En la segunda, moderada por Moisés Ramírez (GSK), Josep Montefusco (Clifford Chance) trató sobre la defensa de patentes, de los CCPS y de la cláusula bolar, y yo mismo hablé sobre las acciones que se pueden ejercer, en la práctica, en caso de que un competidor incumpla la obligación de abstenerse de comercializar un genérico o biosimilar durante el periodo denominado de exclusividad comercial (el conocido como +2+1).

En el mundo del derecho farmacéutico, ya se sabe, los problemas jurídicos son de difícil manejo, no tiene sentido obcecarse en la búsqueda de una solución que carezca de efectos secundarios relevantes, porque no existe; la gama de grises es muy amplia, porque la relación entre los distintos bienes jurídicos a proteger no es sencilla. A mí me sigue pareciendo, llámenlo deformación profesional, que velar por la seguridad jurídica es siempre un objetivo loable. Es posible que Antonio Blázquez (Aemps) llevase razón cuando expuso que uno de los principales problemas sectoriales en Europa es la deslocalización; y que en su opinión los incentivos a la innovación no son la herramienta más adecuada para combatirla.

Hay otras personas que legítimamente piensan diferente, que los incentivos ofrecidos por la legislación farmacéutica pueden ser un elemento de atracción de inversiones y facilitar que los productos lleguen a los pacientes europeos con antelación. Por mi parte, yo creo que cualquier proyecto de inversión necesita principalmente seguridad jurídica. No han de ser las normas quienes garanticen el retorno de la inversión; pero tampoco deben generar incertidumbre sobre ese retorno, porque la incertidumbre es una gran amenaza para la inversión, sin inversión no hay innovación; y sin innovación no tiene mucho sentido luchar por la localización. Porque supongo que puestos a localizar lo interesante son los proyectos que suponen innovación, la que sea (la básica, la incremental o incluso la que proviene de quienes desarrollan y fabrican genéricos y biosimilares, que también aportan). Todo está relacionado, todo.

En medio de estos debates, defender la seguridad jurídica supone también apostar por reducir al máximo la litigiosidad y el conflicto, y eso es lo que tenemos que hacer. La dificultad de adaptar la legislación al entorno cambiante no ayuda (el entorno cambia cada día; y modificar las normas es muy complicado); y muchas veces la aplicación de las normas por parte de las administraciones y los jueces sería muy mejorable. También es verdad que hay abogados y compañías a las que les puede convenir complicar las cosas; pero me parece indiscutible que apostar por la seguridad jurídica y la disminución de los conflictos reportará ventajas para todos y es algo a lo que los abogados deberíamos contribuir.

La entrada Incentivos, innovación y seguridad jurídica aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

Desde esta perspectiva, es de agradecer poder comentar en esta tribuna que el Tribunal Supremo (TS) ha fallado recientemente a favor de una interpretación coherente y razonable de la norma, respetuosa con su letra sin dar la espalda a la finalidad que la norma persigue y que en ocasiones se obvia.

Hablamos de la sentencia de 30 de abril de 2024, recientemente publicada, donde se impugnaba una previsión de los pliegos que imponía al adjudicatario la obligación de entregar en depósito los productos sanitarios objeto del contrato de suministro y la de revisar sus caducidades hasta el momento de su recepción por parte de la administración contratante, que se produciría únicamente en el momento de la implantación del producto (catéteres) al paciente.

De esta manera, se trasladaba al adjudicatario el riesgo de la pérdida o daño de los productos mientras no fueran utilizados por los servicios sanitarios del hospital, incluso el riesgo de su caducidad, y además se difería el inicio del cómputo del plazo de pago al momento del uso de los dispositivos por el hospital.

La Administración justificó la exigencia de dichas obligaciones en que la LCSP distingue entre los momentos de entrega y de recepción de los productos y que, dadas las dinámicas de utilización de los catéteres, resultaba correcta tal previsión en los pliegos.

La posición del TS es que, si bien la LCSP distingue entre la entrega y la recepción, no dejan de ser dos momentos “sucesivos y determinados en el tiempo”, por lo que una disociación entre la entrega del producto y su efectiva utilización en el paciente -de fecha incierta- es una separación artificiosa que no está amparada por la norma. La norma no permite una entrega de un bien en concepto de depósito y que su recepción sea indefinida y ambigua, condicionada a un evento futuro como es una enfermedad y la necesidad de implantar el producto en el paciente.

