Seamos serios, por favor

En las últimas semanas venimos asistiendo estupefactos al penúltimo sainete protagonizado por nuestras autoridades en torno al siempre polémico copago farmacéutico.

El Gobierno que ya había anunciado en su día su intención de aplicar el sistema copago a los medicamentos que se dispensan de forma ambulatoria en los hospitales públicos, llevó finalmente esta medida a la práctica a través de la resolución de 10 de Septiembre de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Dicha resolución somete a cuarenta y dos de estos fármacos al régimen de aportación reducida, por lo que los pacientes ambulatorios deberán asumir un 10 por ciento del coste del fármaco, hasta un máximo de 4,20 Euros.

Pues bien, tan sólo habían transcurrido unas horas desde la publicación de la resolución en el BOE cuando ya se sucedían las primeras reacciones en contra por parte de diferentes Comunidades Autónomas, que anunciaban su intención de no aplicar la medida en su territorio. Presionado por los gobiernos autonómicos, que, como es habitual, no quieren aparecer ante su electorado como co-ejecutores de una medida impopular, el Ministerio decidió seguir el peor quizás de los caminos posibles. En vez de reafirmar su autoridad ante esta rebelión, o, por el contrario, retirar la medida hasta haber recabado un consenso más amplio, no se les ocurrió otra cosa que dejar en manos de las autonomías la decisión de aplicar o no el nuevo régimen de copago. La decisión no dejaba de ser sorprendente, desde luego, proviniendo de un departamento de la Administración del Estado cuya misión es velar por la igualdad en el acceso a los fármacos en el territorio nacional. Pero no acabó ahí la cosa. Unas semanas después, el Ministerio ha querido volver a su postura inicial, y en una tardía demostración de firmeza ha declarado en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial que el copago hospitalario será obligatorio en todas las Comunidades Autónomas, si bien no empezará a aplicarse hasta Enero del año próximo. Y, hasta entonces, quien sabe a qué nuevo cambio de criterio tendremos que asistir.

La política, dijo alguien, es el arte del compromiso. Pero estos bandazos y cambalaches están totalmente fuera de lugar cuando de lo que se trata es de preservar los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Las leyes están para cumplirse, y las decisiones de la administración central, cuando se adoptan en su ámbito de competencias y conforme al procedimiento establecido, son de obligado cumplimiento no sólo para los ciudadanos, sino también para las restantes administraciones públicas de nuestro país. Ni las Comunidades Autónomas son libres para decidir si las aplican o no, ni la Administración del Estado tiene potestades para dispensarlas graciosamente del imperio de la ley.

Me he referido en muchas ocasiones en esta columna a la seguridad jurídica  como una seña distintiva de las democracias avanzadas. Es mucho más que eso. De hecho es el elemento que garantiza a largo plazo la prosperidad de una nación. Por tanto, manténgase la medida o retírese en aras de una mayor reflexión y de un más amplio consenso. Pero dejen de jugar con asuntos tan delicados para los ciudadanos y para la imagen de nuestro país. Seamos serios, por favor.