Diez años de transparencia y acceso a la información pública

Antecedentes

En 2023 se cumplieron 10 años desde la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (“LTAIBG”). Es, por tanto, una buena ocasión para repasar (i) qué impacto ha tenido esta norma en el ámbito del medicamento; (ii) en qué punto estamos actualmente; y (iii) qué retos afrontaremos en los próximos años.

Impacto en el Sector del medicamento

A lo largo de estos 10 años se han producido múltiples solicitudes de acceso a la información pública al amparo de la LTAIBG solicitando acceder al precio y condiciones de financiación de diversos medicamentos. El Ministerio de Sanidad y las compañías farmacéuticas han mantenido una posición firme en defensa de la confidencialidad de esta información y, por tanto, contrarias a facilitar acceso a la misma. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (“CTBG”), por su parte, sí se ha mostrado favorable a proporcionar acceso a esta información.

Las diferencias en esta cuestión han generado mucha litigiosidad, tanto por cuestiones relacionadas con el propio procedimiento de acceso a la información pública, como por cuestiones de fondo.

Situación actual

A nivel procedimental, una de las cuestiones que más controversias generó quedó resuelta por el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de marzo de 2021 (núm. 315/2021). Dicha sentencia concluyó que el CTBG debe dar audiencia a las compañías farmacéuticas afectadas por una solicitud de acceso a la información, incluso cuando el Ministerio de Sanidad no lo hubiese hecho. En el caso de no conocer a quién debe dar audiencia, el CTBG está facultado para ordenar la retrotracción de las actuaciones hasta el momento en el que el Ministerio de Sanidad les hubiese tenido que dar trámite de audiencia.

A nivel de fondo, la cuestión aún no está resuelta. En los últimos años se han emitido sentencias contradictorias, si bien en el último año la mayoría han sido favorables a conceder acceso al precio y condiciones de financiación de los medicamentos. Se espera que en los próximos años hayan pronunciamientos tanto de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, como del Tribunal Supremo al respecto, que aborden esta cuestión.

Durante estos años también se han incorporado nuevos instrumentos jurídicos que regulan el derecho de acceso a la información pública. En 2023, España ratificó el Convenio de Tromsø -que entró en vigor el 1 de enero de 2024- que regula el acceso a los “documentos públicos” en poder de las administraciones.

Los efectos de este Convenio se prevén limitados, pues la mayoría de sus disposiciones ya están reflejadas en la actual LTAIBG. En este sentido, y a pesar de que existe alguna diferencia en cuanto a los límites de acceso a la información pública recogidos en el Convenio de Tromsø y en la LTAIBG, no se prevé que pueda generar un gran impacto. Será necesario prestar atención a cómo el CTBG integra el contenido del Convenio de Tromsø en sus resoluciones para analizar qué impacto tendrá este convenio en el procedimiento de acceso a la información pública.

Retos futuros

Una de las cuestiones que requerirá especial atención en los próximos años es el reproche de algunos tribunales sobre la falta de acreditación de los daños concretos que se producirían en caso de transparentar el precio y las condiciones de financiación de los medicamentos. Algunas sentencias recientes señalan que estos perjuicios no están suficientemente probados. Sin embargo, como indicábamos, sobre este aspecto no hay todavía una jurisprudencia clara. Se deberá, por tanto, esperar a ver qué pronunciamientos emite la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo al respecto.