En la filosof\u00eda pol\u00edtica y jur\u00eddica, los utilitaristas se caracterizan por defender que la actuaci\u00f3n correcta es la que causa un mayor beneficio o placer a un mayor n\u00famero de personas. Las instituciones, para los utilitaristas, act\u00faan de forma irreprochable si gestionan los recursos en beneficio del mayor n\u00famero de personas. Conceptos como la sostenibilidad a largo plazo van asociados a este tipo de pensamiento. Si como sociedad queremos que el sistema sanitario sea sostenible, dir\u00e1n algunos, es indispensable adoptar algunas medidas de contenci\u00f3n que, aunque puedan ser dolorosas para unos pocos, permiten que muchos se beneficien de ciertas prestaciones. No financiar un tratamiento es una de estas decisiones.<\/p>\n
El problema mayor al que se enfrenta cualquier utilitarista es el de conciliar su planteamiento con la defensa de algunos derechos individuales que todos consideramos fundamentales. \u00bfEs moralmente aceptable negar el tratamiento a un paciente argumentando que con el dinero que el sistema invertir\u00eda se podr\u00eda mejorar el curso de otra enfermedad en un mayor n\u00famero de personas? Si contestamos que s\u00ed podemos vernos abocados a posturas extremadamente complejas ante dilemas de gran calado; y siempre nos veremos interrogados acerca de qu\u00e9 pensar\u00edamos si el paciente fuese nuestro hijo, o nuestra nieta.<\/p>\n
Por mucho que cueste tener en cuenta la situaci\u00f3n individual de cada persona resulta ser imprescindible, y aunque sea necesario dictar normas con car\u00e1cter general, aprobar protocolos de actuaci\u00f3n, y generar consensos; siempre debe quedar margen para valorar cada caso concreto y poder actuar de forma individual. En el \u00e1mbito de la sanidad, dichas actuaciones deben estar guiadas por el criterio de los profesionales, que con la debida educaci\u00f3n y formaci\u00f3n, tambi\u00e9n en cuestiones relacionadas con la gesti\u00f3n de recursos p\u00fablicos, ser\u00e1n quienes estar\u00e1n mejor situados para adoptar decisiones que afectan a los derechos individuales de los pacientes. Estas actuaciones, al igual que las de las administraciones, estar\u00e1n sometidas a control judicial. Nadie debe asustarse, sino que debemos dar gracias de ser ciudadanos de un pa\u00eds donde jueces y magistrados est\u00e1n al servicio de los ciudadanos.<\/p>\n
La revisi\u00f3n judicial de las decisiones relativas a la financiaci\u00f3n de tratamientos individuales, en especial en las que versan sobre reintegro de gastos farmac\u00e9uticos, est\u00e1 apuntando hacia la muerte del utilitarismo en este \u00e1mbito. Se consolida la jurisprudencia que apunta que los beneficiarios del SNS tienen derecho a recibir, con cargo a fondos p\u00fablicos, el producto prescrito por el m\u00e9dico si el medicamento ha quedado incluido en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica. Las resoluciones judiciales se apoyan en la idea de que el derecho a la protecci\u00f3n de la salud y el derecho fundamental a la vida e integridad f\u00edsica son derechos individuales que merecen protecci\u00f3n; y suelen interpretar las normas en el sentido m\u00e1s favorable para el ciudadano. Recuerden la sentencia de 3 de febrero de 2015 del TSJ del Pa\u00eds Vasco que daba la raz\u00f3n al paciente que reclamaba el reintegro del gasto incurrido en comprar el medicamento de marca alegando que el gen\u00e9rico no ten\u00eda la misma eficacia. El tribunal no dud\u00f3 en considerar que, en ese caso, el producto de marca y el gen\u00e9rico deb\u00edan considerarse como no sustituibles. En el caso de los biosimilares, adem\u00e1s, la prohibici\u00f3n de sustituci\u00f3n est\u00e1 meridianamente clara en la ley.<\/p>\n