Además, sigue diciendo el TS, que la no determinación del momento de la recepción del producto conlleva a la incerteza del momento del pago -pendiente de un hecho futuro y eventual como es la necesidad medica de su utilización-, en claro perjuicio para el suministrador.

Pronunciamientos judiciales como el comentado tienen una función relevante más allá de resolver la propia litigiosidad, que es la de clarificar la normativa. Son muchos los pronunciamientos administrativos y judiciales que han dotado de vida los preceptos de la norma. Es desde esa perspectiva que en la litigiosidad se esconde, en ocasiones, un tesoro que vale la pena explorar.

La entrada Más certidumbre en la compra pública aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

La entrada Faus Moliner participa en «International Comparative Legal Guide to Product Liability 2024» aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

A nivel mundial en volumen de ensayos, aunque se está observando un crecimiento relevante en toda la región Asia-Pacífico, vamos por detrás sólo de Estados Unidos. No hemos llegado a este nivel por casualidad. Este ecosistema propicio para la investigación biomédica ha podido alcanzarse gracias a varios factores. Uno muy relevante es que hemos sido el primer país de la UE en adaptar su normativa al Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos, vía el Real Decreto 1090/2015, simplificando y armonizando a nivel nacional los procedimientos y dinámicas de los ensayos.

La AEMPS y los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) también ha contribuido a dar mayor claridad a este marco normativo, con sus guías y directrices periódicamente actualizadas. Sin olvidar la buena gestión de los datos de salud en este ámbito gracias al papel desempeñado por la Agencia Española de Protección de Datos, y a que disponemos de un Código de Conducta regulador del tratamiento de datos personales pionero en Europa. Todo esto nos ha dado sin duda una importante ventaja competitiva frente al resto.

No obstante, es altamente conveniente seguir implementando mejoras que hagan más atractiva si cabe la inversión en investigación clínica en nuestro país. Aún hay mucho por avanzar en aspectos como los elementos descentralizados de los ensayos, el uso de soluciones tecnológicas o en agilizar y reducir algunos trámites burocráticos. También podrían mejorarse los tiempos en la puesta en marcha de los ensayos. Precisamente hace pocos días la AEMPS ha puesto en marcha un procedimiento de evaluación acelerada o “fast-track” para ensayos clínicos de fase I que investiguen medicamentos de terapia avanzada para el tratamiento de enfermedades gravemente debilitantes o que ponen en peligro la vida del paciente y que no tienen alternativa terapéutica.

Algo que ya venía reclamando el sector y que otros países de nuestro entorno ya habían previsto. Con esta medida, el plazo de puesta en marcha del ensayo puede verse reducido sustancialmente. Por su parte, los CEIm que participen en la evaluación del ensayo deberán estar adheridos al procedimiento fast-track. Por el momento hay 9 CEIm adheridos de entre todos los acreditados en España. Una muy buena noticia para todo el sector, pero sobre todo y fundamentalmente para los pacientes con enfermedades graves, ya que medidas como estas les permitirán acceder antes a nuevas oportunidades terapéuticas, especialmente a aquellos que no han respondido a medicamentos ya aprobados.

La entrada Ensayos Fast Track aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

Jordi Faus participated, together with Anne Walsh (Hyman, Phelps & McNamara, P.C.), as moderator of a panel aimed at addressing the challenges in complying with and navigating between regulations and authorities. Lluís Alcover, along with Moisés Ramírez (GSK) and Anders Thue (Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS), participated as moderator in a panel discussion aimed at analyzing cases of disparagement in interactions between pharmaceutical companies and healthcare professionals.

La entrada Faus Moliner participates in the “10th Annual World Life Sciences Conference” organized by the International Bar Association aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

Lejos del Bernabéu, abogados de todo el mundo tuvimos la ocasión de intercambiar puntos de vista sobre numerosas cuestiones de interés en el ámbito del derecho farmacéutico. Frecuentemente, al finalizar este tipo de eventos, no puedo evitar pensar en la responsabilidad que tenemos los profesionales del derecho que estamos de un modo u otro implicados en este sector. Fíjense: en estos dos días, entre otros temas, hemos hablado de acceso al mercado y financiación de terapias avanzadas, de desabastecimientos, de comercio electrónico de medicamentos y productos sanitarios, de la protección regulatoria de los medicamentos huérfanos, de importaciones paralelas, de publicidad de medicamentos, de prácticas comerciales abusivas, de responsabilidad por productos defectuosos, de patentes, de la gestión y del uso de los datos sanitarios, del impacto de la inteligencia artificial en el sector sanitario y de responsabilidad social corporativa. Tuvimos también la suerte de escuchar a Rui Santos Ivo sobre el presente y las tendencias futuras de la regulación farmacéutica europea.

