante las interpretaciones razonadas y razonables que sobre la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) hacen los tribunales administrativos y en sede judicial.<\/p>\n\n\n\n
Desde esta perspectiva, es de agradecer poder comentar en esta tribuna que el Tribunal Supremo (TS) ha fallado recientemente a favor de una interpretaci\u00f3n coherente y razonable de la norma, respetuosa con su letra sin dar la espalda a la finalidad que la norma persigue y que en ocasiones se obvia.<\/p>\n\n\n\n
Hablamos de la sentencia de 30 de abril de 2024, recientemente publicada, donde se impugnaba una previsi\u00f3n de los pliegos que impon\u00eda al adjudicatario la obligaci\u00f3n de entregar en dep\u00f3sito los productos sanitarios objeto del contrato de suministro y la de revisar sus caducidades hasta el momento de su recepci\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n contratante, que se producir\u00eda \u00fanicamente en el momento de la implantaci\u00f3n del producto (cat\u00e9teres) al paciente.<\/p>\n\n\n\n
De esta manera, se trasladaba al adjudicatario el riesgo de la p\u00e9rdida o da\u00f1o de los productos mientras no fueran utilizados por los servicios sanitarios del hospital, incluso el riesgo de su caducidad, y adem\u00e1s se difer\u00eda el inicio del c\u00f3mputo del plazo de pago al momento del uso de los dispositivos por el hospital.<\/p>\n\n\n\n
La Administraci\u00f3n justific\u00f3 la exigencia de dichas obligaciones en que la LCSP distingue entre los momentos de entrega y de recepci\u00f3n de los productos y que, dadas las din\u00e1micas de utilizaci\u00f3n de los cat\u00e9teres, resultaba correcta tal previsi\u00f3n en los pliegos.<\/p>\n\n\n\n
La posici\u00f3n del TS es que, si bien la LCSP distingue entre la entrega y la recepci\u00f3n, no dejan de ser dos momentos \u201csucesivos y determinados en el tiempo\u201d, por lo que una disociaci\u00f3n entre la entrega del producto y su efectiva utilizaci\u00f3n en el paciente -de fecha incierta- es una separaci\u00f3n artificiosa que no est\u00e1 amparada por la norma. La norma no permite una entrega de un bien en concepto de dep\u00f3sito y que su recepci\u00f3n sea indefinida y ambigua, condicionada a un evento futuro como es una enfermedad y la necesidad de implantar el producto en el paciente.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, sigue diciendo el TS, que la no determinaci\u00f3n del momento de la recepci\u00f3n del producto conlleva a la incerteza del momento del pago -pendiente de un hecho futuro y eventual como es la necesidad medica de su utilizaci\u00f3n-, en claro perjuicio para el suministrador.<\/p>\n\n\n\n
Pronunciamientos judiciales como el comentado tienen una funci\u00f3n relevante m\u00e1s all\u00e1 de resolver la propia litigiosidad, que es la de clarificar la normativa. Son muchos los pronunciamientos administrativos y judiciales que han dotado de vida los preceptos de la norma. Es desde esa perspectiva que en la litigiosidad se esconde, en ocasiones, un tesoro que vale la pena explorar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Es frecuente leer o escuchar que la normativa de contrataci\u00f3n p\u00fablica es un cors\u00e9 que no se ajusta como deber\u00eda a la compra de medicamentos y productos sanitarios. Dicho desorden o desajuste va siendo moldeado mediante las interpretaciones razonadas y razonables que sobre la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) hacen los tribunales administrativos… <\/p>\n