Agencia Estatal de Salud Pública: mejorando la respuesta a los retos en materia de salud

En las últimas semanas la nueva normalidad postpandemia vuelve a ser aquella en la que no llevábamos mascarilla en el transporte público y las vacunas no estaban tan presentes en nuestras vidas. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto los retos y dificultades a los que se enfrenta el sistema para abordar situaciones de crisis, y también la necesidad de implementar un sistema de prevención y preparación frente a emergencias sanitarias.

Primero fue el impulso de medidas desde la Unión Europea – por ejemplo, mediante la creación de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias-. Ahora, la necesidad de crear un interlocutor único con la Unión y coordinar las competencias relacionadas con la preparación ante emergencias sanitarias y la monitorización en materia de salud pública se ha instalado en los Estados Miembros. Ello ha propiciado que ya se esté tramitando en el Congreso, mediante el procedimiento de urgencia, el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). No obstante, ya se preveía en la ley de salud pública de 2011 un organismo con este propósito.

El proyecto de ley define la agencia de nueva creación como de carácter técnico-científico. Habrá que estar a su desarrollo posterior para clarificar hasta dónde llegarán sus actividades de monitorización y control y si podrá imponer obligaciones directas de hacer o no hacer a la industria farmacéutica. También está por ver si será necesario redefinir competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones públicas del entorno de gestión de la salud.

De las partes donde el proyecto es más específico, extraemos dos pinceladas: la primera, la AESAP podrá solicitar datos a administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y también al sector privado, así como a personas físicas, y ello abre la puerta a que mejore el seguimiento y control del uso de medicamentos en la vida real; la segunda, la nueva agencia podrá suscribir -y financiarse- mediante contratos y convenios de colaboración, lo que abre nuevas posibilidades de colaboración para el sector privado.

Sin duda es una buena noticia que los Estados miembros, y particularmente España, definan mecanismos que aseguren una gestión eficiente de las crisis sanitarias. Pese a que debemos esperar para ver cómo se regula el detalle del funcionamiento de esta nueva agencia, lo cierto es que tiene el potencial para suponer una mejora clara del cuidado de la salud y seguridad de los ciudadanos.