En art\u00edculos anteriores hemos abordado el problema del encaje del derecho a la protecci\u00f3n de la salud individual en el contexto del derecho que con car\u00e1cter general reconoce el art. 43 de la CE y de la obligaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos de tutelar la Salud P\u00fablica.<\/p>\n
Nos referimos entonces al papel trascendental del auto del Constitucional de 2013, en el que se reconoce sin ambages que, si bien la contenci\u00f3n del gasto farmac\u00e9utico es un objetivo a perseguir por el SNS, ello no obsta a que el derecho consagrado en la constituci\u00f3n tenga asimismo una proyecci\u00f3n individual en el ciudadano en tanto que receptor de las prestaciones sanitarias.<\/p>\n
En otras palabras, la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema no debe prevalecer sobre la protecci\u00f3n de la salud individual a trav\u00e9s de las prestaciones a las que nos hace acreedor nuestro ordenamiento. Justo es reconocer que no es sencillo el equilibrio entre ambos intereses.<\/p>\n
La crisis, que con tanta dureza nos ha golpeado, ha puesto de manifiesto que nuestro sistema sanitario p\u00fablico quiz\u00e1s est\u00e1 sobredimensionado, y que puede no resultar sostenible incluso a corto plazo por muchas transferencias que se efect\u00faen. Un problema endiablado, pero que no puede servir de coartada para que los gestores del sistema, a diferentes niveles, se sientan avalados para saltarse la ley y hacer papel mojado de los derechos del ciudadano.<\/p>\n
El problema no es nuevo, y ya fue expuesto con claridad a principios de los noventa por el informe Abril. Pero como suele ocurrir en debates sensibles, la \u00fanica respuesta de la que han sido capaces unos y otros ha sido barrerlo bajo la alfombra, y que arree el infortunado al tim\u00f3n cuando nos alcance la quiebra. Todo un ejercicio de responsabilidad pol\u00edtica.<\/p>\n
Y es aqu\u00ed, precisamente, donde la ratio \u00faltima del sistema de divisi\u00f3n de poderes, en la que debe descansar todo Estado de Derecho que se precie, alcanza y manifiesta su verdadera dimensi\u00f3n en cuanto trinchera \u00faltima de los derechos y libertades individuales frente a la maquinaria del poder que, de no mediar contrapoderes que lo impidan, podr\u00eda laminarlos con asombrosa facilidad. Debo reconocer que he sido muy cr\u00edtico con el acomplejamiento con el que el poder judicial se ha enfrentado a aut\u00e9nticas tropel\u00edas que, en nombre de la sostenibilidad y el inter\u00e9s p\u00fablico, no eran sino f\u00e1ciles salidas al problema presupuestario a costa de los pacientes. Para m\u00ed, no obstante, resulta evidente que estamos ante un punto de inflexi\u00f3n.<\/p>\n
Tras el auto del Tribunal Constitucional, resulta cada vez m\u00e1s obvio que algo est\u00e1 cambiando, y que estamos pasando de una \u00e9poca en las que el mayor reproche que cab\u00eda esperar era que se reconociese el derecho del paciente al reembolso del tratamiento que hab\u00eda tenido que pagar de su bolsillo, a sentencias mucho m\u00e1s severas, en las que se condena sin paliativos las equivalencias terap\u00e9uticas que en aras del ahorro se han pretendido imponer en determinadas regiones, o, incluso, en nuestro sistema penitenciario.<\/p>\n
La \u00faltima decisi\u00f3n de imputar a determinados cargos p\u00fablicos por negar un tratamiento incluido en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica es quiz\u00e1s la m\u00e1s llamativa. Un tema sensible y que conviene abordar con mucha prudencia, pero todo un aviso para navegantes. Algo est\u00e1 cambiando en el orden jurisdiccional. Y, al menos en mi humilde opini\u00f3n, para bien de todos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En art\u00edculos anteriores hemos abordado el problema del encaje del derecho a la protecci\u00f3n de la salud individual en el contexto del derecho que con car\u00e1cter general reconoce el art. 43 de la CE y de la obligaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos de tutelar la Salud P\u00fablica. Nos referimos entonces al papel trascendental del auto… <\/p>\n