En medio del confinamiento el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso un Plan de Choque sobre la Administraci\u00f3n de Justicia que, entre otras medidas, propon\u00eda modificar un art\u00edculo de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) para ampliar el objeto del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n de modo que los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales (TARC) pudieran resolver tambi\u00e9n los conflictos contractuales que se derivaran de la ejecuci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos durante la crisis de la Covid-19.<\/p>\n\n\n\n
Dicha propuesta no fue inicialmente incorporada al Real Decreto-ley 16\/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia publicado el pasado 29 de abril. Posteriormente, el CGPJ dict\u00f3 el 6 de mayo de 2020, una nueva versi\u00f3n de su Plan de Choque en el que modificaba sustancialmente su primera propuesta de ampliaci\u00f3n del objeto del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica. La segunda propuesta del CGPJ corrige algunos problemas que se plantearon con ocasi\u00f3n de la primera, y con mayor acierto delimita el nuevo objeto del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n a las resoluciones que se dicten para resolver sobre las solicitudes o reclamaciones relacionadas con las medidas previstas para compensar los da\u00f1os y perjuicios que hayan sufrido los contratistas al haberse alterado la ejecuci\u00f3n del contrato p\u00fablico como consecuencia de la pandemia. <\/p>\n\n\n\n
El recurso podr\u00e1 interponerse, cualquiera que sea el importe del contrato o de la solicitud o reclamaci\u00f3n, contra todas las resoluciones, tanto expresas como por silencio, que decidan sobre peticiones de suspensi\u00f3n, pr\u00f3rroga o ampliaci\u00f3n del plazo contractual, o reclamaciones de indemnizaci\u00f3n o reequilibrio econ\u00f3mico u otras cuestiones relativas a la ejecuci\u00f3n del contrato p\u00fablico alterado por la pandemia.<\/p>\n\n\n\n
El plazo para la interposici\u00f3n del recurso es de un mes desde la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada, y la resoluci\u00f3n que se dicte por el TARC ser\u00e1 ejecutiva y ejecutoria en sus propios t\u00e9rminos desde su notificaci\u00f3n a los interesados, sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla en v\u00eda contencioso-administrativa.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00eda muy conveniente para desatascar el m\u00e1s que probable colapso de los Tribunales de Justicia que finalmente esta nueva iniciativa del CGPJ fructificara con la adici\u00f3n de una nueva disposici\u00f3n adicional en la LCSP ampliando el objeto del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n. De no ser as\u00ed, todas estas impugnaciones que les he comentado deber\u00e1n resolverse desde un principio en los juzgados, ya de por s\u00ed saturados.<\/p>\n\n\n\n
Para terminar, no olviden que el plazo para solicitar cualquier indemnizaci\u00f3n o reequilibrio econ\u00f3mico u otras medidas que traigan causa en la alteraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de contrato p\u00fablico a consecuencia de la pandemia, es de un mes a contar desde que finalice el estado de alarma el pr\u00f3ximo 21 de junio de 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En medio del confinamiento el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso un Plan de Choque sobre la Administraci\u00f3n de Justicia que, entre otras medidas, propon\u00eda modificar un art\u00edculo de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) para ampliar el objeto del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n de modo que los Tribunales Administrativos… <\/p>\n