Investigar bien, pero también hacerlo a tiempo

La Ley 2/2023, más conocida como Ley del Informante, obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a implantar un sistema o canal interno de denuncias. Los criterios que deben seguirse para un adecuado diseño e implementación de estos canales van perfilándose poco a poco por parte de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, a través de diversos documentos, entre ellos la Recomendación 1/2026. Pero no basta con tener un canal ético para evitar responsabilidades, lo que cuenta es cómo y cuándo se investiga lo que llega por él. Así nos lo recuerda una sentencia, recientemente publicada, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que hace conveniente revisar cómo efectivamente las empresas gestionan las denuncias internas.

En aquel caso, se sancionó a una compañía por su falta de diligencia al investigar un presunto caso de acoso laboral denunciado a través de su canal ético. Los hechos que dieron lugar a la sanción fueron los siguientes: La comisión investigadora se constituyó seis semanas después de recibir la denuncia; el plazo se amplió sin justificación; durante cuatro meses no se practicó ninguna diligencia; y las conclusiones definitivas llegaron cuando ya había vencido el plazo máximo de seis meses. Además, el propio instructor reconoció que le faltaba experiencia y conocimientos en la materia, no contratándose asesoramiento externo hasta muy avanzada la investigación. Para el tribunal, esa inexperiencia, lejos de justificar el retraso, “no hace sino redundar en la falta de diligencia de la empresa”. También advierte de que el incumplimiento tiene una dimensión colectiva: despierta “razonables sospechas” sobre el funcionamiento del protocolo del canal ético dentro de la empresa.

Investigar con diligencia supone respetar unos principios básicos. El primero es la celeridad, puesto que la Ley del Informante exige acusar recibo en siete días naturales y responder en tres meses, ampliables a seis solo en casos complejos. A ello deben sumarse necesariamente la imparcialidad y la competencia de quien investiga, la confidencialidad del informante y el derecho de la persona afectada a ser informada y oída. La proporcionalidad es igualmente esencial. Una investigación deficiente expone a la compañía a posibles responsabilidades, sanciones y un daño reputacional que puede ser difícil de revertir. Además, resta credibilidad al modelo de compliance penal que debería protegerla.

En definitiva, la existencia de un canal de denuncias efectivo no debería verse como un mero trámite exigido por ley, sino como una herramienta útil y capaz de advertir a tiempo de posibles conductas ilícitas. Desde esta perspectiva, los compliance officers y los equipos jurídicos deberían revisar los procedimientos que regulan los canales internos de sus compañías, y comprobar que los plazos internos se pueden cumplir en la práctica. También conviene que quienes investiguen tengan asesoramiento especializado para gestionar adecuadamente las denuncias. El cumplimiento normativo no es un mero ejercicio formal. Investigar bien es imprescindible, pero también hay que hacerlo a tiempo.