Durante estos \u00faltimos a\u00f1os se han venido aprobando en Espa\u00f1a los denominados \u201cPlanes de Pago a Proveedores\u201d (PPP). Los PPP son mecanismos de financiaci\u00f3n para el pago a los proveedores de las Administraciones P\u00fablicas, que tienen por finalidad aliviar los impagos padecidos por dichos proveedores a consecuencia de la crisis econ\u00f3mica. No obstante, las normas que regulan los PPP tambi\u00e9n establecen que, una vez adherido el proveedor a ese mecanismo y abonado el principal adeudado, ello conlleva la extinci\u00f3n total de la deuda contra\u00edda con la Administraci\u00f3n, es decir, no s\u00f3lo por el principal sino tambi\u00e9n por los intereses de demora que le pudieran corresponder al proveedor.<\/p>\n
Un dilema que ya no lo es<\/strong><\/p>\n Muchos proveedores optaron por incluir sus facturas impagadas en los PPP, cobrar el principal y olvidarse de reclamar cualquier inter\u00e9s de demora al que pudieran tener derecho, por cuantioso que \u00e9ste fuese. Sin embargo, algunos pocos, aun habi\u00e9ndose acogido al PPP, decidieron reclamar los intereses de demora a los que cre\u00edan tener derecho. Poco a poco diversos juzgados est\u00e1n estimando estas reclamaciones, el \u00faltimo de los cuales ha sido el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00famero 21 de Sevilla, mediante sentencia de 19 de Noviembre. En dicha sentencia se sigue el mismo criterio que ya marc\u00f3 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00famero 6 de Valencia en su sentencia de 24 de Noviembre de 2014.<\/p>\n Efecto directo de la directiva<\/strong><\/p>\n Dichos \u00f3rganos judiciales recuerdan que la Directiva 2011\/7\/UE introdujo diversas novedades en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, aplicables a las operaciones entre particulares, y a las operaciones con la Administraci\u00f3n. Una de estas novedades es la de considerar abusivas \u2013y por tanto nulas\u2013 aquellas cl\u00e1usulas contractuales o pr\u00e1cticas que excluyan los intereses de demora.<\/p>\n Nuestro legislador incorpor\u00f3 esta cuesti\u00f3n contenida en la Directiva, modificando para ello la Ley 3\/2004 que regula las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en Espa\u00f1a. Sin embargo, no modific\u00f3 en el mismo sentido la previsi\u00f3n contenida en las normas reguladoras de los PPP, de que el cobro del principal excluye el cobro de los intereses de demora. Seg\u00fan los jueces, la aludida Directiva es directamente aplicable al caso, lo que conlleva la nulidad de la renuncia -ya sea voluntaria o no\u2013 al cobro de los intereses de demora. La nulidad comporta que el proveedor tenga derecho al cobro de los intereses de demora pertinentes.<\/p>\n En los pr\u00f3ximos meses es muy probable que tengamos confirmaci\u00f3n de todo lo anterior tambi\u00e9n por parte del propio Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, cuando responda a la cuesti\u00f3n prejudicial que al respecto le plante\u00f3 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00famero 6 de Murcia a finales de 2014.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante estos \u00faltimos a\u00f1os se han venido aprobando en Espa\u00f1a los denominados \u201cPlanes de Pago a Proveedores\u201d (PPP). Los PPP son mecanismos de financiaci\u00f3n para el pago a los proveedores de las Administraciones P\u00fablicas, que tienen por finalidad aliviar los impagos padecidos por dichos proveedores a consecuencia de la crisis econ\u00f3mica. No obstante, las normas… <\/p>\n