Dentro de dos meses entrar\u00e1 en vigor el grueso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y Buen Gobierno, que debe permitir a cualquier persona acceder a cualquier documento que obre en poder de cualquier administraci\u00f3n p\u00fablica y que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones. La ley establece los mecanismos oportunos para que los interesados puedan ejercer este derecho, y tambi\u00e9n contempla algunas excepciones. La entrada en vigor de esta norma es, en mi opini\u00f3n, uno de los acontecimientos de mayor relevancia en nuestro derecho administrativo en los \u00faltimos a\u00f1os. Ante la inminencia del evento, creo que es bueno reflexionar sobre algunos de los elementos que sin duda incidir\u00e1n en el \u00e9xito o fracaso de la nueva ley.<\/p>\n
En primer lugar debemos hacer menci\u00f3n a la voluntad pol\u00edtica. La Ley estableci\u00f3 plazos largos para su entrada en vigor, con el objetivo de permitir a las administraciones adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Por otro lado, la propia Ley dispuso que el Consejo de Ministros deb\u00eda aprobar, antes del 10 de marzo de 2014, el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un \u00f3rgano de nueva creaci\u00f3n llamado a jugar un papel muy importante en la aplicaci\u00f3n de la Ley. Hasta la fecha, el Consejo de Ministros ha incumplido el mandato legal. A dos meses de la entrada en vigor de la Ley, es urgente que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y apruebe el Estatuto.<\/p>\n
En cuando a las administraciones p\u00fablicas, ser\u00e1 preciso que se les dote de los medios necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones legales. Adem\u00e1s, ser\u00e1 muy conveniente que al aplicar la Ley, en particular al valorar las peticiones y en especial al invocar alguna de las excepciones previstas, las administraciones act\u00faen con cautela y con voluntad de favorecer el ejercicio del derecho de acceso a los documentos e informaciones que obran en su poder. La Ley espa\u00f1ola incorpora al derecho interno una serie de principios y reglas que llevan ya m\u00e1s de 10 a\u00f1os vigentes en la Uni\u00f3n Europea. Por ello, un repaso a c\u00f3mo se aplican estas normas y las excepciones en los pa\u00edses de nuestro entorno, y en la propia Uni\u00f3n Europea, ser\u00eda un ejercicio m\u00e1s que deseable.<\/p>\n
Finalmente, los administrados jugaremos tambi\u00e9n un papel muy importante. En este punto conviene recomendar que los procedimientos creados por la nueva Ley sean utilizados de forma leal. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 25 de septiembre, es muy ilustrativa al respecto. En ese caso, los padres de un ni\u00f1o que falleci\u00f3 supuestamente a causa de un tratamiento a base de c\u00e9lulas aut\u00f3logas administradas en una cl\u00ednica en Alemania demandaron a la Comisi\u00f3n por negarles el acceso a documentos relativos a un procedimiento iniciado por la Comisi\u00f3n cuyo objetivo era verificar si Alemania hab\u00eda respetado el derecho comunitario aplicable a dichos tratamientos. La Sentencia revela que el inter\u00e9s de los padres era obtener documentos con la finalidad de utilizarlos en un proceso civil contra la cl\u00ednica, a lo que el Tribunal respondi\u00f3 que no deb\u00eda admitirse la instrumentalizaci\u00f3n de estos procedimientos para obtener acceso a pruebas que no est\u00e1n disponibles por otra v\u00eda.<\/p>\n
Bienvenidas sean pues las medidas de transparencia y buen gobierno, esperemos que entre todos seamos capaces de lograr una correcta aplicaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dentro de dos meses entrar\u00e1 en vigor el grueso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y Buen Gobierno, que debe permitir a cualquier persona acceder a cualquier documento que obre en poder de cualquier administraci\u00f3n p\u00fablica y que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones. La ley… <\/p>\n