Las conclusiones que me gustaría compartir en el espacio que permite esta columna son tres: en primer lugar, el contenido de las normas y su aplicación es y será determinante para que todos los agentes presentes en el sector de ciencias de la salud logren sus objetivos. Todas las cuestiones a las que me he referido están altamente influenciadas por normas jurídicas y por el modo cómo se aplican, razón por la que creo que es muy importante contar con profesionales bien formados en estas cuestiones y con empresas e instituciones (especialmente las administrativas) dispuestas a tratar los retos que se plantean con cierto espíritu crítico y sin caer en posiciones dogmáticas cuya única ventaja es que pueden resultar cómodas para quien ostenta un posición de poder.

Mi segunda conclusión es que la especialización en este terreno exige una visión multidisciplinar que tenga en cuenta no sólo los elementos jurídicos sino otros que son igualmente relevantes, tales como los científicos, los económicos y los sociales. Es evidente que en el contexto actual, al menos en Europa, conviene que cualquiera de las cuestiones antes mencionadas sea valorada considerando su impacto en relación con la triple A (access, availability and affordability), lo cual exige crear, interpretar y aplicar normas con esa visión multidisciplinar.

Finalmente, me quedo con una conclusión que extraigo de las ideas que expresó magistralmente Federico de Montalvo: nada de todo esto tiene sentido si no tenemos muy presentes los aspectos éticos. Un ejemplo: el individualismo que inspira muchas conductas no debería tener como cómplice el requisito del consentimiento personal para impedir o dificultar el uso secundario de datos de salud en beneficio de la comunidad.

La entrada A propósito de la World Life Sciences Conference de la International Bar Association aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

La entrada El medicamento en los tribunales en el año 2023 aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

This judgment concerns an appeal against the European Commission’s Implementing Decision on marketing authorisations (“MAs”) for medicinal products containing the active substance hydroxyethyl starch (“HES”) indicated for the treatment of hypovolemia caused by sudden blood loss. All HES medicinal products had been authorised at national level by the Member States.

In order to properly comprehend the legal controversy resolved in this judgment, the following facts are relevant.

Since 2013, the products in question have been the subject of several evaluations regarding their benefit-risk balance, in particular due to an increased risk of renal dysfunction and mortality if administered to patients suffering from sepsis, burns or who are critically ill. The same year, the European Commission ordered the Member States to amend the MAs of HES medicinal products  to include new contraindications and warnings and to reduce their posology.

In 2018, the Commission again ordered Member States to amend the marketing autorisations to HES medicinal products to include additional risk minimisation measures, as the measures initially adopted were not being respected in clinical practice. These additional measures included circumscribing the supply of the medicinal products in question to those healthcare professionals who had followed specific mandatory training, as well as including more visible warnings on the packaging.

In 2022, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (“PRAC”), adopted an assessment report in which it concluded that (i) non-compliance with product information measures persisted; (ii) HES products continued to be used in populations in which they are contraindicated; and (iii) therefore presented an increased risk of serious harm, including mortality. The PRAC indicated that no additional measures could be identified that would sufficiently ensure the safe use of HES. The PRAC concluded that the benefit-risk balance of  HESwas unfavorable and recommended discontinuing their MAs.

In view of this report and the conclusions also adopted by the CMDh, the Commission adopted the decision of 15 May ordering the Member States to suspend the MAs of HES medicinal products. However, the decision provided for an exception: Member States may, exceptionally, for a maximum period of eighteen months from the date of adoption of the decision, postpone the suspension.

Fresenius, holder of several MAs for HES medicinal products, appealed the decision before the General Court of the European Union (GC). As we have already mentioned, the GC rejects all the arguments put forward by Fresenius and dismisses the appeal in its entirety. However, we find it interesting to delve into  the  General Court’s interpretation of the concept of “benefit-risk” balance in relation to medicinal products for human use.

