Asumamos que en Espa\u00f1a se disfruta de un gran sistema sanitario, avalado por un grado de satisfacci\u00f3n de los usuarios superior al 60 por ciento. Somos conscientes y adem\u00e1s sabemos que la tendencia que muestra el Bar\u00f3metro que publica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cada a\u00f1o es negativa, pero aun as\u00ed la sanidad cuenta con un nivel de respaldo que ya querr\u00edan para s\u00ed otros servicios p\u00fablicos de la administraci\u00f3n. Hasta aqu\u00ed, todo bien. Pese a todo, me parece incuestionable que uno de los puntos fr\u00e1giles de nuestro sistema se localiza en el entorno del Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE) y de lo que representa, en el mundo del derecho.<\/p>\n
Un ejemplo de ello lo encontramos en la normativa que rige o debe regir el sistema de financiaci\u00f3n y precio de los medicamentos. Actualmente, todas las disposiciones sobre esta materia se encuentran recogidas en la Ley 29\/2006 pero tambi\u00e9n en la Directiva 89\/105\/CEE, en el Real Decreto 271\/1990 (\u00a1que tienen m\u00e1s de 15 a\u00f1os de vida!); y en normas de diverso rango que se han ido aprobando desde entonces, incluyendo reales decretos leyes, reales decretos, \u00f3rdenes ministeriales, resoluciones…<\/p>\n
No s\u00e9 cu\u00e1l ha sido la intervenci\u00f3n de los juristas en la elaboraci\u00f3n de estas normas, pero me temo que m\u00e1s bien ha sido escasa y en cualquier caso a instancia de parte; ya sea para defender prerrogativas administrativas, buscar \u00e1reas grises que permitan flexibilidad cuando sea conveniente; o directamente defender los intereses de alg\u00fan colectivo.<\/p>\n
La filtraci\u00f3n y posterior publicaci\u00f3n del Proyecto de Real Decreto por el que se pretende regular la financiaci\u00f3n y precio de los medicamentos y productos sanitarios y su inclusi\u00f3n en la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica p\u00fablica me lleva a pensar que la intervenci\u00f3n de juristas independientes, que se preocupen en primer lugar por la calidad de la norma a aprobar, sigue siendo escasa.<\/p>\n
Veremos si el texto mejora a lo largo de su tramitaci\u00f3n, pero tengo esperanzas limitadas al respecto. Seguramente, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ahora tendr\u00e1n que pretender que est\u00e1n molestos con la filtraci\u00f3n (a pesar de que si estos textos se filtran por algo ser\u00e1), y es muy posible que quienes manejan la carpeta correspondiente, la cierren como si se tratase de un molusco y sean a\u00fan m\u00e1s reacios que de costumbre a aceptar sugerencias.<\/p>\n
Pensando en todo ello llego a la conclusi\u00f3n de que posiblemente hay muchas personas que piensan que para disponer de un gran sistema sanitario no hacen falta juristas. Tal vez no les falte raz\u00f3n, pero s\u00ed les faltar\u00e1 legitimidad y visi\u00f3n.<\/p>\n
Desde hace muchos a\u00f1os se sabe que la vara de mando y la concentraci\u00f3n de poder en manos de unas pocas personas son una opci\u00f3n para gestionar situaciones complejas, equipos numerosos y presupuestos limitados; y que a veces los resultados que se obtienen son eficaces.<\/p>\n
En el siglo XXI se viven unos tiempos en los que los niveles de participaci\u00f3n ciudadana son muy altas y desde la sociedad se exigen unas demandas de transparencia insospechadas hace pocos a\u00f1os, por lo que esta forma de operar no tiene futuro. El contraste de puntos de vista, tambi\u00e9n desde la perspectiva jur\u00eddica, es m\u00e1s necesario que nunca, como lo es tambi\u00e9n la b\u00fasqueda de la calidad en los textos legales, \u00fanica garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n