El papel del derecho en el acceso

La semana pasada se celebró el XXX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, sin duda uno de los eventos más importantes del año en España en su ámbito. Desde aquí, nuestra sincera felicitación a Rafael de Lorenzo y su equipo por este 30 aniversario. Este año, hemos participado en el Congreso compartiendo mesa con Paula González de Castejón y Manuel Cervera en una sesión magníficamente preparada y moderada por Alfonso Gallego sobre la normativa aplicable a la financiación de terapias en España.

En esta sesión, hemos tenido la oportunidad de hablar de acceso, de cómo mejorarlo, y de la relevancia histórica del momento; con reformas normativas de calado tanto a nivel europeo como nacional. En los debates se han lanzado muchas ideas. Entre ellas, nos gustaría empezar por una especialmente relevante y que es el papel fundamental del derecho y de los profesionales del derecho en esta materia. Papel que, en nuestra opinión, debería concretarse tanto en el diseño y construcción del nuevo marco regulatorio como, sobretodo, en su aplicación. Muchos objetivos de distintos stakeholders (incluida la Administración) son compartidos por todos; y lo que se necesita son puentes e ideas innovadoras que, con rigor jurídico, permitan avanzar hacía estas metas compartidas. Los profesionales del derecho, creemos, pueden aportar mucho en ese terreno, y debemos esforzarnos en hacerlo con un tono constructivo, facilitando el encaje de estas ideas innovadoras en el marco jurídico aplicable y generando confianza.

En este contexto, destacamos el debate que hemos mantenido sobre la posibilidad de revisar los instrumentos jurídicos de finalización del procedimiento de inclusión de los productos en la prestación farmacéutica. Avanzar hacía un procedimiento de terminación convencional (y no mediante un acto administrativo unilateral) sería muy positivo. Sería lo más adecuado a la realidad de las dinámicas de las negociaciones y el contenido de las resoluciones más actuales (e.g. acuerdos riesgo compartido, programas soporte pacientes, financiación sujeta a protocolos, etc). Permitiría también reforzar el carácter confidencial de ciertos datos, y aseguraría también la posibilidad de pactar términos para que el contrato se pudiera adaptar al entorno en cambio constante.

Otros ámbitos en los que podría avanzarse incluyen la posibilidad de institucionalizar el diálogo temprano en materia de financiación y precio; apostar por un respeto escrupuloso de los plazos previstos en la Directiva de Transparencia; o huir del sistema “cost plus” previsto aún en la norma y avanzar hacía sistemas de fijación de precio basados en el valor social que aporta el fármaco…

Para acabar, nos gustaría cerrar con una reflexión sobre el impacto de las medidas y propuestas discutidas. Dichas medidas no se plantean desde la perspectiva de beneficiar a unos y perjudicar a otros; sino que tienen un verdadero enfoque win win para alcanzar objetivos compartidos. Empezar por estos cambios, tejer complicidades y buscar equilibrios es el único camino posible. El momento es histórico y la oportunidad es única; no la desaprovechemos.