La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un debate sobre la contrataci\u00f3n p\u00fablica en el sector farmac\u00e9utico magistralmente ideado y conducido por Nuria Amarilla, co-presidenta de la Secci\u00f3n de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid, y por Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland y presidente de la Secci\u00f3n de Derecho Administrativo del mismo Colegio. La convocatoria atrajo a numerosos profesionales tanto de la industria como de despachos de abogados. Debatir sobre estos temas con Raquel Ballesteros, socia de Bird & Bird, y con Francisco Valero, coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del SNS de INGESA, es poco menos que un lujo. Entre los temas tratados destaco el consenso en que los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n sean precisos a la hora de determinar las necesidades a cubrir al convocar sus licitaciones, cuesti\u00f3n esencial no s\u00f3lo para cumplir con lo que dispone la Ley, sino tambi\u00e9n para asegurar que los intereses de los pacientes priman sobre cualesquiera otros. Estamos hablando de medicamentos, de la necesidad de respetar la libertad de prescripci\u00f3n y de permitir que el paciente intervenga de forma activa en las decisiones que afectan a su tratamiento.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n fue de especial inter\u00e9s el debate sobre impacto que la intervenci\u00f3n administrativa en precios y condiciones de financiaci\u00f3n puede tener en las actuaciones asociadas a la compra p\u00fablica de medicamentos por parte de los hospitales o servicios de salud auton\u00f3micos. Las decisiones de la Comisi\u00f3n Interministerial de Precios que incluyen techo de gasto se asemejan a actos administrativos de adjudicaci\u00f3n de un contrato para el suministro de las necesidades que el SNS tenga de producto concreto a un coste total determinado. Siendo cierto que el precio que fija la administraci\u00f3n es m\u00e1ximo, tal vez para estos casos podr\u00edan simplificarse los procedimientos de licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Muy relevante fue tambi\u00e9n el intercambio de ideas sobre la conveniencia o no de limitar la informaci\u00f3n que se hace p\u00fablica respecto de precios y condiciones de financiaci\u00f3n de medicamentos. Me pareci\u00f3 que exist\u00eda consenso en torno a la necesidad de estudiar el tema en detalle, en especial la opci\u00f3n de los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n de no publicar los precios de adjudicaci\u00f3n con detalle individualizado si existe previamente un informe favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Una resoluci\u00f3n del Consejo de septiembre, en un asunto magistralmente planteado por Carmela Losada (ex-compa\u00f1era en Faus & Moliner y actualmente abogada en Sandoz Farmac\u00e9utica), permite albergar esperanzas. En esta resoluci\u00f3n se reconoce expresamente que proteger la confidencialidad de las informaciones obtenidas en el procedimiento donde se decide sobre la inclusi\u00f3n de un producto en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica y sobre su precio no s\u00f3lo es un derecho de las empresas, sino que adem\u00e1s es algo que favorece al inter\u00e9s p\u00fablico al facilitar que las circunstancias particulares de cada comprador puedan tenerse en cuenta para ofrecerle el mejor precio posible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un debate sobre la contrataci\u00f3n p\u00fablica en el sector farmac\u00e9utico magistralmente ideado y conducido por Nuria Amarilla, co-presidenta de la Secci\u00f3n de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid, y por Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland y presidente de la Secci\u00f3n de Derecho Administrativo… <\/p>\n