En busca de la seguridad jurídica perdida

En España estamos obsesionados con la unidad de mercado, y el debate territorial está siempre tan presente que, al hablar de ello, enseguida aparece en escena el principio de equidad (que tiene paralelismos con el llamado “café para todos”), y de ahí poco falta para llegar a otras discusiones con un mayor calado. Tanta política, muchas veces de un nivel inferior al deseable, nos hace olvidar lo verdaderamente importante, que es sin duda, en este terreno, la seguridad jurídica.

Permítanme ilustrarlo con un ejemplo sacado de la vida real. En el estado de Vermont, en Estados Unidos, se ha determinado por ley que aquellos alimentos que contengan organismos modificados genéticamente (véanse todos los que son cultivados a partir de semillas transgénicas) deben estar provistos de etiquetas, las cuales deben ofrecer la información lo suficientemente clara como para que el consumidor se percate de esta circunstancia. Vermont es uno de los 50 estados de la Unión, y su población no alcanza los 650.000 habitantes; y seguro que todos ellos entonan el himno nacional estadounidense con fervor patrio a la menor ocasión, ya sea en las escuelas o antes de empezar la Super Bowl.

Alguien podrá decir que la ley de Vermont atenta contra la unidad de mercado. Quien quiera vender sus alimentos en ese estado deberá adaptarse a la norma, y seguramente se verá obligado a afrontar costes adicionales por este motivo. Es por eso que la asociación BIO, que agrupa a los fabricantes de productos biotecnológicos, se ha puesto manos a la obra junto con otros grupos de presión para mostrar su posición en contra de la norma. Entre tanto, otros 20 estados trabajan en normas similares.

¿Dónde está la diferencia entre Vermont y lo que vemos en España cada día, en el mercado del medicamento y en otros mercados? Hay diferencias políticas, seguro; pero una que en mi opinión es muy relevante tiene que ver con la seguridad jurídica. La ley de Vermont ha sido debatida y aprobada en su parlamento. Se publicará, y entrará en vigor en 2016. Los productores, por su parte, tendrán tiempo de reaccionar y adoptar las medidas que estimen oportunas para adaptarse al nuevo marco.

Algunos, seguro, preferirán perder un mercado de dimensiones no mayores a un par de distritos de Madrid; otros irán a por él, pero todos lo harán sabiendo a qué atenerse. A cualquier industria, sea de alimentos, de automóviles, o de medicamentos, no le asustan las reglamentaciones. Lo que asusta, por la incertidumbre que genera a los responsables de planificar la actividad empresarial, es la inseguridad que un marco legal y un entorno jurídico-administrativo imprecisos son capaces de generar.

Y en este sentido, ¿qué asusta más, una hipotética obligación de que el prospecto de un medicamento deba etiquetarse en el idioma oficial de una comunidad autónoma; o no saber si un medicamento aprobado por la Comisión Europea, incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, y con precio autorizado, estará o no disponible para los pacientes, porque eso dependerá de lo que decida alguna comisión, algún grupo de trabajo o algún otro organismo que muchas veces se permite incluso volver a evaluar la eficacia y seguridad del fármaco? Lo de la unidad de mercado está muy bien, pero lo que hace más falta que nunca es que se imponga, de una vez por todas, la seguridad jurídica.