A propósito del Plan de Acción para fomentar biosimilares y genéricos

Entre las competencias de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia se incluyen la dirección y desarrollo de la política farmacéutica del Ministerio y la de impulsar propuestas como el Plan de Acción aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial. Ejercitar estas competencias sometiendo un primer borrador a la consideración del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en abril, y abriendo ahora un periodo de un mes para que cualquiera pueda presentar alegaciones o comentarios es sin duda positivo. Ojalá muchas de las iniciativas que se han venido tomando en el ámbito de la política farmacéutica en los últimos años se hubieran canalizado a través de un estudio pluridisciplinar y con este grado de transparencia.

Seguro que comprenderán que esta columna no es el foro adecuado para explicar las ideas que me han surgido tras una primera revisión de estos documentos, pero sí me permito hacer tres reflexiones iniciales.

La primera es que recomiendo un análisis crítico de los datos que se han empleado para realizar el diagnóstico de la situación actual. Un ejemplo: el Plan dice que destaca que sólo el 48,62% de los genéricos autorizados llegan a comercializarse. Antes de pensar que este dato ilustra un bajo interés del mercado española para la industria de genéricos sería bueno contrastarlo con otros países. Es muy posible que el dato tenga más relación con las estrategias regulatorias de las empresas que desarrollan genéricos, que de forma legítima impulsan la competencia, que con una supuesta falta de interés en el mercado español.

La segunda es que es positivo que el Plan identifique cuáles de las materias sobre las que se propone incidir requieren una modificación de normas legales, lo cual me lleva a recomendar calma y finura. Tal y como dice el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de las normas es uno de los retos más importantes de nuestra época, y es “una exigencia que nace de una constatación clara: el mero hecho de aprobar una norma implica ya una decisión de suma relevancia”, que afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos y a los agentes sociales y económicos. Desde el Ministerio, que es quien finalmente impulsará en su caso las modificaciones legales pertinentes, debe apostarse para que las nuevas normas sean como los medicamentos: eficaces, seguras y de calidad.

Por último, desear que las alegaciones que se presenten también apuesten por la calidad contribuyendo a la mejora del documento; y que sean analizadas con el espíritu crítico con que deben afrontarse estos proyectos, pero sin partir de posiciones de desconfianza que suelen convertir cualquier diálogo en un puro formalismo sin mayor trascendencia.