La Ley 2\/2023, m\u00e1s conocida como Ley del Informante, obliga a las empresas con 50 o m\u00e1s trabajadores a implantar un sistema o canal interno de denuncias. Los criterios que deben seguirse para un adecuado dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de estos canales van perfil\u00e1ndose poco a poco por parte de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, a trav\u00e9s de diversos documentos, entre ellos la Recomendaci\u00f3n 1\/2026. Pero no basta con tener un canal \u00e9tico para evitar responsabilidades, lo que cuenta es c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se investiga lo que llega por \u00e9l. As\u00ed nos lo recuerda una sentencia, recientemente publicada, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que hace conveniente revisar c\u00f3mo efectivamente las empresas gestionan las denuncias internas.<\/p>\n\n\n\n
En aquel caso, se sancion\u00f3 a una compa\u00f1\u00eda por su falta de diligencia al investigar un presunto caso de acoso laboral denunciado a trav\u00e9s de su canal \u00e9tico. Los hechos que dieron lugar a la sanci\u00f3n fueron los siguientes: La comisi\u00f3n investigadora se constituy\u00f3 seis semanas despu\u00e9s de recibir la denuncia; el plazo se ampli\u00f3 sin justificaci\u00f3n; durante cuatro meses no se practic\u00f3 ninguna diligencia; y las conclusiones definitivas llegaron cuando ya hab\u00eda vencido el plazo m\u00e1ximo de seis meses. Adem\u00e1s, el propio instructor reconoci\u00f3 que le faltaba experiencia y conocimientos en la materia, no contrat\u00e1ndose asesoramiento externo hasta muy avanzada la investigaci\u00f3n. Para el tribunal, esa inexperiencia, lejos de justificar el retraso, \u201cno hace sino redundar en la falta de diligencia de la empresa\u201d. Tambi\u00e9n advierte de que el incumplimiento tiene una dimensi\u00f3n colectiva: despierta \u201crazonables sospechas\u201d sobre el funcionamiento del protocolo del canal \u00e9tico dentro de la empresa.<\/p>\n\n\n\n
Investigar con diligencia supone respetar unos principios b\u00e1sicos. El primero es la celeridad, puesto que la Ley del Informante exige acusar recibo en siete d\u00edas naturales y responder en tres meses, ampliables a seis solo en casos complejos. A ello deben sumarse necesariamente la imparcialidad y la competencia de quien investiga, la confidencialidad del informante y el derecho de la persona afectada a ser informada y o\u00edda. La proporcionalidad es igualmente esencial. Una investigaci\u00f3n deficiente expone a la compa\u00f1\u00eda a posibles responsabilidades, sanciones y un da\u00f1o reputacional que puede ser dif\u00edcil de revertir. Adem\u00e1s, resta credibilidad al modelo de compliance penal que deber\u00eda protegerla.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, la existencia de un canal de denuncias efectivo no deber\u00eda verse como un mero tr\u00e1mite exigido por ley, sino como una herramienta \u00fatil y capaz de advertir a tiempo de posibles conductas il\u00edcitas. Desde esta perspectiva, los compliance officers y los equipos jur\u00eddicos deber\u00edan revisar los procedimientos que regulan los canales internos de sus compa\u00f1\u00edas, y comprobar que los plazos internos se pueden cumplir en la pr\u00e1ctica. Tambi\u00e9n conviene que quienes investiguen tengan asesoramiento especializado para gestionar adecuadamente las denuncias. El cumplimiento normativo no es un mero ejercicio formal. Investigar bien es imprescindible, pero tambi\u00e9n hay que hacerlo a tiempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Ley 2\/2023, m\u00e1s conocida como Ley del Informante, obliga a las empresas con 50 o m\u00e1s trabajadores a implantar un sistema o canal interno de denuncias. Los criterios que deben seguirse para un adecuado dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de estos canales van perfil\u00e1ndose poco a poco por parte de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del… <\/p>\n