El pasado jueves se public\u00f3 en el BOPV la resoluci\u00f3n del Director de R\u00e9gimen Jur\u00eddico, Econ\u00f3mico y Servicios Generales del Departamento de Salud del Pa\u00eds Vasco relativa a la publicaci\u00f3n de la famosa Sentencia del TSJ de esta comunidad, de 30 de junio de 2021, que anulaba varios art\u00edculos de la Orden vasca sobre la visita m\u00e9dica. Digo famosa porque la Sentencia ha sido muy sonada por zanjar un debate que llevaba produci\u00e9ndose durante varios a\u00f1os, dictaminando que, ni la Orden ni el resto de normas aplicables, impiden la promoci\u00f3n de medicamentos autorizados pero cuya decisi\u00f3n sobre el precio est\u00e1 todav\u00eda pendiente.<\/p>\n\n\n\n
Pero no hay que olvidar que esta Sentencia tuvo tambi\u00e9n su impacto en la regulaci\u00f3n vasca de la visita m\u00e9dica, sum\u00e1ndose al caos que gobierna la regulaci\u00f3n de esta pr\u00e1ctica por parte de las comunidades aut\u00f3nomas en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
Y es que, si bien la visita m\u00e9dica, como medio de promoci\u00f3n de medicamentos, forma parte de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre la que el estado tiene competencias legislativas exclusivas v\u00eda art. 149.1.16 de la Constituci\u00f3n, muchas comunidades aut\u00f3nomas han dictado su propia normativa, algunas en forma de Circular o Instrucci\u00f3n (cuyo car\u00e1cter interno u organizativo es cuestionable) y algunas otras mediante Orden, aceptando abiertamente su naturaleza reglamentaria. El t\u00edtulo competencial en el que se basan las comunidades para emitir estos documentos normativos es dif\u00edcil de deslinar en muchas ocasiones: la mayor\u00eda de comunidades tienen competencias normativas de desarrollo en materias que, de alg\u00fan modo, pueden incidir en el \u00e1mbito de los productos farmac\u00e9uticos, como seguridad social, gesti\u00f3n hospitalaria y ordenaci\u00f3n farmac\u00e9utica.<\/p>\n\n\n\n
A esta situaci\u00f3n, se suman las distintas impugnaciones que algunas comunidades han sufrido sobre estos instrumentos, conduciendo a anulaciones totales o parciales de \u00e9stos. En concreto, Madrid, Castilla-La Mancha, la Rioja y ahora el Pa\u00eds Vasco, han visto impugnada y anulada su normativa en materia de visita m\u00e9dica. Incluso los motivos por los que se anulan unos y otros no son los mismos, sin bien, en todos los casos se coincide en que estos instrumentos, con independencia de su forma, tienen un verdadero alcance reglamentario.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Madrid, el desconcierto llega hasta tal punto que, habi\u00e9ndose anulado los art\u00edculos de la Circular que exig\u00edan, entre otros, una autorizaci\u00f3n previa a la realizaci\u00f3n de la visita m\u00e9dica (imponiendo obligaciones que no recoge el Real Decreto 1416\/1994, sobre publicidad de medicamentos), los art\u00edculos anulados se siguen aplicando, exigiendo la CAM la autorizaci\u00f3n de la visita m\u00e9dica v\u00eda Decreto Legislativo 1\/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tasas y Precios P\u00fablicos de la Comunidad de Madrid, sobre la base de que su art. 380 y ss. regulan la tasa relativa a la planificaci\u00f3n de la visita m\u00e9dica.<\/p>\n\n\n\n
Es necesario, en pro de la seguridad jur\u00eddica, poner orden en esta mezcolanza auton\u00f3mica que gobierna la visita m\u00e9dica. No es propio de un sistema consolidado que cada regi\u00f3n regule \u201ca la suya\u201d, esquivando artificialmente los mandatos competenciales de la Constituci\u00f3n para generar una regulaci\u00f3n dispar e impredecible que impide a los laboratorios saber cu\u00e1ndo y como realizar la visita m\u00e9dica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El pasado jueves se public\u00f3 en el BOPV la resoluci\u00f3n del Director de R\u00e9gimen Jur\u00eddico, Econ\u00f3mico y Servicios Generales del Departamento de Salud del Pa\u00eds Vasco relativa a la publicaci\u00f3n de la famosa Sentencia del TSJ de esta comunidad, de 30 de junio de 2021, que anulaba varios art\u00edculos de la Orden vasca sobre la… <\/p>\n