Una de las cuestiones candentes en el derecho farmac\u00e9utico\nen Espa\u00f1a es c\u00f3mo actuar desde que un producto es autorizado por la UE (y que\npor tanto ya podr\u00eda comercializarse) hasta que se decide sobre su inclusi\u00f3n o\nno en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica p\u00fablica. La Ley dice que para la\ncomercializaci\u00f3n de un medicamento en territorio espa\u00f1ol ser\u00e1 imprescindible\nhaber tramitado la oferta del mismo al SNS; y la interpretaci\u00f3n que ha\nmantenido el Ministerio es que \u201chaber tramitado\u201d significa que el procedimiento\ncorrespondiente haya concluido. Mientras tanto, estos productos est\u00e1n\ndisponibles en las condiciones de acceso individualizado que contempla el\nCap\u00edtulo IV del Real Decreto 1015\/2009, previa autorizaci\u00f3n de la AEMPS. Una\nvez cerrado el procedimiento, y al menos hasta ahora, todos los agentes del\nsector han entendido que si la Direcci\u00f3n General de Cartera B\u00e1sica decide no\nincluir el producto en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica, los hospitales pueden\nadquirirlo y utilizarlo previo acuerdo de la comisi\u00f3n responsable de los\nprotocolos terap\u00e9uticos u \u00f3rgano colegiado equivalente en cada comunidad\naut\u00f3noma. As\u00ed lo contempla una disposici\u00f3n espec\u00edfica del Real Decreto sobre receta\nm\u00e9dica y \u00f3rdenes de dispensaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, ha salido a la luz un Informe del\ndepartamento dirigido por Patricia Lacruz \u201csobre la financiaci\u00f3n p\u00fablica de\nmedicamentos con resoluci\u00f3n expresa de no inclusi\u00f3n en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica\ndel SNS\u201d. Seg\u00fan este documento, las comunidades aut\u00f3nomas y los hospitales no\npueden financiar con fondos p\u00fablicos (es decir, no pueden adquirir)\nmedicamentos sobre los que existe, de manera expresa, una resoluci\u00f3n de no\nfinanciaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
He repasado a conciencia el Real Decreto 1047\/2018 sobre la estructura\ndel Ministerio de Sanidad; y no he encontrado apartado alguno que faculte a la\nDirecci\u00f3n General para emitir un informe como \u00e9ste; que crea una nueva\ncategor\u00eda de medicamentos (los expresamente no incluidos en la prestaci\u00f3n\nfarmac\u00e9utica del SNS); que est\u00e1 redactado de forma categ\u00f3rica, imponiendo restricciones\na las actuaciones de las comunidades aut\u00f3nomas y los hospitales; y que\nobstaculiza el acceso de los pacientes a estos medicamentos. El Informe viene a\nser lo que se conoce como una actuaci\u00f3n material constitutiva de v\u00eda de hecho,\nuna actuaci\u00f3n literalmente \u201ca la brava\u201d sin soporte legal alguno, contra la que\ncabe interponer un recurso contencioso administrativo.<\/p>\n\n\n\n
Los que nos dedicamos al derecho tenemos muy presente lo que\ndijo Von Kirchmann: bastan tres palabras del legislador para convertir\nbibliotecas enteras en basura. Debemos admitir esta realidad cuando las tres\npalabras provienen de quien est\u00e1 legitimado para legislar y act\u00faa dentro de su\nesfera de competencia. En este caso no es as\u00ed. Estando al inicio de una\nlegislatura donde seguramente se podr\u00e1 avanzar en la regulaci\u00f3n de \u00e9ste y de\notros aspectos importantes en el \u00e1mbito de medicamento, es indispensable exigir\nfinura, algo que con seguridad ha faltado en este caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Una de las cuestiones candentes en el derecho farmac\u00e9utico en Espa\u00f1a es c\u00f3mo actuar desde que un producto es autorizado por la UE (y que por tanto ya podr\u00eda comercializarse) hasta que se decide sobre su inclusi\u00f3n o no en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica p\u00fablica. La Ley dice que para la comercializaci\u00f3n de un medicamento en… <\/p>\n