Investigación “Made in Spain”

Hace pocos días el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. De una primera lectura de esta propuesta, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, extraigo algunas reflexiones que creo oportuno destacar.

En primer lugar, según su propio texto indica, uno de los objetivos esenciales de esta reforma es fomentar la investigación científica y técnica como factor esencial para desarrollar la competitividad en beneficio del bienestar social, la salud y las condiciones de vida de las personas, mediante la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación. Ahí es nada. Para tratar de conseguir este fin la nueva norma se centra, principalmente, en quienes sin duda son la pieza clave del sistema: los investigadores e investigadoras. Así, se adopta una batería de medidas que buscan mejorar las precarias condiciones de trabajo de este colectivo, incluyendo expresamente al personal investigador sanitario que desarrolla su labor en centros que forman parte del Sistema Nacional de Salud, para lo que se aprovecha para modificar la Ley 14/2007, de investigación biomédica. Seguramente la actual pandemia ha contribuido, en buena medida, a hacernos ver la importancia de retener y atraer el talento investigador a España, algo básico para responder mejor frente a futuras crisis sanitarias.

Otro aspecto de la norma que me ha llamado la atención es el énfasis que pone en impulsar la colaboración público-privada y, en definitiva, promover la participación activa del sector privado y la sociedad civil en materia de investigación, desarrollo e innovación. Para ello, uno de los mecanismos que prevé es el de la transferencia de conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas privadas, que permita una aplicación de los resultados de la investigación (solicitudes de patentes, cesión de derechos de propiedad intelectual mediante licencias, generación de spin-offs, acuerdos de colaboración, …), ámbito en el que aún hay margen de mejora. Otro de los mecanismos en que incide la nueva norma es la llamada “compra pública de innovación”, para la adquisición de bienes o servicios que no existan actualmente en mercado como producto o servicio final, o bien la investigación de soluciones a futuras necesidades públicas, y que estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, resulta interesante ver cómo se amplían las posibilidades de participación de las administraciones públicas en el capital de sociedades mercantiles del sector privado, convirtiendo así al sector público en un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.

Nuestro país tiene un gran potencial investigador, especialmente en el ámbito farmacéutico y sanitario; un marco normativo como el que ahora se vislumbra, que impulse la iniciativa pública y privada, remando todos en la misma dirección, y que cuide el capital humano, ayudará a que ese potencial pueda convertirse en una realidad.