La forma de legislar de un pa\u00eds determina en gran medida la eficiencia (o ineficiencia) en su avance econ\u00f3mico y social. Un buen ejemplo de ineficiencia lo tenemos en un asunto resuelto por nuestro Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Dicho tribunal anulaba el Real Decreto 639\/2014, regulador de la troncalidad y otros aspectos del sistema de formaci\u00f3n sanitaria especializada en Ciencias de la Salud. La nulidad se fund\u00f3 en la insuficiencia (que no inexistencia) de la Memoria de Impacto Normativo de la citada norma, en concreto en el an\u00e1lisis de sus aspectos econ\u00f3micos y presupuestarios. La Memoria se limitaba a indicar que ese Real Decreto no ten\u00eda porqu\u00e9 tener \u201cnecesariamente\u201d implicaciones econ\u00f3micas para las Comunidades Aut\u00f3nomas (competentes en materia de formaci\u00f3n sanitaria especializada y, por tanto, las encargadas de implantar ese Real Decreto). Por el contrario, la prueba pericial practicada en el juicio cifr\u00f3 nada menos que en unos mil millones de euros el coste total que tendr\u00eda la aludida implantaci\u00f3n. La nulidad del Real Decreto comporta ahora que deba volverse atr\u00e1s en su tramitaci\u00f3n para corregir el problema causante de dicha nulidad (problema, por cierto, que ya hab\u00eda sido denunciado durante la tramitaci\u00f3n inicial del proyecto). Vamos, todo un paradigma de ineficiencia.<\/p>\n
Al margen de la importancia de esta decisi\u00f3n judicial, quiero llamar la atenci\u00f3n aqu\u00ed sobre la relevancia de estas Memorias. Su finalidad no es otra que garantizar que cuando se elabora y aprueba un proyecto normativo se cuenta con la toda la informaci\u00f3n necesaria para estimar el impacto que la norma supondr\u00e1 para sus destinatarios. Para ello, resulta imprescindible estudiar los motivos y oportunidad de la norma, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecuci\u00f3n de los fines que persigue y analizar detalladamente las consecuencias jur\u00eddicas y econ\u00f3micas que tendr\u00e1 desde diversos puntos de vista (de la competencia, presupuestario, de impacto de g\u00e9nero y de distribuci\u00f3n de competencias, entre otros).<\/p>\n
En Espa\u00f1a esta exigencia ya se previ\u00f3 en la Ley 50\/1997, del Gobierno. Existe incluso una \u201cGu\u00eda Metodol\u00f3gica para la elaboraci\u00f3n de la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo\u201d, que va en la l\u00ednea de las pautas marcadas en 2005 por la Comisi\u00f3n Europea (Comunicaci\u00f3n \u201cLegislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Uni\u00f3n Europea\u201d). La \u00faltima referencia destacable la encontramos en la Ley 40\/2015, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico. Dicha Ley impone a los poderes p\u00fablicos el deber de velar por el cumplimiento de los llamados \u201cprincipios de buena regulaci\u00f3n\u201d (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia y eficiencia). Pese a todo ello, en la pr\u00e1ctica no pocas veces a\u00fan se dictan normas sin tener en cuenta suficientemente todos los anteriores aspectos. Si a esto le unimos la propensi\u00f3n a los cambios normativos constantes y, en ocasiones, las duplicidades entre regulaciones del Estado y Comunidades Aut\u00f3nomas, el l\u00edo puede ser considerable, teniendo como resultado normas complicadas, costosas y dif\u00edciles de aplicar.<\/p>\n
Por el contrario, una buena regulaci\u00f3n, previendo de antemano los factores que pueden incidir en la aplicaci\u00f3n de la norma, incentiva la actividad empresarial y ayuda a minimizar costes y evitar conflictos. Garantiza, asimismo, la seguridad jur\u00eddica y, en consecuencia, la eficacia de la aplicaci\u00f3n y cumplimiento de las normas. En suma, contribuye a que un pa\u00eds sea un lugar m\u00e1s atractivo para invertir, trabajar y, como no, para vivir. En definitiva, es un signo de progreso que todos debemos reivindicar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La forma de legislar de un pa\u00eds determina en gran medida la eficiencia (o ineficiencia) en su avance econ\u00f3mico y social. Un buen ejemplo de ineficiencia lo tenemos en un asunto resuelto por nuestro Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Dicho tribunal anulaba el Real Decreto 639\/2014, regulador de la troncalidad y otros aspectos… <\/p>\n