Should off-label use be taken into account in assessing the “benefit-risk” balance?

Fresenius claimed that the Commission had infringed Article 116 of Directive 2001/83/EC, which empowers the competent authorities to suspend, revoke or vary a marketing authorisation when it is considered, inter alia, that the risk-benefit balance is not favourable. In this regard, Fresenius considered that the suspension of a marketing authorisation was only possible if the product in question does not offer a favorable risk-benefit balance when used in accordance with its SmPC. According to Fresenius, the risks arising from off-label use should not influence the decision to suspend a MA.

The GC  analyses how the concept of “benefit-risk” balance should be interpreted according to the wording, context and objective pursued in Directive 2001/83/EC and concludes that the risks related to the off-label use of the medicinal product can be taken into account in the benefit-risk assessment.

On literal interpretation

The GC notes that Directive 2001/83/EC defines the risk-benefit balance as “the assessment of the positive therapeutic effects of the medicinal product in relation to any risks related to the quality, safety and efficacy of the medicinal product for the health of the patient or for public health”. On the basis of this wording, the GC concludes that this concept is sufficiently broad to allow the risks related to the off-label use of a medicinal product to be taken into account.

On contextual interpretation

The GC focuses on the information obligations of all marketing authorisation  as set out in Article 23 of Directive 2001/83/EC. Among these, it is expressly provided for the obligation for the marketing authorisation holder to communicate to the national competent authority the “data on the use of the medicinal product when such use does not comply with the terms of the [marketing authorisation]”. This reporting obligation, the GC points out, would be meaningless if the competent authority could not take these data into account and draw consequences from them.

In addition, the GC sets out the purpose and scope of the data to be collected from the pharmacovigilance system regulated in Article 101 of Directive 2001/83/EC. This provisionexpressly states that the information to be collected in the pharmacovigilance system shall relate to adverse reactions caused by the use of a medicinal product in accordance with the terms of the marketing authorisation “and by uses outside such terms”. Relying on this idea, the GC concludes that Directive 2001/83/EC does not contain any provision indicating that the risks of off-label use of a medicinal product should be taken into account for the purposes of the pharmacovigilance system, but not for the purposes of deciding on the revocation, suspension or modification of a marketing authorisation.

Lastly, the GC notes that the fact that Article 116 of Directive 2001/83 does not contain any reference to “normal conditions” of use corroborates the Commission’s interpretation that the concept of “risks related to the use of the medicinal product” also covers risks related to its use outside its marketing authorisation.

On teleological interpretation

According to the GC, Article 116 of Directive 2001/83 must be interpreted in accordance with its ultimate objective: the safeguarding of public health. To this end, the competent authorities must be able to take into account information on all risks to public health posed by a medicinal product, including those related to its off-label use.

In this regard, the GC reinforces its interpretation with the preparatory works of Directive 2010/84, which amended, among others, Article 116 of Directive 2001/83. It follows from them that the Commission deleted the concept “normal conditions of use” because “it is not defined and could be interpreted as restricting regulatory measures in case of a serious public health issue related to off -label use”. 

Conclusion

In view of the foregoing, the GC concludes that it follows from the literal, contextual and teleological interpretation of Article 116 of Directive 2001/83 that the Commission acted correctly in assessing the benefit-risk balance of medicinal products containing HES as an active substance, taking into account the risks involved in their off-label use.

La entrada How should the “benefit-risk” concept of a medicinal product be interpreted? aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

Use of tables, charts or illustrations

The monograph reminds us that when using tables, charts or illustrations in the materials, their reproduction must be “faithful”. The notice lacks clarity on what is meant by faithful reproduction. Previously, graphics were required to be reproduced “literally” (as, in fact, stipulated in earlier versions of the Farmaindustria Code).

At present, the reproduction of these elements is required to be “faithful”. From the analysis of Autocontrol’s rulings, we conclude that a “faithful” reproduction would allow a change of format, or even a simplification of a graphic (provided that the omission of data is not misleading, of course). We understand that Catalonia Government’s position on this point is the same, precisely because it refers, in the notice under analysis, to Autocontrol’s rulings.

