Pan para hoy…

Al hilo de las declaraciones del Gobierno sobre los planes que se están barajando para compensar a los servidores de la función pública, colectivo del que se han exigido sacrificios indudables, no ha faltado quien ha puesto el dedo en la llaga y se ha preguntado si también empezarán a pensarse medidas para aliviar la situación de los administrados.

No solo a la sufrida ciudadanía se las ha hecho pasar las de Caín la dichosa crisis. También hay sectores estratégicos que se han visto especialmente maltratados en esta crisis, y del que se ha pedido todo tipo de esfuerzos. Hay que felicitarse de que el titular de Sanidad haya reafirmado recientemente su disposición a eliminar algunas medidas, como la discriminación positiva a favor del genérico, o los límites absurdos a los descuentos a farmacias. Pero un amigo de la industria me trasladaba su pesimismo, fundado, creo, acerca de que la recuperación de las cuentas públicas y la consolidación del crecimiento vaya a traer también la eliminación de algunas medidas extraordinarias de ajuste más duras, como las rebajas y deducciones que se han introducido en los precios durante el último lustro.

La reversión de estas medidas es la línea de actuación que demanda el marco normativo comunitario. La actual Directiva europea sobre transparencia en las decisiones relativas a la financiación e intervención de precios de los medicamentos no se opone a la congelación de estos últimos, o, incluso, a su revisión a la baja, cuando la coyuntura económica lo haga imprescindible para la preservación de los sistemas de salud. Pero también recuerda que dicha situación debe revisarse, año a año, con el fin de asegurarse de que la evolución económica justifica mantenerlas. Precedentes como el de la aportación por ventas al SNS, no obstante, no invitan precisamente a un optimismo desenfrenado.

Conviene que no cifremos excesivas esperanzas en que el entorno europeo vaya a reconducirnos a un mayor equilibrio entre sostenibilidad del sistema y justo retorno del esfuerzo y la innovación. La confirmación por fuentes del ejecutivo comunitario de que la nueva directiva de transparencia ha quedado aparcada por las reticencias delos gobiernos y autoridades nacionales a que se fiscalice su actuación bajo reglas más estrictas, no constituye una buena noticia para la estabilidad a medio y largo plazo del sector. Y la interpretación tan flexible que viene haciendo el tribunal de justicia europeo en los últimos tiempos de la directiva vigente, sensibilizado por la tempestad financiera, ha dado vía libre a una cada vez menos rigurosa aplicación de los principios y reglas que sienta esta norma europea.

No deja de ser curioso, por ver algún aspecto divertido en todo esto, que sean las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes sanitarias, quienes se muestran más refractarias a verse constreñidas por estas mismas leyes. Nuestro país no ha sido una excepción, y también se ha opuesto activamente a que se fijasen mecanismos para el cumplimiento estricto de los plazos de decisión por las autoridades nacionales. Era inevitable con la que estaba cayendo, pero tarde o temprano caeremos en la cuenta de que el crecimiento y la riqueza van donde prosperan la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Los países anglosajones todavía pueden darnos alguna que otra lección en este ámbito.