Continúa la inseguridad jurídica

El pasado mes tuve el placer de participar en la mesa organizada por el periódico EG para debatir el futuro de las licitaciones de medicamentos emprendidas en Andalucía. La organización logró sentar a la mesa a una notable representación del sector, y se esperaba asimismo la participación de un alto representante del SAS que, finalmente, excusó su presencia. Fue una auténtica lástima, ya que el evento resultó un éxito y las intervenciones rayaron a un alto nivel. Y tampoco hubiera estado de más cierta sensibilidad hacia los agentes del sector que han cargado sobre sus ya maltrechas cuentas buena parte de los ajustes.

Ante las incertidumbres que se planteaban con la inminente expiración del convenio suscrito en el 2012, y a la vista de los antecedentes, los intervinientes coincidimos en que no sería de extrañar una nueva licitación pese a los indicadores que apuntan a una mejora de la economía. Sensación que se ha visto confirmada con la carta que el SAS ha dirigido al Cacof. Anuncia la prolongación de la vigencia del convenio hasta finales de año, so pretexto de lo que se califica de acontecimientos “imprevisibles y sobrevenidos” que habrían alterado sustancialmente el ahorro previsto. El SAS, obviamente, se refiere a la paralización del convenio debida a la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional, posteriormente levantada.

Choca que se califiquen de “imprevisibles” estos acontecimientos, cuando el Gobierno anunció que recurriría la aplicación del DL 3/2011. Advertencia que no hizo mella en la determinación de los responsables andaluces de poner en marcha el proceso, pese a los sólidos indicios de que atentaba contra el reparto de competencias, los derechos de los pacientes, y el propio derecho comunitario que no permite excluir unilateralmente medicamentos de la financiación. La iniciativa, por desgracia, siguió adelante. Y ahora se ve ampliada, agravando la situación de inseguridad jurídica en el mercado andaluz. Nada más eficaz para minar la confianza de potenciales inversores que transmitirles nuevamente el mensaje de que en nuestro país no se respetan las reglas del juego.