Limitations of source scientific studies. Primary and secondary objectives

The monograph also emphasises that advertising of medicinal products can be supported by scientific studies that have limitations, provided that these limitations are clearly disclosed in the promotional material. For example, it is worth noting that according to Autocontrol referencing results in secondary objectives cannot be prohibited per se if statistical significance was not achieved with respect to the main objective. However, it is necessary to ensure that presenting these results does not infringe the principle of objectivity. For this purpose, it should be clearly stated that the expected statistical significance was not achieved for the primary objective.

Moreover, according to Autocontrol’s doctrine (which the Catalan monograph adopts), it is not possible to rely on secondary results when the study is hierarchical.

Transfer of study results on the active substance

The monograph notes that clinical data and references from studies cannot be applied to the promoted medicinal product when they have been obtained only for the active substance and not for the resulting medicinal product. According to the monograph, “if the advertising materials convey that the results have been obtained directly and specifically with the promoted medicinal product and this has not been the case, the principle of objectivity would be infringed”. Therefore, it would be correct to promote the product by referring to studies on an active substance, as long as it is clearly specified that the studies have been carried out on the active substance.

Finally, the monograph points out the most frequent infringements in this area (which can provide insights into both the most common mistakes in preparing promotional materials and the aspects most scrutinised by authorities). Therefore, it is essential to pay particular attention to:

(i) adaptations or alterations of data, tables and graphs from studies;

(ii) references to studies that are not carried out accurately; and

(iii) comparisons of safety, efficacy or other properties across different scientific studies or without specifying their statistical significance.

La entrada Harmonisation of guidelines for the use of scientific data in advertising to healthcare professionals aparece primero en Faus & Moliner Abogados.

These decisions stem from a complaint by GSK against AstraZeneca for promotional materials related to the medicinal product Fasenra® that had been presented at several satellite symposia during national scientific congresses.

AstraZeneca markets Fasenra® (benralizumab) which is indicated as an add-on maintenance treatment in adult patients with severe eosinophilic asthma (“AGE” by its Spanish acronym). According to GSK, AstraZeneca had conveyed the message at the satellite symposia that Fasenra® was effective for the treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis (“RSCcPN” by its Spanish acronym) when presented with AGE.

Compatibility with the SmPC and misleading information

One of the basic principles governing the advertising of medicinal products is that it must comply with the summary of product characteristics (SmPC), according to article 1.2 of Royal Decree 1416/1994 on the advertising of medicinal products. This is usually known as the principle of compatibility with the SmPC.

In this case, the Jury analyses whether the Fasenra® messages concerning the treatment of RSCcPN are compatible with the SmPC of the product. AstraZeneca denied infringement of the principle of compatibility with the SmPC on the grounds that it was not possible for the recipients of the messages to perceive an efficacy message for Fasenra® for RSCcPN, noting that the materials included a warning that the product was not indicated for the treatment of RSCcPN.

The Jury determines that it is incompatible with the SmPC of Fasenra® to disseminate messages about its efficacy for a disease other than the approved therapeutic indication of the medicinal product (i.e. AGE). In this regard, the decision points out that the legislation and the Farmaindustria Code prohibit the dissemination of messages incompatible with SmPC, regardless of whether they are misleading to the recipients. Therefore, whether the recipient of the information is misled as to the scope of the authorised indication of the medicinal product is irrelevant when assessing compliance with the principle of compatibility with SmPC.

Advertising will be incompatible with the SmPC of the promoted medicinal product if, according to Autocontrol’s established doctrine, it includes claims/statements (i) objectively incompatible with those included in the SmPC or (ii) assessed at the time by the health authorities for their potential inclusion in the SmPC and expressly or implicitly rejected.

Unauthorised indications and international congresses

Without prejudice to Autocontrol’s ruling, it should be recalled that there is an exception to this principle of compatibility of SmPC and it is contained in Article 7.4 of the Farmaindustria Code, in the Circular No 1/2000 of the Autonomous Community of Madrid and in the Catalan Guide to the advertising of medicinal products.

This exception allows the promotion of unauthorised products or indications at international congresses organised by third parties and attended by numerous professionals from other countries, provided that the materials comply with two requirements: (i) be written in English or in the language of a country where the product or indication in question is authorised; and (ii) include a warning (at least in Spanish) in prominent, clearly visible, continuous, durable and legible letters of the following type: “this medicinal product is not authorised in Spain for the following indication…” or similar.

La entrada Conformity with the SmPC is a “per se” rule in advertising of medicinal products aparece primero en Faus & Moliner Abogados.