Un gran sistema sanitario ¿no necesita juristas?

Asumamos que en España se disfruta de un gran sistema sanitario, avalado por un grado de satisfacción de los usuarios superior al 60 por ciento. Somos conscientes y además sabemos que la tendencia que muestra el Barómetro que publica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cada año es negativa, pero aun así la sanidad cuenta con un nivel de respaldo que ya querrían para sí otros servicios públicos de la administración. Hasta aquí, todo bien. Pese a todo, me parece incuestionable que uno de los puntos frágiles de nuestro sistema se localiza en el entorno del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de lo que representa, en el mundo del derecho.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la normativa que rige o debe regir el sistema de financiación y precio de los medicamentos. Actualmente, todas las disposiciones sobre esta materia se encuentran recogidas en la Ley 29/2006 pero también en la Directiva 89/105/CEE, en el Real Decreto 271/1990 (¡que tienen más de 15 años de vida!); y en normas de diverso rango que se han ido aprobando desde entonces, incluyendo reales decretos leyes, reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones…

No sé cuál ha sido la intervención de los juristas en la elaboración de estas normas, pero me temo que más bien ha sido escasa y en cualquier caso a instancia de parte; ya sea para defender prerrogativas administrativas, buscar áreas grises que permitan flexibilidad cuando sea conveniente; o directamente defender los intereses de algún colectivo.

La filtración y posterior publicación del Proyecto de Real Decreto por el que se pretende regular la financiación y precio de los medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica pública me lleva a pensar que la intervención de juristas independientes, que se preocupen en primer lugar por la calidad de la norma a aprobar, sigue siendo escasa.

Veremos si el texto mejora a lo largo de su tramitación, pero tengo esperanzas limitadas al respecto. Seguramente, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ahora tendrán que pretender que están molestos con la filtración (a pesar de que si estos textos se filtran por algo será), y es muy posible que quienes manejan la carpeta correspondiente, la cierren como si se tratase de un molusco y sean aún más reacios que de costumbre a aceptar sugerencias.

Pensando en todo ello llego a la conclusión de que posiblemente hay muchas personas que piensan que para disponer de un gran sistema sanitario no hacen falta juristas. Tal vez no les falte razón, pero sí les faltará legitimidad y visión.

Desde hace muchos años se sabe que la vara de mando y la concentración de poder en manos de unas pocas personas son una opción para gestionar situaciones complejas, equipos numerosos y presupuestos limitados; y que a veces los resultados que se obtienen son eficaces.

En el siglo XXI se viven unos tiempos en los que los niveles de participación ciudadana son muy altas y desde la sociedad se exigen unas demandas de transparencia insospechadas hace pocos años, por lo que esta forma de operar no tiene futuro. El contraste de puntos de vista, también desde la perspectiva jurídica, es más necesario que nunca, como lo es también la búsqueda de la calidad en los textos legales, única garantía de la seguridad jurídica.