Fomentar la competencia, … ¿qué competencia?

En su intervención en el XIX Encuentro de la Industria Farmacéutica, Patricia Lacruz señaló que el Ministerio de Sanidad debe “desarrollar cuantas acciones sean necesarias para aumentar la competencia en un sector ampliamente regulado”. El derecho de la competencia es una disciplina jurídica muy interesante que recibió un impulso extraordinario cuando en el siglo XVIII, en pleno apogeo de los principios de libertad e igualdad, se aprobaron muchas normas para liberalizar el acceso a la industria y suprimir el poder de los gremios. En España fue mediante un Decreto de 8 de Julio de 1.813 que se declaró el derecho de todo ciudadano de ejercer libremente la industria o comercio sin afiliarse a una corporación. Al aparecer la competencia, se reguló para evitar abusos y pactos secretos que perjudicaban el buen funcionamiento del mercado.

Desde entonces, fomentar la competencia se ha convertido en un objetivo prioritario de quienes buscan que el mercado funcione del modo más eficiente posible y con la mínima intervención del Estado. En Estados Unidos, las normas “anti-trust” condenan fulminantemente los pactos anti-competitivos para impedir que las empresas asuman un papel intervencionista que el Estado no ha querido para sí. En Europa las cosas son algo distintas, y se prima la búsqueda de una competencia efectiva más que la de una competencia perfecta. Esto explica que en Europa existan mayores restricciones a ciertas actividades (piensen en Uber, por ejemplo) o que la forma como se han valorado algunas iniciativas haya evolucionado en el tiempo (véase el caso de la distribución exclusiva de cosméticos en oficinas de farmacia, proscrita durante años hasta que la Comisión Europea se percató de que no suponía perjuicio alguno en un mercado muy dinámico que podía defenderse por sí mismo).

Cuando se trata de fomentar la competencia en el sector farmacéutico, altamente regulado, conviene no perder de vista esta perspectiva histórica y ser muy selectivo respecto de qué competencia se quiere fomentar. A mí me parece que se debe priorizar la competencia contra la enfermedad, y asegurarse que quienes se dedican a intentar ganar esas batallas, a llegar los primeros para ofrecer una solución a los pacientes, disponen de un marco más o menos estable cuando su producto esté disponible. En este ámbito, cuanto más claro sea el procedimiento de fijación de precio y condiciones de reembolso, mejor; todo ello sin perjuicio de que se generalicen los modelos de pagos por resultados, techos de gasto y similares, que también son un parámetro que mide la competitividad real de los productos. Tengo más dudas respecto de medidas que ponen el foco de forma cuasi exclusiva en la competencia en precio. No porque no deban existir, sino porque no creo que la administración sanitaria sea la más adecuada para diseñarlas e implementarlas. Lo sucedido en relación con las subastas o los precios de referencia ilustra que en el terreno de la competencia en precios hay que estar muy atentos a los efectos secundarios.