La lucha por el derecho

La semana pasada se celebró el Curso de Derecho Farmacéutico que anualmente organiza magistralmente la Fundación del Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI).El interés por el acto, que congregó a más de 150 profesionales demuestra una vez más la importancia que tiene, para el sector, su entorno jurídico. Mi presentación esbozó algunos de los nuevos retos a los que se enfrenta el derecho administrativo, un derecho que en los últimos años ha sufrido una profunda transformación caracterizada, en particular, por ofrecer un apoyo legal más intenso a las garantías de los ciudadanos y las empresas frente a los privilegios de la administración. Así, por ejemplo, han merecido cobertura legal el principio de confianza legítima y de buena fe; se ha incrementado la presión sobre los funcionarios en el ámbito de la responsabilidad personal; y se han establecido obligaciones en materia de transparencia cuya asimilación no está resultando sencilla.

A pesar de estos avances, la confianza de las empresas en algunas de las administraciones públicas que intervienen en el mundo del medicamento parece estar bajo mínimos. En este sentido, son numerosas las quejas sobre inseguridad jurídica, sobre incumplimiento de plazos, sobre la falta de respeto a las normas en materia de competencia o sobre otros incumplimientos legales; sobre las dificultades para el ejercicio de derechos, incluso sobre el trato que dispensan algunos funcionarios públicos, muy alejado del respeto y cortesía que están legalmente obligados a dispensar a los administrados.

¿Dónde está la causa del descontento? Las leyes, el derecho, deben tener parte de culpa; pero me atrevo a decir que será una parte más bien reducida. Normalmente, las quejas no se centran en el contenido de la ley; sino en cómo se interpreta, cómo se aplica o cómo se elude. ¡No son pocas las veces que oímos que la ley puede decir lo que quiera, que luego la realidad es muy distinta! En esta situación, es imposible no plantearse si las administraciones y quienes las integran están preparadas para asumir los cambios; si no se trata, en definitiva, de un problema de recursos y personas.

Hablando de recursos, es obvio que el legislador que impulsa estas reformas debe dotar a las administraciones de los medios necesarios para su puesta en práctica. En cuanto a las personas, los funcionarios, podemos y debemos exigirles trato  respetuoso y cortés (la ley nos dice que tenemos derecho a ello), y también renovación. Para hacer frente a los nuevos retos hace falta una renovación de las personas, savia fresca de esa que aportan los más jóvenes, o un serio reciclaje intelectual de quienes fueron formados y han venido trabajando en un entorno muy distinto al actual.

Para acabar, en lo que respecta a las empresas, y frente a las oportunidades que ofrece actualmente el derecho administrativo, se puede pedir prudencia y rigor. La prudencia en el ejercicio de los derechos es condición necesaria para que la administración no responda con el hermetismo propio de los moluscos, y el rigor es imprescindible para seguir avanzando. Raquel Ballesteros, socia del despacho Bird & Bird, con quien tuve el placer de compartir mesa, lo expuso primorosamente recordando una cita de Ihering: el derecho es una lucha, y todos estamos moralmente obligados a combatir las injusticias para proteger no sólo nuestros intereses particulares, sino también al estado derecho.