En Espa\u00f1a, el derecho a la protecci\u00f3n de la salud no est\u00e1 reconocido, en la Constituci\u00f3n, como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en m\u00faltiples ocasiones. La \u00faltima, al valorar el recurso interpuesto contra el Real Decreto-Ley 16\/2012, en una sentencia de 21 de julio de 2016, en la que el Tribunal confirm\u00f3 su doctrina en el sentido de que el legislador y la administraci\u00f3n, al tomar decisiones en materia de protecci\u00f3n de la salud, tienen un amplio margen de libertad que les permite moldear los perfiles de ese derecho del modo que estimen oportuno. En la configuraci\u00f3n del derecho a la protecci\u00f3n de la salud, dice el Tribunal, el legislador tiene una gran libertad de configuraci\u00f3n, y la Constituci\u00f3n no impone un \u00fanico modelo sanitario, ni tampoco que el Estado deba garantizar una plena prestaci\u00f3n sanitaria p\u00fablica para toda persona que resida en Espa\u00f1a.<\/p>\n
Frente a esta realidad, algunos jueces han dictado resoluciones en el sentido de que la negaci\u00f3n de algunas prestaciones sanitarias pueden suponer un atentado al derecho a la vida e integridad f\u00edsica, un derecho que s\u00ed tiene la condici\u00f3n de derecho fundamental y que debe interpretarse en el sentido de que todos tenemos derecho a una vida saludable, que nos permita acceder a las prestaciones sanitarias que son necesarias para disfrutar de ella.<\/p>\n
Entre estas dos concepciones, explicadas en t\u00e9rminos maximalistas para una mejor comprensi\u00f3n, se sit\u00faa la idea de que el Estado, al regular el alcance de las prestaciones sanitarias p\u00fablicas debe velar porque los ciudadanos tengan acceso a aquellas que sean imprescindibles; a lo que la jurisprudencia constitucional a\u00f1ade que ello no significa que el acceso deba ser gratuito. Se empieza a consolidar, con buen soporte jurisprudencial, la idea de que la sostenibilidad del sistema sanitario p\u00fablico va a requerir una mayor aportaci\u00f3n de los usuarios, los cuales cada vez van a topar con mayores dificultades para exigir la gratuidad para el disfrute de ciertas prestaciones sanitarias. El SNS, en definitiva, se ir\u00e1 privatizando no porque se encargue a empresas privadas la prestaci\u00f3n de los servicios, sino porque sus propias estructuras p\u00fablicas cada vez m\u00e1s actuar\u00e1n conforme a los mismos principios que operan las aseguradoras privadas.<\/p>\n
Es esta la reflexi\u00f3n que me general la lectura de una Sentencia del TSJ de Galicia de 18 de enero de 2017 donde se niega a una pareja que viajaba al extranjero por motivos de adopci\u00f3n internacional, el derecho al reembolso de las vacunas que precisaban. El Tribunal, igual que habr\u00eda hecho si se tratase de interpretar el alcance de una p\u00f3liza de seguros privada; desestima el recurso en base a que el Real Decreto 1020\/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, no contempla, en el marco de las denominadas prestaciones farmac\u00e9uticas, las vacunaciones y medicamentos para profilaxis en viajes internacionales. Al pronunciarse en este sentido, el propio Tribunal a\u00f1ade que su posici\u00f3n no queda en modo alguno afectada por el hecho de que la cartera de servicios s\u00ed recoja ciertas actividades en materia de vacunaci\u00f3n, pero s\u00f3lo aquellas incluidas en el calendario vigente aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las administraciones sanitarias competentes; entre las que no se encuentran las que precise el usuario para viajes internacionales. Es el mismo razonamiento que podr\u00edamos ver en cualquier sentencia sobre el alcance de coberturas de un seguro privado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En Espa\u00f1a, el derecho a la protecci\u00f3n de la salud no est\u00e1 reconocido, en la Constituci\u00f3n, como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en m\u00faltiples ocasiones. La \u00faltima, al valorar el recurso interpuesto contra el Real Decreto-Ley 16\/2012, en… <\/p>\n