Un poco de sentido común, por favor

Retorno a mis quehaceres tras el agradable parón veraniego, y no puedo evitar suspirar aliviado por el hecho de que no se haya producido ninguna sorpresa inesperada. Y es que nuestras administraciones públicas se han acostumbrado en los últimos tiempos a una forma de hacer las cosas que se da de bofetadas con el concepto de seguridad jurídica. Y, si me apuran, hasta con el sentido común. Me refiero, a esa moda de emprender actuaciones en cuestiones especialmente sensibles para el sector farmacéutico en plena canícula, sabiendo de la dificultad que supondrá para el administrado dar una respuesta eficaz en unas fechas en que parte del personal clave de las compañías se encuentra ausente.

No hablo solo de que se aprueben nuevas disposiciones en fechas tan inadecuadas, hasta el punto de que pareciera que se pretende restar capacidad de reacción en asuntos que afectan al sector muy de cerca. O a la sospechosa costumbre de convocar ciertos concursos públicos en el momento menos idóneo a la hora de garantizar una concurrencia libre y plural. Por desgracia, también empieza a ser habitual que se abran actuaciones en estas fechas incluso en asuntos tan extremadamente sensibles, en los que, de hecho, sería deseable que se extremaran las cautelas y las garantías a favor del administrado, como son las actuaciones de carácter sancionador. Cierto es que agosto no deja de ser hábil para los organismos dependientes de las administraciones públicas, salvo para los tribunales de justicia. Y también que estas fechas, debido a la relajación de la carga de trabajo durante el resto del año, son especialmente tentadoras para dar salida a asuntos todavía pendientes de despacho.

Pero coincidirán en que no estaría de más un poco más de sentido común en estos asuntos. ¿Qué se gana desencadenando un procedimiento administrativo sancionador en estas fechas? Si el asunto ha esperado meses en la mesa del responsable de turno, bien podrá esperar unas semanas más sin grave quebranto para los intereses generales. Salvo que exista el riesgo de que las actuaciones que se pretende sancionar puedan prescribir por el transcurso del tiempo, solo cabe explicar esta precipitación por una clamorosa ausencia de sensibilidad hacia el administrado, de cuya realidad y necesidades suelen desentenderse las administraciones con demasiada facilidad.

La recta y eficiente administración de los asuntos públicos exige de algo más que un mero respeto formal a los procedimientos y plazos legalmente previstos. Exige de una cercanía y un cierto grado de compresión hacia la realidad de los administrados. Especialmente hacia la de un sector en muchas ocasiones maltratado como es el farmacéutico. Las promesas de estabilidad y seguridad jurídica, que los distintos gobiernos vienen repitiendo año tras año, no tienen por qué limitarse a abandonar, de una vez por todas, el recurso constante a la improvisación y a los cambios continuos de las reglas del juego. Sería muy deseable que se acompañaran también de un cambio en la percepción del sector por parte delas administraciones, abandonando viejos clichés que conciben a la industria como un mero destinatario de las decisiones de arriba, y poniendo en valor su papel de socio estratégico e indispensable para la generación de riqueza y desarrollo en nuestro país. Implica, en definitiva, una mínima sensibilidad hacia su realidad, que no está en absoluto reñida con un estricto ejercicio de las potestades públicas de supervisión y control.