El pasado 2 de enero se public\u00f3 en el BOE la Ley Org\u00e1nica 1\/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio P\u00fablico de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Esta Ley pretende mejorar la eficiencia de los juzgados y tribunales. Para ello, entre otras medidas, establece la obligaci\u00f3n de acudir a un medio adecuado de soluci\u00f3n de controversias extrajudicial antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil. Esto afecta a los litigios comerciales entre empresas, o a las reclamaciones de responsabilidad civil profesional o de producto defectuoso, por citar algunos casos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan dicha Ley, se considera \u201cmedio adecuado de soluci\u00f3n de controversias\u201d, cualquier tipo de actividad negociadora a la que las partes de un conflicto acudan de buena fe con el objeto de encontrar una soluci\u00f3n extrajudicial al mismo, ya sea por s\u00ed mismas o con la intervenci\u00f3n de una tercera persona neutral. Algunos ejemplos que se mencionan en la norma son: (i) la negociaci\u00f3n directa entre las partes o mediante sus abogados; (ii) la conciliaci\u00f3n; (iii) la medicaci\u00f3n; (iv) la oferta vinculante confidencial; (v) la opini\u00f3n no vinculante y confidencial de un experto independiente; o el sometimiento a un proceso de Derecho colaborativo.<\/p>\n\n\n\n
El cumplimiento de esta medida ser\u00e1 obligatorio a partir del pr\u00f3ximo 3 de abril de 2025. Los juzgados inadmitir\u00e1n a tr\u00e1mite toda demanda en la que no se acredite intento de actividad negociadora o, en su caso, una declaraci\u00f3n responsable sobre la imposibilidad de llevarla a cabo por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio para convocarla. Quedaran excluidos de esta medida algunos procesos judiciales, como son, entre otros, aquellos que tengan por objeto: (a) la tutela de derechos fundamentales; (b) la solicitud de medidas cautelares previas a la interposici\u00f3n de la demanda; o (c) la solicitud de diligencias preliminares.<\/p>\n\n\n\n
Con esta medida se pretende reducir la sobrecarga de trabajo que actualmente afecta a nuestros juzgados y tribunales. Busca potenciar la negociaci\u00f3n entre las partes antes de iniciar un proceso judicial, pues se considera que el entendimiento mutuo es el mejor medio para reducir el conflicto social y, por consiguiente, reducir dicha sobrecarga. Es posible que sirva para reducir la litigiosidad en asuntos que pueden ser solucionados con una mayor comunicaci\u00f3n. No obstante, tambi\u00e9n retrasar\u00e1 la posibilidad de acudir a los tribunales en aquellos conflictos en los que el entendimiento entre las partes no es reconciliable y se precisa de una justicia r\u00e1pida y eficiente, poco disponible en nuestros tribunales debido a esta sobrecarga de trabajo a la que est\u00e1n sometidos. Seguramente, una mayor dotaci\u00f3n de medios, o una mejor gesti\u00f3n de los existentes, tambi\u00e9n ayudar\u00eda a reducir la sobrecarga. Por el momento, habr\u00e1 que seguir la receta de la exposici\u00f3n de motivos de esta Ley: \u201cantes de entrar en el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia\u201d<\/em>. Que as\u00ed sea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pasado 2 de enero se public\u00f3 en el BOE la Ley Org\u00e1nica 1\/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio P\u00fablico de Justicia. Esta Ley pretende mejorar la eficiencia de los juzgados y tribunales. Para ello, entre otras medidas, establece la obligaci\u00f3n de acudir a un medio adecuado de… <\/p>\n