El pasado jueves el Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitaci\u00f3n del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Por delante quedan a\u00fan largas negociaciones. Por ahora, me gustar\u00eda detenerme en la disposici\u00f3n final 32\u00aa del proyecto de ley que propone modificar el art. 98 de Ley de Garant\u00edas y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (LGURMPS) para prever la creaci\u00f3n de conjuntos de referencia en base al criterio ATC5. Sin entrar a valorar con detalle la medida, me vienen a la cabeza dos reflexiones.<\/p>\n\n\n\n
Primera. \u00bfLa ley es un l\u00edmite para la administraci\u00f3n o una herramienta a su servicio? Con los matices que quieran hacerse, parece claro que la respuesta correcta es la primera. \u201cLa administraci\u00f3n p\u00fablica act\u00faa \u2026 con sometimiento pleno a la ley y al derecho\u201d reza el art. 103 de la Constituci\u00f3n. Ahora, si se analiza la historia reciente del sistema de precios de referencia podr\u00eda ser que surjan dudas. A pesar del redactado claro del art. 98 LGURMPS (los conjuntos se conforman con presentaciones con igual principio activo) el Ministerio ha optado sistem\u00e1ticamente por seguir un criterio distinto: ATC 5. V\u00e9anse en este sentido las OPR de 2014 a 2019. Hay que reconocer que, tras numerosos pronunciamientos judiciales, el proyecto de OPR 2020 contempla la creaci\u00f3n de conjuntos por principio activo; pero, si se observa la cuesti\u00f3n con perspectiva, no puede decirse que el art. 98 haya operado como l\u00edmite a la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n. Ahora, lejos de optar por un enfoque que persiga modificar la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n para adaptarla al marco legal, se acude a la v\u00eda contraria: modificar el marco legal para adaptarlo a la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n. \u00bfPrimero ley y luego administraci\u00f3n; o primero administraci\u00f3n y luego ley? El eterno dilema del huevo o la gallina.<\/p>\n\n\n\n
Segunda. \u00bfEs la ley de presupuestos el instrumento m\u00e1s adecuado para modificar la normativa propuesta? Parece que no. Las leyes de presupuestos deben circunscribirse a la aprobaci\u00f3n de ingresos y gastos y a las decisiones que contribuyen a hacer efectiva la pol\u00edtica del Gobierno, quedando excluidas otras materias (art. 134 Constituci\u00f3n). Obviamente, la modificaci\u00f3n del art. 98 LGURMPS puede eventualmente tener alg\u00fan efecto sobre el gasto p\u00fablico; pero, como advert\u00eda el TC en otras ocasiones, esto no es suficiente: \u201csi esto fuera suficiente los l\u00edmites materiales que afectan a las leyes de presupuestos quedar\u00edan desnaturalizados; se diluir\u00edan hasta devenir pr\u00e1cticamente inoperantes\u201d (STC de 31 de octubre de 2018). Otra cuesti\u00f3n relevante es la memoria de impacto econ\u00f3mico y presupuestario que acompa\u00f1a cualquier modificaci\u00f3n normativa. No puede pasar desapercibido que, de acuerdo con el Real Decreto 931\/2017 y la Ley 47\/2003, las leyes de presupuestos est\u00e1n exentas de incorporar dicha memoria…\u00bfNo hubiese sido preferible disponer de ella? <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El pasado jueves el Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitaci\u00f3n del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Por delante quedan a\u00fan largas negociaciones. Por ahora, me gustar\u00eda detenerme en la disposici\u00f3n final 32\u00aa del proyecto de ley que propone modificar el art. 98 de Ley de Garant\u00edas y Uso… <\/p>\n