No tenemos remedio

Apenas ha transcurrido poco mas de un año desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que apostaba por impulsar la calidad en la contratación pública y volvemos a las andadas.

Me refiero al anuncio sobre las recomendaciones de la AIReF en gasto farmacéutico no hospitalario, de las que el Gobierno ha seleccionado cinco para incluirlas en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 remitido a Bruselas. Me centraré en una de ellas, concretamente la de generalizar un procedimiento de subasta a escala nacional para la selección de medicamentos. Han oído bien, “subasta”.

Para quienes no estén familiarizados con los procedimientos de contratación pública, me gustaría recordarles que hace años había dos grandes formas de adjudicación, por concurso o subasta, siendo la esencia de la subasta que el precio de la oferta era el único criterio para la adjudicación del contrato, un procedimiento al “mejor postor”.

En 2007, tras la entrada en vigor de la derogada LCSP, se sustituyeron los términos «concurso» y «subasta» por el concepto de «oferta económicamente más ventajosa», vinculado a los criterios que el órgano de contratación había de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores, ya fuera un único criterio o una multiplicidad de ellos.

La nueva LCSP apuesta por la calidad y sustituye el concepto «oferta económicamente más ventajosa» por el principio «mejor relación calidad-precio», en el que se basarán los criterios para adjudicar contratos públicos. La apuesta por la calidad ha sido el gran eslogan de la nueva LCSP. Desde distintos ámbitos de la sociedad se ha insistido en la oportunidad que nos brinda para reemplazar la tendencia a comprar barato por comprar calidad. Impulsar la calidad en la contratación pública es un compromiso con la sociedad y no son pocas las muestras que tenemos de instituciones civiles que reman para alcanzar ese objetivo. Recientemente he encontrado publicadas Guías que sugieren recomendaciones de calidad y excelencia para mejorar los procedimientos de contratación publica y priorizar la eficacia y calidad.

Pues bien, a pesar de que la inercia legislativa y social parecía encaminada a impulsar la calidad en la contratación, nos encontramos que el Ejecutivo pretende instaurar de manera generalizada un procedimiento de subasta nacional para la selección de medicamentos. Parece que regresamos a la compra de medicamentos al “mejor postor” con las negativas consecuencias que ello comporta para los pacientes. Reducir el gasto farmacéutico no se consigue comprando barato sino con políticas de uso racional.