Este pasado martes se public\u00f3 en el BOE la Ley 2\/2023, conocida como ley de protecci\u00f3n de los informantes, que traspone a nuestro ordenamiento la directiva sobre \u201cwhistleblowing\u201d (Directiva (UE) 2019\/1937). A partir de ahora las empresas de m\u00e1s de 50 personas trabajadoras vendr\u00e1n obligadas a implantar un sistema interno de informaci\u00f3n, conocido como canal de denuncias, visible y accesible a todos los empleados y personas que tienen o han tenido alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n profesional con la empresa. De acuerdo con esta ley, las empresas tendr\u00e1n de plazo para implantarlo hasta el pr\u00f3ximo 1 de diciembre, o s\u00f3lo hasta el 13 de junio si tienen m\u00e1s de 249 trabajadores.<\/p>\n\n\n\n
Salvo las grandes corporaciones que ya suelen contar con sistemas de cumplimiento bien establecidos, esta obligaci\u00f3n es sin duda retadora para la mayor\u00eda de las empresas. Sin embargo, el reto es menor para la mayor\u00eda de las empresas del sector farmac\u00e9utico; y no porque la ley haga distinciones, sino porque el sector farmac\u00e9utico, ya de por s\u00ed altamente regulado, es un claro referente en el \u00e1mbito del cumplimiento normativo. En gran medida gracias a sus sistemas de autorregulaci\u00f3n y a los c\u00f3digos de buenas pr\u00e1cticas, que han demostrado ser herramientas muy \u00fatiles en este \u00e1mbito. Cierto es que en muchos casos la Ley 2\/2023 obligar\u00e1 a las empresas del sector a revisar los canales de denuncia ya existentes y a su adecuado encaje en la nueva norma; y quiz\u00e1s a reforzar la formaci\u00f3n y la informaci\u00f3n en esta materia, pero no a crear sistemas desde cero. En suma, el sector ya va por el buen camino. A pesar de estas obligaciones para las empresas, y para las corporaciones p\u00fablicas y privadas, sindicatos, partidos pol\u00edticos y todas las Administraciones p\u00fablicas, que tambi\u00e9n est\u00e1n obligadas por la nueva ley, esta vez el foco est\u00e1 m\u00e1s en los propios ciudadanos, en todos y cada uno de nosotros.<\/p>\n\n\n\n
El legislador, tanto en Europa como en los Estados miembros, constata que la inflaci\u00f3n normativa y las crecientes obligaciones de control en las corporaciones no son suficientes para acabar con la corrupci\u00f3n y con las conductas irregulares que debilitan el sistema econ\u00f3mico, las instituciones pol\u00edticas y el inter\u00e9s p\u00fablico. La realidad es que estas pr\u00e1cticas irregulares esquivan a menudo los procesos de control interno rutinarios, por s\u00f3lidos que estos sean. De ah\u00ed que la norma busque proteger al ciudadano \u201cinformante\u201d, pieza clave con la responsabilidad m\u00e1s grande: la de ser valiente, comprometerse con el inter\u00e9s p\u00fablico por encima del compromiso con la instituci\u00f3n en la que trabaja o personas con las que interact\u00faa en el d\u00eda a d\u00eda. Ahora que la protecci\u00f3n del informante es m\u00e1s robusta \u00bfser\u00e1 suficiente para que esta regulaci\u00f3n tenga los efectos deseados?, \u00bfser\u00e1 suficiente para que los ciudadanos asimilemos con naturalidad y convicci\u00f3n este rol activo de perseguir las conductas inadecuadas? S\u00f3lo el tiempo lo dir\u00e1. Esperemos que se pueda llegar al nivel en el que ya hoy est\u00e1 el sector farma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Este pasado martes se public\u00f3 en el BOE la Ley 2\/2023, conocida como ley de protecci\u00f3n de los informantes, que traspone a nuestro ordenamiento la directiva sobre \u201cwhistleblowing\u201d (Directiva (UE) 2019\/1937). A partir de ahora las empresas de m\u00e1s de 50 personas trabajadoras vendr\u00e1n obligadas a implantar un sistema interno de informaci\u00f3n, conocido como canal… <\/p>\n