Los automatismos en la toma de decisiones no suelen ser una pol\u00edtica inteligente a medio y largo plazo. Ofrecen algunas ventajas inmediatas, qu\u00e9 duda cabe. Al principio nos ahorran quebraderos de cabeza, como tener que buscar soluciones alternativas m\u00e1s creativas y sofistica\u00addas para ciertas situaciones particulares. Pero a la larga los inconvenientes suelen superar de largo estas ef\u00edmeras ventajas.<\/p>\n
Desde estas p\u00e1ginas hemos insistido hasta la saciedad en la conveniencia de huir de tales automatismos en la toma de decisiones por las administraciones p\u00fablicas .as\u00ed como en la importancia de apoyarse en el sentido com\u00fan como elemento orientador. Esta pol\u00edtica resulta m\u00e1s engorrosa e inc\u00f3moda al principio, pero evita tener que enmendar a posteriori las consecuencias indeseables de las decisiones poco meditadas. Las cuales suelen tradu\u00adcirse en un mayor coste para los intere\u00adses p\u00fablicos que podr\u00eda haberse evitado de haberse escuchado en su momento al administrado.<\/p>\n
El caso es que el dif\u00edcil escenario econ\u00f3mico que hemos atravesado en los \u00faltimos a\u00f1os ha alentado una forma de actuar en nuestras autoridades sanitarias, en la que el mero objetivo de la contenci\u00f3n del gasto ha primado en demasiadas ocasiones sobre otras consideraciones igualmente leg\u00edtimas. Con el resultado que cab\u00eda esperar, el Tribunal Supremo ha tenido que enmendar postulados tan alejados de la realidad y del sentido com\u00fan, como la pretensi\u00f3n de la administraci\u00f3n de implementar un sistema en el que el precio de referencia para un determi\u00adnado principio activo ven\u00eda marcado por la existencia de gen\u00e9ricos que ni siquiera estaban presentes de forma efectiva en el mercado. La anulaci\u00f3n por este motivo de la Orden de precios de referencia del a\u00f1o 2009 ha abierto la puerta a las reclamaciones econ\u00f3mi\u00adcas por parte de los laboratorios perjudicados, quienes, con toda raz\u00f3n, exigen que se les compense ahora con intereses por perjuicios evitables.<\/p>\n
La reciente sentencia del Supremo, anulando la decisi\u00f3n del Ministerio de Sanidad de constituir una agrupaci\u00f3n homog\u00e9nea con dos autoinyectores diferentes de epinefrina \u2014permitiendo as\u00ed su sustituci\u00f3n por el farmac\u00e9utico en raz\u00f3n meramente de su precio\u2014 abunda en este problema. El alto tribu\u00adnal no cuestiona que ambos productos puedan ser considerados equiparables en cuanto a su principio activo, dosis, contenido, forma farmac\u00e9utica y v\u00eda de administraci\u00f3n. Advierte, sin embargo, que para que ambos productos puedan integrase en una agrupaci\u00f3n homog\u00e9nea, deben ser adem\u00e1s intercambiables entre s\u00ed, en el sentido de que la sustituci\u00f3n pueda llevarse a cabo sin merma para la seguridad del paciente.<\/p>\n
La existencia de diferencias significativas en sus dispositivos de administraci\u00f3n ha sido considerada por el tribunal como un factor que imped\u00eda la intercambiabilidad. En especial, al tratarse de medicamentos destinados a tratar un eventual choque anafil\u00e1ctico, situaci\u00f3n en la que la familiaridad del paciente con el dispositivo de administraci\u00f3n puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del tribunal, en el que nuestro despacho ha ejercido la direcci\u00f3n letrada, presenta una importancia singular cara al futuro. No solo por corregir una decisi\u00f3n incomprensible de la administraci\u00f3n, sino por marcar una pauta de futuro en cuanto a la interpretaci\u00f3n de la \u201cintercambiabilidad\u201d, que podr\u00eda tener derivaciones de calado en otros contenciosos hoy en marcha como las subastas andaluzas.<\/p>\n