Competencia, contratación pública, y más facilidades para denunciar

La promoción de la competencia en la contratación pública se ha convertido en uno de los grandes focos de investigación de la CNMC. Entre 2015 y 2019, en torno al 50% del importe de las sanciones impuestas por la CNMC están relacionados con la desarticulación de cárteles en licitaciones públicas, según su Guía sobre los beneficios de la competencia para los consumidores Preguntas y respuestas de 2019. Además de haber ganado protagonismo, estas prácticas han ido ganando también sofisticación. Esta sofisticación no libra a las empresas de asumir su responsabilidad, sino más bien todo lo contrario, y muestra de ello es la resolución que hoy comentamos.

Sofisticación del cartel como agravante

La CNMC sancionó con un total de 61,28 millones de euros a 12 empresas por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración, desde 2014 a 2018, de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el antiguo Ministerio de Fomento. El funcionamiento del cártel se desarrolló a través de reuniones “para tomar café” en las sedes de algunas de las empresas y en lugares públicos donde las empresas establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones.

La particularidad de este caso es la sofisticación del mecanismo implantado por los infractores, mecanismo que la CNMC calificó como “extraordinariamente complejo”. Así, el cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones, puntos que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuanto mayor eran los descuentos, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada para cada grupo de contratos.

Ante esta sofisticación, teniendo en cuenta el alto grado de alteración del interés general, la CNMC aplicó a la infracción una circunstancia agravante.

Aumenta el riesgo de ser descubierto

El riesgo que asumen las empresas que participan en carteles es cada vez mayor. En este caso, la CNMC tuvo conocimiento del caso a raíz de varias denuncias anónimas, así como de información estratégica recibida por parte de una de las empresas partícipes, haciendo uso del programa de clemencia.

Existen cada vez más mecanismos de denuncia de este tipo de prácticas, y más sistemas de protección de los denunciantes. Recordemos que, el próximo 17 de diciembre, finaliza el plazo para que los estados miembros adapten su normativa interna a la Directiva 2019/1937/UE de Protección al Denunciante. El objetivo de la normativa es proteger a las personas que denuncian irregularidades en sus empresas. Es importante destacar que las personas protegidas no son sólo los empleados, sino muchos otros tales como quienes solicitan empleo, exempleados, mediadores, y periodistas.