La publicaci\u00f3n de la sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la anulaci\u00f3n de la Orden de Precios de Referencia de diciembre de 2009, ha levanta un revuelo l\u00f3gico dadas sus posibles implicaciones econ\u00f3micas.<\/p>\n
El alto tribunal, como era de esperar, acoge el cambio de criterio jurisprudencial iniciado por la Audiencia Nacional en el 2010, confirmando que, ya por aquel entonces, la l\u00f3gica del sistema no permit\u00eda la creaci\u00f3n de conjuntos cuando el gen\u00e9rico no estaba efectivamente presente en el mercado espa\u00f1ol. En otras palabras, la decisi\u00f3n de autorizar la comercializaci\u00f3n y financiaci\u00f3n del gen\u00e9rico no era condici\u00f3n suficiente para poder someter a un principio activo al sistema de precios de referencia, tal como sosten\u00eda entonces el Ministerio de Sanidad abrazando una interpretaci\u00f3n rigorista y literal de la norma que mal casaba con el sentido com\u00fan.<\/p>\n
El TS confirma adem\u00e1s el derecho de la reclamante Pfizer a ser indemnizada por los perjuicios econ\u00f3micos sufridos como consecuencia de la inclusi\u00f3n de su atorvastatina en el SPR y la consiguiente bajada de su PVL autorizado. No obstante, no accede a la pretensi\u00f3n de que los intereses correspondientes a dicha cantidad se computen como parte de la deuda principal. Dicho principal deber\u00e1 estar constituido solamente por la diferencia de ingresos sufrida desde el momento en que la Orden anulada empieza a desplegar efectos sobre el producto de la reclamante, sin contar las reducciones de precio que se hubieran producido igualmente de no haberse constituido el conjunto. Sobre dicho principal, actualizado conforme al IPC, se calcular\u00e1n los intereses que legalmente correspondan hasta el momento en que se satisfaga la deuda. Sanidad, por su parte, ya ha confirmado que satisfar\u00e1 la cantidad reclamada con cargo a sus propios presupuestos.<\/p>\n
Las malas noticias para la Administraci\u00f3n del Estado podr\u00edan no terminar ah\u00ed. Al confirmar el car\u00e1cter antijur\u00eddico de la lesi\u00f3n sufrida por Pfizer en su patrimonio, se sientan las bases para la reclamaci\u00f3n por parte de otras compa\u00f1\u00edas afectadas, al amparo del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n
Conforme a lo previsto en la Ley 30\/1992 y su normativa de desarrollo, cualquier administrado que sufra una lesi\u00f3n en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios p\u00fablicos (salvo casos de fuerza mayor o en los que el da\u00f1o no fuera posible de prever) tendr\u00e1 derecho a ser indemnizado. Resulta indiferente que el funcionamiento por dichos servicios p\u00fablicos pueda calificarse como normal o anormal. El presupuesto esencial para que la instituci\u00f3n de la responsabilidad patrimonial funcione es la existencia de una lesi\u00f3n en el patrimonio jur\u00eddico del administrado, y que dicha lesi\u00f3n, adem\u00e1s de efectiva y evaluable econ\u00f3micamente, sea antijur\u00eddica.<\/p>\n
Ser\u00eda muy deseable que estas decisiones jurisdiccionales conciencien de una vez por todas a las Administraciones P\u00fablicas no s\u00f3lo de la necesidad de legislar con mayor cuidado, evitando ambig\u00fcedades, sino tambi\u00e9n de la necesidad de actuar con gran finura y la m\u00e1xima precauci\u00f3n en su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Este tipo de decisiones terminan costando caras al erario p\u00fablico, que ahora se ve obligado a devolver parte de los ahorros conseguidos con intereses. Y no es aceptable que se de la espalda al problema cuando a\u00fan se est\u00e1 a tiempo de evitarlo, ya que quien acaba pagando el pato es siempre el sufrido contribuyente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La publicaci\u00f3n de la sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la anulaci\u00f3n de la Orden de Precios de Referencia de diciembre de 2009, ha levanta un revuelo l\u00f3gico dadas sus posibles implicaciones econ\u00f3micas. El alto tribunal, como era de esperar, acoge el cambio de criterio jurisprudencial iniciado por la Audiencia Nacional en el 2010, confirmando que,… <\/p>\n