Contratación pública en el sector farmacéutico

La adquisición de medicamentos constituye una partida importante en el presupuesto dedicado a Sanidad. A fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud es importante que los procedimientos de contratación pública de medicamentos cuenten con una adecuada regulación.

En esta Sesión se han tratado los retos a los que se enfrenta el actual modelo, en un debate ideado y conducido por Nuria Amarilla co-Presidenta de la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid y por Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland y Presidente de la Sección de Derecho Administrativo del mismo Colegio. La convocatoria atrajo numerosos profesionales tanto de la industria como de despachos de abogados, ilustrando la relevancia de la materia a tratar. Participaron en el mismo Raquel Ballesteros, socia de Bird & Bird, Francisco Valero, Coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del SNS de INGESA y Jordi Faus.

Entre los temas tratados destacó el consenso en que los órganos de contratación sean precisos a la hora de determinar las necesidades a cubrir al convocar sus licitaciones, cuestión esencial no sólo para cumplir con lo que dispone la Ley, sino también para asegurar que los intereses de los pacientes priman por encima de cualesquiera otros.

También fue de especial interés el debate sobre impacto que la intervención administrativa en precios y condiciones de financiación puede tener en las actuaciones asociadas a la compra pública de medicamentos por parte de los hospitales o servicios de salud autonómicos, así como el intercambio de ideas respecto de la conveniencia o no de limitar la información que se hace pública respecto de precios y condiciones de financiación de medicamentos.

En relación con este punto, los ponentes coincidieron en la necesidad de estudiar el tema en detalle, en especial la opción de los órganos de contratación de no publicar los precios de adjudicación con detalle individualizado si existe previamente un informe favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Una resolución del Consejo de finales de septiembre, en un asunto magistralmente planteado por Carmela Losada (ex-compañera en Faus & Moliner y actualmente abogada en Sandoz Farmacéutica), permite albergar esperanzas al respecto. En esta resolución se reconoce expresamente que proteger la confidencialidad de las informaciones obtenidas en el procedimiento donde se decide sobre la inclusión de un producto en la prestación farmacéutica y sobre su precio no sólo es un derecho de las empresas, sino que además es algo que favorece al interés público al facilitar que las circunstancias particulares de cada comprador puedan tenerse en cuenta para ofrecerle el mejor precio posible.